La inconstitucionalidad en la elección del presidente de la Corte Suprema de Justicia de El Salvador

Autor: Francisco J. Dall’Anese*

DallanesePor Decreto legislativo No. 101 de 21-VIII-2012, publicado en el diario oficial No. 155, tomo Nº. 396, la Asamblea Legislativa de la República de El Salvador, eligió como Presidente de la Corte Suprema de Justicia al abogado José Salomón Padilla. Contra la decisión del poder legislativo, fueron presentadas dos acciones de inconstitucionalidad, argumentando la violación de los artículos 85 inciso 1º y 176 de la Constitución política salvadoreña. Los textos legales invocados disponen:

Artículo 85.- El gobierno es republicano, democrático y representativo.

El sistema político es pluralista y se expresa por medio de los partidos políticos, que son el único instrumento para el ejercicio de la representación del pueblo dentro del Gobierno. Las normas, organización y funcionamiento se sujetarán a los principios de la democracia representativa.

La existencia de un partido único oficial es incompatible con el sistema democrático y con la forma de gobierno establecidos en esta Constitución.

Artículo 176.- Para ser Magistrado de la Corte Suprema de Justicia se requiere: ser salvadoreño por nacimiento, del estado seglar, mayor de cuarenta años, abogado de la República, de moralidad y competencia notorias; haber desempeñado una Magistratura de Segunda Instancia durante seis años, o una judicatura de primera instancia durante nueve años, haber obtenido la autorización para ejercer la profesión de abogado por lo menos diez años antes que su elección; estar en el goce de los derechos de ciudadano y haberlo estado en los seis años anteriores al desempeño de su cargo.

La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de la República de El Salvador, en sentencia dictada el 14 de octubre de 2013,  acogió la acción y declaró inconstitucional la elección del presidente de la Corte realizada por la Asamblea Legislativa, en razón de encontrar una colisión insalvable entre el acto de elección y los artículos citados. La fundamentación del fallo  refiere que el poder legislativo eligió al abogado Salomón Padilla, quien tiene notoria y confesa afiliación a un partido político y por ello quedaría subordinado a los designios de esta agrupación, violándose así el principio de independencia judicial. Para ello la Sala de lo Constitucional extrajo de la contestación del interesado el siguiente fragmento: «[…] en mi caso, el reconocimiento público que hice de ser afiliado a uno de los partidos políticos legalmente existentes en El Salvador, [es un hecho] o situación personal que por este medio ratifico […]» 

La militancia política de los jueces es, por aceptación generalmente aceptada, una violación a su independencia. Se presume que la pertenencia a un partido político trae consigo la subordinación a los dictados de la agrupación, con lo que el juez aplicaría preferentemente la voluntad del partido, en detrimento de la supremacía del ordenamiento jurídico. Sin embargo, si al juez le es autorizado pertenecer o militar en un partido político o participar en política o manifestar sus simpatías con los candidatos o con las ideologías, es asunto que debe resolver cada Estado.

No es éste un tema pacífico, como lo demuestra la reciente polémica desatada en España en razón de la denunciada participación política de quien este año fue designado presidente del Tribunal Constitucional, Francisco Pérez de los Cobos, quién habría ocultado su militancia –hasta 2011– en el Partido Popular, actualmente en el gobierno. El presidente del Consejo General del Poder Judicial español, Francisco de Rosa, calificó la vinculación política de Pérez de los Cobos como una «cuestión de su vida privada»[1], a pesar del artículo 127 de la Constitución española que prohíbe a los jueces pertenecer a partidos políticos. El tema se ha debatido también en Argentina, donde la  presidenta Cristina Fernández aboga por la militancia política de los jueces.[2] El Salvador resolvió desde la jurisdicción constitucional la incompatibilidad entre el ejercicio de la judicatura y la militancia política. Cómo lo resolverán los demás, es asunto que está por verse.

Doble perfil de la independencia judicial

Puede sonar trillado, pero la lectura de la sentencia de la Sala de lo Constitucional de El Salvador, permite evocar el caso de “El molinero”, cuyos protagonistas son el rey Federico II el Grande de Prusia y un molinero conocido como Arnaldo; el evento –si no se trata de una leyenda– tiene lugar en Potsdam, siglo XVIII. Junto al Palacio de Sanssoucí, lugar de retiro y descanso del rey, había un molino que su majestad deseaba derribar porque no le gustaba; hizo llamar al propietario, Arnaldo, y le propuso comprar el inmueble, pero este se negó. Entonces Federico II amenazó con quitárselo, a lo que Arnaldo respondió: “eso sería verdad si no hubiera jueces en Berlín”.

Realidad o fantasía de esta historia, la confianza del molinero en los jueces berlineses es la misma a la que hoy aspira cualquier sistema democrático. Un sencillo súbdito enfrentado al todopoderoso rey de Prusia, tenía seguridad de que los jueces ordenarían lo necesario para la interdicción del abuso del soberano. Tenía la convicción de acudir ante jueces independientes de poderes externos a la judicatura, quienes resolverían con apego a la ley y sin subordinación a nada ni a nadie.

