Katharine Valencia

Oficial de Programa en DPLF

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Un ambicioso proyecto de reforma constitucional convocado por el Gobierno de Guatemala ha estado llevándose a cabo en los últimos meses. Conocido como el “Diálogo Nacional: Hacia la reforma de la Justicia en Guatemala,” este proyecto ha sido liderado por una Secretaría Técnica compuesta por el Ministerio Público, la Procuraduría de Derechos Humanos y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG, de acuerdo a su mandato de proponer reformas legales). Estas entidades han trabajado conjuntamente para proponer una serie de reformas constitucionales, enfocándose en una temática relativamente acotada que incluye la independencia judicial, la asistencia legal y los sistemas de justicia indígenas, entre otros.

Las reformas propuestas intentan atacar los problemas más evidentes de la justicia guatemalteca en los últimos años. Por ejemplo, las propuestas sobre independencia judicial se concentran en los procesos de selección de la Corte de Constitucionalidad y de la Corte Suprema de Justicia que, en el caso de Guatemala, y a pesar de la incorporación de mecanismos formales de participación ciudadana, no han seguido los estándares internacionales en torno al mérito, la transparencia y la objetividad, debilitando así la confianza de los ciudadanos en las cortes mismas. (DPLF ha informado extensivamente sobre estos procesos de selección en los últimos años y ha abogado por su mejora).

Otra de las reformas constitucionales propuestas busca reconocer el “pluralismo jurídico,” es decir, la complementariedad y validación de los sistemas de justicia de las comunidades indígenas ante el sistema “ordinario” de justicia guatemalteco. La falta de reconocimiento oficial del pluralismo jurídico coloca a Guatemala a destiempo -en tanto que país con una población mayoritariamente indígena- y en la retaguardia en comparación con otros países de la región, incluyendo Colombia, Bolivia y Perú. El texto de la reforma corregiría esta situación (y también aseguraría que los procedimientos bajo la ley indígena deban cumplir con estándares internacionales y constitucionales para ser considerados como válidos).

Tras la publicación de las reformas propuestas, se llevó a cabo a lo largo del país y durante varios meses un proceso de consulta pública sin precedente. De acuerdo a los informes que existen sobre el tema, estas consultas fueron constructivas y hubo diálogos respetuosos entre grupos diversos con puntos de vista divergentes. A pesar de que las sesiones fueron tensas por momentos, el consenso general es que fue un ejercicio positivo para la sociedad civil guatemalteca.

Por otro lado, las personas e instituciones interesadas también fueron invitadas a presentar por escrito sus comentarios a las reformas propuestas. En nuestros comentarios formales, DPLF se enfocó en los procesos de selección de miembros de altas cortes. En general apoyamos las reformas propuestas, y manifestamos nuestro acuerdo con que los procesos de selección para la Corte Suprema deben ser simplificados a través de la eliminación de ciertas entidades seleccionadoras (desafortunadamente, las llamadas “Comisiones de Postulación,” que provienen de reformas legales anteriores, se convirtieron en entidades corruptas y tuvieron consecuencias no previstas). DPLF enfatizó que debe haber un proceso transparente y basado en el mérito para elegir los jueces de la Corte de Constitucionalidad, y que la falta de dicho proceso es una gran debilidad de la Constitución actual. También enfatizamos la necesidad de contar con un perfil claro y detallado que establezca las cualidades y calificaciones que se esperan de los jueces (para mayor información sobre nuestras críticas al proceso de selección de la Corte de Constitucionalidad, ver nuestro reporte reciente). A la vez, sugerimos que las reformas apoyen más visiblemente la paridad de género y la representación pluralista en la judicatura.

A medida que las diversas reformas propuestas se fueron discutieron en detalle, se alcanzaron algunos puntos de consenso -incluyendo que, efectivamente, se requieren cambios en los procesos de selección de altas cortes para fortalecer la independencia judicial en Guatemala. La Secretaría Técnica del Diálogo Nacional reportó que las mesas de trabajo de la sociedad civil en general respaldaron lo siguiente: la eliminación de las Comisiones de Postulación en los procesos de selección, reforzando a la vez el papel de un Consejo de la Carrera Judicial independiente; el incremento del número de jueces de la Corte de Constitucionalidad (en la actualidad 5; mientras el texto de las propuestas sugiere incrementar este número a 9); y la consideración del género y la diversidad étnica en la composición de la judicatura.

La cuestión del pluralismo jurídico fue un punto importante de discusión, pero no se llegó a un consenso. Muchos grupos indígenas y sus aliados participaron en las consultas y abogaron por su reconocimiento; no obstante, hubo un fuerte contingente opuesto a la reforma propuesta sobre este tema, que incluyó a representantes del sector empresarial. Manifestaron preocupaciones acerca de si el pluralismo jurídico equivaldría a la aplicación desigual de la ley. Sin embargo, un factor que no puede ser ignorado en este debate es el contexto del conflicto social en torno a los megaproyectos (como la minería) que a menudo se llevan a cabo en tierras reclamadas por pueblos indígenas, pero sin su consentimiento libre, previo e informado, como lo exige el derecho internacional. Por tanto, es lamentable, pero no es de extrañar, que las empresas con operaciones actuales o potenciales en áreas ocupadas o reclamadas por comunidades indígenas se opongan al fortalecimiento de sus derechos.

Una de las tareas más delicadas de la Secretaría Técnica es, pues, cómo formular su propuesta definitiva en relación con el pluralismo judicial. Con base en las consultas públicas, debe revisar su primer paquete de reformas y enviarle un proyecto al Congreso para su consideración. Si el Congreso puede entonces ponerse de acuerdo sobre las reformas (algo que parece poco probable), recaerá entonces en el pueblo de Guatemala el ratificar las reformas a través de un plebiscito (esta no sería la primera vez que se le pida a los guatemaltecos votar a favor o en contra de reformas constitucionales; en 1999 una serie de reformas relacionadas principalmente con los Acuerdos de Paz de 1996 fueron sometidos a votación pública y la gente votó «No«, aunque debe mencionarse que la participación electoral fue extremadamente baja).

El proceso del Diálogo Nacional tiene una probabilidad real de mejorar el sistema judicial de Guatemala, incluyendo a grupos históricamente marginados, como los pueblos indígenas. Sin embargo, será necesario que la sociedad civil guatemalteca e internacional lleve a cabo campañas de promoción e información para asegurar que las reformas propuestas no se estanquen en el Congreso y, posteriormente, que se construya un amplio apoyo popular para la adopción de dichas reformas.