Actitudes hacia la paz, nuevo consenso y la Habana

Carlos Martín Beristain

Médico y doctor en psicología, trabaja con víctimas de la guerra en Colombia desde hace 22 años y ha sido asesor de varias comisiones de la verdad y miembro del Grupo de Expertos nombrado por la CIDH para el caso de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa.

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Foto: El Tiempo

En el difícil momento que vive Colombia, estas son algunas de mis reflexiones sobre el proceso de paz y las medidas que podrían ayudar al desbloqueo de la situación. Las reflexiones están hechas desde mi experiencia de trabajo en Colombia con víctimas de la guerra, por parte de diferentes actores armados, desde hace 22 años, tanto con la Iglesia católica, organizaciones de derechos humanos y grupos de víctimas o Naciones Unidas. También en varias comisiones de la verdad y de procesos de paz en América Latina, desde la perspectiva de las políticas de verdad justicia y reparación, la reconstrucción del tejido social y sobre el fenómeno de la polarización social en diferentes países, incluyendo el País Vasco.

Violencia, polarización y proceso de paz en Colombia

En los últimos años en Colombia se ha dado un impacto de la violencia cada vez mayor en el tejido social, un cansancio y distanciamiento social sobre dicha problemática, en medio del debate sobre la atención a las víctimas, la paz y un aumento de la polarización social. Mientras las negociaciones de paz avanzaban en La Habana, una buena parte de la sociedad veía el proceso con escepticismo, mostrando una falta de información y una distancia psicológica respecto el proceso. Ese terreno ha sido propicio para que las percepciones de cambios que se daban en la Habana, no se transmitieran a la sociedad, y el cambio del paradigma de la guerra por un proceso de paz no se fuera integrando en la sociedad.

Además, hay que considerar que la guerra en Colombia afecta en la última década especialmente a zonas rurales, y para muchos sectores la violencia se ve como un problema periférico y, en la práctica, se vive a espaldas de la guerra sin mayor incidencia en la vida personal o social. En ese contexto, esos grupos de población no ven el beneficio de la paz, que se ve restringido a los lugares donde la gente ha sufrido más y ve cerca el cambio en sus vidas. No hay en Colombia una visión compartida por estos diferentes sectores respecto el beneficio global de la paz, y menos aún un esquema compartido de las concesiones realizadas por ambas partes para ello.

Sin una representación más cercana a la realidad, la capacidad de transformar esas visiones o aumentar el consenso sobre los mínimos de ellas es muy limitado. Tras el resultado en el reciente Plebiscito se plantea un bloqueo de la situación. Frente a un No por la mínima, se trata de un empate de posiciones frente al compromiso presidencial de plantear su aprobación por el pueblo colombiano. Una exigua mayoría por muy escaso margen del No frente al Si, no puede esconder una realidad más amplia: a) una gran mayoría de la población colombiana no ha votado, b) un empate en la práctica en número de votos, frente a las dificultades de votar en ciertas regiones favorables al sí (por un fuerte impacto climático), c) una división en la práctica en regiones mayoritarias al Si o al No en función del grado de afectación de la guerra, d) la imposibilidad de llevar delante el proceso sin generar un mayor consenso.

Aceptando la base para la paz

El proceso que llevó al actual acuerdo fue acompañado por diferentes actores nacionales e internacionales, siendo señalado como un proceso novedoso, la primera vez que un proceso de paz se ha dado la participación de las víctimas y numerosos mecanismos de consulta con diferentes sectores sociales, y no solo un del gobierno y las FARC. Se trata de un conflicto de más de 50 años que se exige transformaciones, en el que necesita despolitizar las visiones sobre la paz de las agendas de las diferentes posiciones políticas.

La guerra también ha tenido un impacto en las mentalidades de justificación de la violencia, la invisibilización del horror, o el desprecio por el sufrimiento de las víctimas, mostrando el deterioro del conflicto armado y de un sentido de humanidad compartido. Superar estas fracturas sociales es parte del proceso de reconstrucción. Sin empatía por el dolor y el sufrimiento, no hay reconocimiento del otro ni proceso que se sostenga, tampoco cohesión social impulse la reconstrucción de la convivencia.