Si de acuerdo a la constitución y a los tratados y convenios internacionales, la independencia judicial es un derecho humano, para los jueces tiene el doble perfil de derecho frente a otros poderes formales o fácticos, y de deber frente al ciudadano. Es este último el titular del derecho a ser oído por un juez o tribunal independiente, que resolverá previa determinación de los hechos, con fundamento en pruebas legales y mediante la interpretación de las normas jurídicas, con absoluto rechazo a toda influencia externa. Así se desprende del artículo 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José) que dispone:

«[…] Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter […]»

Esta norma impone a los Estados Parte de la Convención, adecuar su derecho interno para consolidar el derecho humano a la independencia judicial. Esta aspiración política –no política partidista– ha sido alcanzada en El Salvador con la resolución en comentario.

Anclaje jurídico de la independencia política de los jueces salvadoreños

Como nota previa a este apartado, cabe destacar que la Sala de lo Constitucional –por interpretación extensiva– llevó su competencia para el control constitucional hasta la elección del presidente de la Corte Suprema de Justicia, basada en que este es un acto de aplicación directa de la Constitución y no puede quedar exento de control. Para ello se basó en un precedente propio, sentado en 1997 (resolución de 3 de noviembre de 1997). Consecuencia de lo anterior es que la enumeración de «[…] leyes, decretos y reglamentos […]» del artículo 183 de la Constitución[3], no tiene la naturaleza de un numerus clausus sino de un numerus apertus. La Sala de lo Constitucional ha fijado así su competencia, por interpretación de la norma fundamental. La única preocupación que surge de este criterio –sin que se trate de una observación negativa sino de una indicación de riesgo– es la ausencia de límites, pues el alto tribunal no se los auto-impuso. El peligro resultante reside en el riesgo de desnaturalización de la función de control constitucional.

En lo que hace al problema de fondo, la Sala de lo Constitucional aplicó la interpretación sistemática de las normas jurídicas, desdoblada en: (i) el principio de unidad constitucional, según el cual la operación interpretativa debe tener por objeto todos los textos relacionados, y aplicables, con el caso bajo estudio; y (ii) el principio de concordancia práctica, en cuya virtud, no obstante la concurrencia normativa causada por la unidad constitucional, todas la normas interpretadas deben conservar su entidad sin sacrificar alguna de ellas.

Este desarrollo se basó en precedentes de la Sala de lo Constitucional, aplicados cuando se encontró identidad en la ratio decidens y sin tomar en cuenta el obiter dictum, como corresponde cuando se delimita la parte vinculante de un precedente o de una jurisprudencia. Así se cumplió con el principio de previsibilidad razonable de las decisiones judiciales.

Desde esa perspectiva, retomó la sentencia de 3 de mayo de 2011, sobre la elección inconstitucional por parte de la Asamblea Legislativa, de un magistrado propietario y del respectivo magistrado suplente del Tribunal Supremo de Elecciones, por tener afiliación política; y, por idénticas razones, la elección inconstitucional de funcionarios de la Contraloría General de Cuentas. Se definieron los límites de la facultad de elección de segundo grado a cargo de la Asamblea Legislativa (Art. 131.9), de modo que debe ajustarse a lo requerido por la Constitución y en torno a intereses generales y no de partidos políticos o de particulares.

De este modo, la decisión de la Sala integró el artículo 176 con los artículos 172.3 y 218 de la Constitución, y así le dio contenido a la exigencia de «moralidad y competencia notoria» para ser magistrado de la Corte Suprema de Justicia. Desde esta óptica la independencia judicial incluye la independencia de los partidos políticos.

Esta es una interpretación lógica: no pasaría el examen de reducción al absurdo (i) requerir independencia política a funcionarios de igual o ligeramente menor importancia constitucional que los jueces, y (ii) no exigir lo mismo a estos. La única forma de acabar con el absurdo lógico es la equiparación de los requisitos. Esta interpretación es el basamento jurídico para exigir independencia política a los jueces, como un componente medular de la independencia judicial.

Principio de efectividad

La dinámica cotidiana de la vida en El Salvador, donde juegan –como en todos los países– intercambios y conflictos de grupos de interés más allá de lo jurídico, puso el fallo de Sala de lo Constitucional en el centro de una tormenta, a la espera de las reacciones de los insatisfechos con lo resuelto. No obstante, la decisión del alto tribunal fue obedecida por quienes la compartieron y por quienes la criticaron. Fue efectiva y es suficiente para culminar un proceso legal en el que un acto de la Asamblea Legislativa resultó cuestionado.

La Sala de lo Constitucional ha delineado el principio de independencia judicial para el futuro y ha cumplido con su misión de actualizar y hacer efectivos los postulados constitucionales. Lo hizo, observando principios de derecho y formas interpretativas aceptados, y su sentencia ha sido aceptada y cumplida a la brevedad. En un momento en que problemas similares surgen en España y en Argentina, la jurisdicción constitucional de El Salvador ha dado un paso ejemplar.

*Francisco J. Dall’Anese ha sido Fiscal General de la República de Costa Rica y Comisionado Internacional contra la impunidad en Guatemala.


[3] Art. 183.- La Corte Suprema de Justicia por medio de la Sala de lo Constitucional será el único tribunal competente para declarar la inconstitucionalidad de las leyes, decretos y reglamentos, en su forma y contenido, de un modo general y obligatorio, y podrá hacerlo a petición de cualquier ciudadano.

 

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