580 razones contra la impunidad por la muerte de Jorge Antonio Parral Rabadán en México

Por: David Lovatón

Profesor principal PUCP

Consultor DPLF

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Foto: Octavio Gómez / Proceso

Jorge Antonio Parral Rabadán era un joven profesional de 38 años de edad, que trabajaba en la empresa pública CAPUFE (Caminos y puentes federales), a la cual había logrado ingresar luego de un concurso en el que quedó en primer lugar por delante de 130 postulantes. Le tocó servir como administrador de un puente fronterizo con los Estados Unidos de Norteamérica, en el Estado de Tamaulipas. Nunca recibió una sanción disciplinaria y todo indicaba que tendría un futuro profesional promisorio.

Sin embargo, en la mañana del sábado 24 de abril del 2010, un grupo armado del narcotráfico irrumpió violentamente en las oficinas de dicho puente fronterizo y luego de amenazar al personal, secuestraron y se llevaron a la fuerza a Jorge Parral y a otro funcionario del servicio de aduanas.

Todo parece indicar que fue secuestrado porque se habría filtrado información al grupo de narcotraficantes que Parral Rabadán había solicitado –en días previos- la presencia de patrullas militares, precisamente, porque ya había habido enfrentamientos violentos entre grupos armados muy cerca del puente fronterizo. Aunque CAPUFE no avisó a la familia de la privación ilegal de la libertad de su empleado, ésta se movilizó de inmediato ya que todos los días Jorge solía platicar por teléfono con su madre. Ese día no lo hizo porque al llamarle ya no contestó su teléfono.

Sus padres y hermana lo buscaron desesperadamente a lo largo de diez meses sin recibir la debida colaboración de las autoridades. El 26 de febrero de 2011 les fue entregado el cuerpo sin vida de Jorge, luego que lograran descubrir que había sido ejecutado extrajudicialmente el 26 de abril del 2010 (dos días después de que fue desaparecido) en el rancho “El Puerto” (Estado de Nuevo León) en el contexto de un operativo militar.

En un primer momento, las autoridades mexicanas presentaron a Jorge Antonio como un supuesto sicario que había muerto en este enfrentamiento armado y durante diez meses dichas autoridades y el ejército mexicano ocultaron su cadáver enterrándolo como un NN (No Nombre) en una fosa común, a pesar que al momento de ser ejecutado se encontró en el lugar su fotocheck de CAPUFE (su identificación personal) y su camioneta.

Gracias a la incansable búsqueda de la familia, se logró aclarar que el cadáver de ese supuesto narcotraficante NN era, en verdad, el de Jorge Antonio Parral. Posteriormente y, nuevamente, gracias a inagotable cruzada que inició la familia, se fue descubriendo –en base a pericias criminalísticas y balísticas independientes- que al momento de ser victimado, Jorge estaba inmovilizado y tirado en el suelo y que infructuosamente intentó protegerse con movimientos reflejos.

También se descubrió que las balas asesinas habían sido disparadas a muy corta distancia por una persona de pie junto al cuerpo de Jorge. Finalmente, también se ha logrado identificar no sólo el fusil del que fueron disparadas las balas, sino también al efectivo militar que tiene a su cargo dicha arma.

Como comentó un experimentado abogado defensor de derechos humanos mexicano en relación a este caso, en México con la mitad de esas pruebas ya habrían condenado judicialmente otros casos de homicidio. Este comentario es válido también para muchos sistemas penales nacionales de América Latina.

Sin embargo, pese a todas estas evidencias probatorias que la familia logró recabar durante todos estos años, a la fecha el caso ni siquiera ha sido judicializado, esto es, ni siquiera se ha iniciado un proceso judicial. Hasta ahora los pocos avances sólo se han dado a nivel de la Procuraduría (Ministerio público).

La última decisión judicial que rechazó la “orden de aprehensión” en contra del efectivo militar que tiene a su cargo el arma homicida –hecho que lo convierte en el principal sospechoso de este crimen-, el Juez llegó a afirmar –increíblemente- que la probable responsabilidad de dicho efectivo militar “no estaba suficientemente acreditada” puesto que su nombre no aparecía en las listas que enumeraban a los efectivos que participaron en el operativo del Rancho “El Puerto”.

Indudablemente este es un caso muy revelador de la inaceptable impunidad de las miles de graves violaciones de derechos humanos que se han perpetrado y se siguen perpetrando en los últimos años en México. No sólo porque a pesar de las evidencias probatorias ni siquiera se ha abierto un proceso judicial contra los presuntos responsables, sino además porque las incansables gestiones de los familiares no han logrado romper el círculo de impunidad que aún rodea este caso.

El 24 y 26 de abril del 2010 no sólo le arrebataron la vida, la libertad, el futuro y la felicidad a Jorge Antonio; también les cambió trágicamente la vida a sus familiares. La desaparición y posterior ejecución de su hijo y hermano empujó a la familia Parral Rabadán, a realizar –con gran sacrificio material y psicológico- hasta 580 gestiones ante infinidad de autoridades mexicanas, que incluyen al ex Presidente Felipe Calderón y al actual Presidente Peña Nieto. Estas reuniones, comparecencias, solicitudes, comunicaciones electrónicas, denuncias, llamadas, entrega de pruebas, audiencias, amparos, reconocimientos, recursos y escritos están debidamente documentados con fechas y autoridades ante las cuales se realizaron o presentaron.

Si bien han sido recibidos y escuchados por las autoridades mexicanas, hasta ahora ello ha sido absolutamente insuficiente y no ha roto la impunidad de este caso. Insistimos, la familia Parral Rabadán ha realizado 580 gestiones para encontrar justicia y reparación por la absurda muerte de Jorge Antonio. ¿Cuántos cientos de gestiones más tienen que realizar hasta que la justicia mexicana decida iniciar un proceso judicial contra los presuntos responsables?

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