El reclamo de las OSC durante el G20: del compromiso a la acción en politícas anticorrupción

Victoria Amato*

Construyendo consenso para un desarrollo equitativo y sostenible.” Así se tituló  la Declaración de Líderes del G20 consensuada durante la reunión del G20 que se realizó en Argentina. La agenda de la cumbre se centró en el futuro del trabajo, la infraestructura para el desarrollo y el futuro alimentario sostenible. Se trataron también asuntos relativos al desarrollo, la industria y el comercio mundial, se realizaron numerosas reuniones bilaterales y se firmaron importantes acuerdos comerciales entre países.  Hubo un tema, sin embargo, que apenas rozó la agenda oficial. La lucha contra el flagelo de la corrupción quedó para el anteúltimo párrafo del documento: “Mantenemos nuestro compromiso para prevenir y combatir la corrupción, y liderar con el ejemplo,”  manifestaron tibiamente los mandatarios de las principales naciones del mundo. El reclamo de la sociedad civil no fue escuchado en su totalidad y todo culminó con viejos compromisos no implementados y nuevas promesas anticorrupción.

Desarrollo sostenible, corrupción y derechos humanos

El G20 fue creado tras la crisis económica y financiera internacional del año 2008 con el fin de mitigar sus efectos e impulsar la cooperación y construcción de consensos sobre políticas públicas de desarrollo. Lo integran un total de 19 países más la Unión Europea. Alemania, Arabia Saudita, Argentina, Australia, Brasil, Canadá, China, Corea del Sur, Estados Unidos, Francia, India, Indonesia, Italia, Japón, México, Reino Unido, Rusia, Sudáfrica y Turquía. Se supone que lo consensuado en el G20 cumbre debe definir un rumbo a seguir en la definición e implementación de políticas públicas económicas y de infraestructura para el desarrollo sostenible en el mundo.

En el marco de la realización de este foro, asistimos a una escalada de casos de corrupción estatal y privada de grandes proporciones. Los casos dados a conocer sólo en América Latina en los últimos años son alarmantes y afectan gravemente la gobernabilidad en la región y el goce de derechos humanos básicos. En mayor o menor medida, la corrupción también ocurre en las grandes economías del planeta. Se trata de un problema mundial y que, por ende, requiere un abordaje mundial. La corrupción impide el desarrollo económico y erosiona los sistemas de administración de justicia, afectando el funcionamiento de las instituciones y el Estado de Derecho. El delito de la corrupción afecta además el ejercicio de derechos básicos. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos señaló recientemente que “la corrupción (…) compromete la capacidad de los gobiernos para cumplir con sus obligaciones de derechos sociales, incluidos salud, educación, agua, transporte o saneamiento, que resultan esenciales para la realización de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales (…)”[1]  Vale preguntarse, entonces si se pueden abordar de manera efectiva los desafíos para el desarrollo sostenible y equitativo cuando las principales naciones del mundo no priorizan esta problemática en sus agendas internacionales. Los países integrantes del G20 no vieron o no quisieron ver que esta reunión en Argentina representaba una oportunidad única para abordar en profundidad este flagelo y utilizar el foro como un espacio para coordinación de estrategias y políticas anticorrupción y, así, contribuir a impulsar una agenda de combate global contra la corrupción.

La sociedad civil en el G20

Al igual que en otros foros mundiales, existió en el G20 un espacio dedicado a la participación de la la sociedad civil que monitoreó todo el proceso. Estos fueron los siete grupos de afinidad conformados por representantes del sector privado, jóvenes, sindicatos, mujeres y emprendedoras, científicos y think tanks. Sobre la base de compromisos asumidos y prioridades definidas en cumbres pasadas, el principal objetivo de estos grupos fue incidir en la toma de decisiones de los líderes mundiales en asuntos de comercio internacional, cambio climático, planes anticorrupción, educación, empleo y salud, entre otros.

El C20 fue uno de los siete grupos, conformado por más de 600 OSC de todo el mundo. Durante la presidencia argentina del G20, estuvo presidido por la organización Poder Ciudadano y Transparencia Internacional. Las OSC elaboraron recomendaciones específicas sobre sus áreas de trabajo, las cuales no son de cumplimiento obligatorio, pero apuntan a que sean utilizadas como insumos para el tratamiento de agendas futuras. Estos procesos de participación existen para monitorear la definición de políticas públicas y garantizar que se representen no sólo los intereses del sector privado o de los gobiernos, sino que también sean atendidas las demandas y propuestas de la sociedad civil especializada.