Cualquier cambio en la situación actual debería estar ligado a algunas premisas o reglas básicas:

1)    reconocer el proceso de la Habana como legítimo y cuyos resultados de acuerdo son la base para cualquier proceso. Reconocer los avances y logros como primer punto para la discusión de discrepancias.

2)    la alternativa de retorno a la guerra debería ser rechazada por todos. El objetivo de la paz debería considerarse central de cualquier discusión, no solo como un objetivo a medio o largo plazo, sino como un hecho histórico que debe ser protegido en la actualidad.

3)    cualquier cambio que pueda someterse a una nueva negociación, con el objetivo de ampliar el consenso, debe estar abierto a cambios propuestos por “las tres partes”: el Estado y quienes representan al No, y las FARC. No puede realizarse sobre la premisa únicamente de cambios para quienes están por el No.

4)    Las alternativas que se planteen deben generar mayor consenso, no menor del existente.

5)    Se requiere un cambio del lenguaje favorable a la paz, evitando los términos y conceptos relativos a la imposición, la violencia o la guerra y este cambio debe ser asumido por todas las partes.

6)    Las discusiones deben llevarse al contenido y no al eslogan político, y deben realizarse esfuerzos por proteger la discusión antes de generar un debate público sobre cada uno de los pasos o propuestas.

7)    Los argumentos señalados en la campaña por el No o el Si deben ajustarse a la realidad de los acuerdos y no a la manipulación de los mismos.

8)    La representación de lo que las partes han cedido, por las dos partes, deben plantearse claramente, incluyendo las cesiones para el aparato del Estado, para los expresidentes y no solo las FARC. La discusión sobre la justicia debe plantearse respecto todas las partes en cada comunicación pública y no solo respecto a una parte.

9)    Se trata de seleccionar interlocutores que tengan capacidad de negociación dentro de sus propios grupos de referencia y muestren cuales son los elementos que están dispuestos a cambiar. Mostrar la evolución de los conceptos en las dos partes hasta ahora que han negociado, y admitir que se necesita un cambio de posición de todas las partes.

10) Las partes se deberían comprometer a hacer un proceso de comunicación conjunto que evite los pánicos morales, y proponga mecanismos de verificación eficaces con las garantías necesarias para las tres partes.  Incluyendo la aprobación y seguridad de los acuerdos que deben estar abiertos al proceso con el ELN.

El momento histórico que vive Colombia necesita respuestas de consenso a la altura de los desafíos. Más aún en este momento que probablemente se alargue unos meses. Frente al tiempo pasado y presente, se juega el tiempo de las nuevas generaciones. La responsabilidad, la sensibilidad y la capacidad de llegar a acuerdos entre diferentes son las bases para ejercer una esperanza compartida fuera y dentro de Colombia.

Acerca de Justicia en las Américas

Este es un espacio de la Fundación para el Debido Proceso (DPLF, por sus siglas en inglés) en el que también colaboran las personas y organizaciones comprometidas con la vigencia de los derechos humanos en el continente americano. Aquí encontrará información y análisis sobre los principales debates y sucesos relacionados con la promoción del Estado de Derecho, los derechos humanos, la independencia judicial y el fortalecimiento de la democracia en América Latina. Este blog refleja las opiniones personales de los autores en sus capacidades individuales. Las publicaciones no representan necesariamente a las posiciones institucionales de DPLF o los integrantes de su junta directiva. / This blog is managed by the Due Process of Law Foundation (DPLF) and contains content written by people and organizations that are committed to the protection of human rights in Latin America. This space provides information and analysis on current debates and events regarding the rule of law, human rights, judicial independence, and the strengthening of democracy in the region. The blog reflects the personal views of the individual authors, in their individual capacities. Blog posts do not necessarily represent the institutional positions of DPLF or its board.

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