¿Qué pasó en Ginebra?

Reflexiones sobre la primera sesión del Grupo de Trabajo intergubernamental de composición abierta sobre las empresas transnacionales y otras empresas con respecto a los derechos humanos

Autora: Katharine Valencia*

English version here: What happened in Geneva

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En el 2011, después de varios años de estudio y consultas, el profesor John Ruggie presentó a la comunidad internacional “los Principios Rectores sobre las empresas y los derechos humanos”. Estos principios son esencialmente una compilación del derecho internacional vigente que conceptualiza las obligaciones de derechos humanos de las empresas en: 1) el deber de los Estados de proteger los derechos humanos; 2) la responsabilidad de las empresas de respetar los derechos humanos; 3) el deber de los Estados de garantizar acceso a mecanismos de reparación ante violaciones de derechos humanos relacionadas con actividades empresariales. El Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas adoptó los Principios Rectores y estableció un Grupo de Trabajo conformado por cinco expertos independientes cuyo mandato consiste en monitorear y promover la implementación de los mismos.

Muchas empresas han avanzado en la adopción de políticas de derechos humanos, en el fortalecimiento de políticas de debida diligencia y en otros aspectos de la aplicación de los Principios Rectores.[1] Sin embargo, los que creen que la implementación de los Principios Rectores ha sido demasiado lenta han argumentado que es necesario desarrollar un mecanismo legal más sólido para exigir que las empresas respeten los derechos humanos y que haya reparaciones en caso de violaciones.

El año pasado en el Consejo de Derechos Humanos hubo un debate intenso sobre los próximos pasos en el campo de empresas y derechos humanos. Las delegaciones de Ecuador y Sudáfrica dirigieron una iniciativa para crear un instrumento internacional, jurídicamente vinculante, que prevenga violaciones de derechos humanos por parte de las empresas. Por otro lado, Estados Unidos y la Unión Europea, entre otros, se opusieron a esta iniciativa argumentando inter alia que este esfuerzo “competiría” con los Principios Rectores debilitando su implementación. Finalmente, en junio de 2014 el Consejo aprobó por mayoría simple la resolución 26/9 que crea un grupo de trabajo intergubernamental de composición abierta para la “elaboración de un instrumento internacional jurídicamente vinculante sobre las empresas transnacionales y otras empresas con respecto a los derechos humanos.”[2]

DPLF estuvo presente durante el primer período de sesiones de este grupo de trabajo intergubernamental (IGWG, por sus siglas en inglés), que se llevó a cabo entre el 6-10 de julio de 2015 en Naciones Unidas, Ginebra. El objetivo de esta reunión fue discutir los temas que trataría un potencial tratado de una manera amplia, con intervenciones orales y escritos de Estados y de la sociedad civil (sin empezar todavía a redactar el texto mismo del tratado).

La primera sesión del IGWG se enfocó en la relación entre los Principios Rectores y el eventual instrumento vinculante, así como en su posible alcance. Hubo un consenso general de que los Principios Rectores deben seguir siendo un referente jurídico importante y que los Estados deben continuar implementándolos. En el primer día se aprobó una propuesta del representante de la Unión Europea (UE) para incorporar un panel a la agenda específicamente sobre la implementación de los Principios Rectores. Más polémico fue el tema del alcance del posible tratado. La UE, enfatizando que habló en representación de otra delegación u entidad cuyo nombre no fue revelado, propuso que el posible tratado sea aplicable a “todas” las empresas. No obstante la mayoría de los Estados presentes, incluyendo Cuba, Ecuador y Bolivia, argumentaron que sería contrario al mandato del IGWG incorporar esta sugerencia, considerando la polémica nota de pie de página de la resolución 26/9 que parece limitar el alcance de la discusión a las empresas transnacionales.[3] Aunque la propuesta de la UE es consistente con la postura de muchas organizaciones no gubernamentales, algunos sectores de la sociedad civil argumentaron que el verdadero propósito de la referida propuesta era hacer fracasar las negociaciones.

Aun después de que se resolviera formalmente la propuesta de la UE, el alcance del potencial tratado seguió siendo debatido durante toda la reunión del IGWG. Se mantuvo el desacuerdo sobre si el tratado debe abracar más que sólo las empresas transnacionales e incluir también a las empresas estatales y locales. Algunos actores de la sociedad civil instaron al IGWG a incluir todas las empresas, para que las víctimas de abusos cometidos por cualquier tipo de entidad empresarial puedan recurrir a un mecanismo de reparación. Un panelista, el Profesor Chip Pitts, destacó que las empresas transnacionales suelen constituir filiales y estructurar sus operaciones para evitar la responsabilidad legal, y si el tratado se aplicase sólo a empresas transnacionales en vez de a todas, sería fácil para éstas limitar su responsabilidad. Sin embargo, la mayoría de las intervenciones de los Estados fueron a favor de centrar el tratado sólo en las empresas transnacionales, argumentando que su naturaleza a menudo les permite evadir la jurisdicción de los tribunales nacionales.