A su llegada a una Buenos Aires blindada y con despliegues de seguridad nunca antes vistos, los mandatarios mundiales se toparon con la campaña “#G20TakeAction: Implemente sus compromisos anticorrupción” realizada por Poder Ciudadano y Transparencia Internacional en su reclamo porque los países del G20 lleven a la acción compromisos asumidos de lucha contra la corrupción durante cumbres pasadas. La campaña empapeló las principales avenidas de la ciudad por donde pasaron las comitivas presidenciales en su camino a la sede  del G20. La campaña exigió el cumplimiento efectivo del plan de acción anticorrupción formulado en cumbres pasadas, pero apenas parcialmente implementado. Solicitaron que no se firmen nuevos documentos sin antes cumplir compromisos pendientes, como por ejemplo, la publicación de las declaraciones juradas de funcionarios públicos, mayor transparencia en los procesos de compras y contrataciones públicas y la identificación precisa de los verdaderos propietarios de empresas contratadas por el Estado. El monitoreo de las OSC documentó que la mayoría de los países del G20 no han cumplido compromisos pasados y continúan haciendo la vista gorda al avance de la corrupción en el mundo.

En lo que a participación se refiere, las OSC le reclamaron a los líderes del G20 mayor compromiso y mejores condiciones para la labor de la sociedad civil por medio del fortalecimiento de los mecanismos de participación en foros internacionales y multilaterales de manera tal de hacerlos más efectivos y garantizar que la toma de decisiones sea más transparente y abierta.

En conclusión, un nuevo foro internacional de gobiernos que culmina con declaraciones grandilocuentes pero en donde escasea la voluntad política de asumir que el flagelo de la corrupción representa un obstáculo para el desarrollo equitativo, sostenible y el bienestar de las personas. La próxima reunión del G20 tendrá lugar en Japón en junio del año próximo. ¿Poco tiempo para pensar nuevas estrategias que incidan exitosamente sobre las futuras prioridades del planeta?

Como señala el periodista Hugo Alconada Mon en el epílogo de su libro sobre el sistema de corrupción e impunidad en Argentina, “La Raíz de Todos Los Males”, “sólo la presión social cambiará el sistema (…) implica involucrarse, exigir respuestas, pedir información, tomar a los funcionarios como servidores públicos que deben rendir cuentas de sus acciones y gastos.”[2] La presión social es “la clave” para terminar con la corrupción, dice el autor en su libro. La historia del mundo está repleta de ejemplos de demandas sociales ganadas en gran parte gracias al clamor de la gente. Quizás esté llegando la hora de ingeniar nuevas estrategias de incidencia de combate a la corrupción que combinen de manera novedosa el cabildeo de las OSC con la presión social de los ciudadanos.

*Comunicadora especialista en derechos humanos (vea su LinkedIn aquí)

[1] https://www.oas.org/es/cidh/decisiones/pdf/Resolucion-1-18-es.pdf

[2] Alconada Mon, Hugo: La Raíz de todos los Males, Cómo el poder montó un sistema para la corrupción y la impunidad en la Argentina, Planeta, 2018.

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Este es un espacio de la Fundación para el Debido Proceso (DPLF, por sus siglas en inglés) en el que también colaboran las personas y organizaciones comprometidas con la vigencia de los derechos humanos en el continente americano. Aquí encontrará información y análisis sobre los principales debates y sucesos relacionados con la promoción del Estado de Derecho, los derechos humanos, la independencia judicial y el fortalecimiento de la democracia en América Latina. Este blog refleja las opiniones personales de los autores en sus capacidades individuales. Las publicaciones no representan necesariamente a las posiciones institucionales de DPLF o los integrantes de su junta directiva. / This blog is managed by the Due Process of Law Foundation (DPLF) and contains content written by people and organizations that are committed to the protection of human rights in Latin America. This space provides information and analysis on current debates and events regarding the rule of law, human rights, judicial independence, and the strengthening of democracy in the region. The blog reflects the personal views of the individual authors, in their individual capacities. Blog posts do not necessarily represent the institutional positions of DPLF or its board.

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