En contraste al debate sobre el tipo de empresas que deberían ser comprendidas por el tratado, hubo un consenso general sobre las cuestiones de derechos humanos que éste debería contener. Tanto actores de la sociedad civil como representantes estatales estuvieron de acuerdo en que el tratado debe abarcar todos los derechos humanos, incluidos los económicos, sociales y culturales, y no únicamente las graves violaciones de derechos humanos o crímenes de lesa humanidad.

DPLF tuvo la oportunidad de intervenir abordando el tema de las obligaciones extraterritoriales de los Estados en el ámbito de las violaciones cometidas por empresas. El 8 de julio, durante la sesión titulada Obligaciones de los Estados para garantizar el respeto de los derechos humanos por las empresas transnacionales y otras empresas de negocios, incluyendo sus obligaciones extraterritoriales, presentamos las conclusiones de nuestro informe sobre el impacto de la minería canadiense en América Latina. DPLF destacó que las condiciones y políticas de los Estados de origen que favorecen el impacto negativo en los derechos humanos persistirán si la comunidad internacional se mantiene estática con relación a la regulación específica de las obligaciones extraterritoriales. En este sentido, instamos al IGWG a fortalecer los estándares internacionales ya desarrollados por varios relatores temáticos y comités de la ONU con respecto a estas responsabilidades de los Estados en el contexto de empresas y derechos humanos.

Hacia el final de la semana hubo un debate sobre el estándar apropiado del potencial tratado en cuanto a la responsabilidad legal corporativa. La discusión se centró en si se debe aplicar las obligaciones del tratado directamente a las empresas (y no sólo a través de los Estados), en cómo hacer rendir cuentas a las empresas y en cuál estándar de prueba usar.   Los panelistas presentaron la variedad de opciones disponibles a los redactores del tratado, incluyendo la imposición de responsabilidad penal, civil, y/o administrativa por las violaciones de derechos humanos cometidas por empresas. Asimismo, discutieron si el tratado debe imponer responsabilidad a las personas naturales y/o jurídicas. Se plantearon como ejemplos para abordar estos temas tanto tratados sobre asuntos laborales y de derechos humanos, así como legislación nacional atingente de ciertos países.

Esta primera sesión del IGWG sobre empresas y derechos humanos cerró con la presentación y adopción del informe de la Presidenta-Relatora y Embajadora de Ecuador, María Fernanda Espinosa Garcés. El informe resume las actas de la semana, y los Estados y organizaciones de la sociedad civil podrán presentar comentarios sobre éste hasta el 24 de julio de 2015. El informe recomienda que se lleve a cabo la segunda sesión del IGWG en el 2016 y se invita a que mientras tanto los gobiernos, las organizaciones intergubernamentales, la sociedad civil y otros interesados participen en consultas con la Presidenta-Relatora.

 

El impacto real de la sociedad civil en este proceso queda por verse. En el desarrollo de la agenda para la próxima sesión y en las consultas intermedias es fundamental que los Estados tomen en cuenta los comentarios de la sociedad civil, incluyendo sus preocupaciones sobre el acceso a la reparación y otros derechos de las víctimas. A pesar de los avances vistos en esta semana, la controversia sobre el alcance del tratado continúa y es un tema que podría obstaculizar el progreso de discusión. DPLF continuará informando sobre este proceso a medida que va evolucionando.

* Katharine Valencia es Consultora de Due Process of Law Foundation

[1] Douglass Cassel y Anita Ramasastry, White Paper: Options for a Treaty on Business and Human Rights (American Bar Association and The Law Society of England & Wales), mayo 2015.

[2] Resolución aprobada por el Consejo de Derechos Humanos 26/9, Elaboración de un instrumento internacional jurídicamente vinculante sobre las empresas transnacionales y otras empresas con respecto a los derechos humanos, A/HRC/RES/26/9, 14 de julio de 2014, disponible a http://www.cetim.ch/es/documents/G1408255_000.pdf

[3] El texto de la nota de pie lee: “El término ‘otras empresas’ se refiere a todas las empresas cuyas actividades operacionales tienen carácter transnacional y no se aplica a las empresas locales registradas con arreglo a la legislación nacional pertinente.”

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