Prensa concentrada en Perú: ¿Salvo el mercado todo es ilusión?

David Lovatón Palacios*

“La garantía del pluralismo es la manera cómo las sociedades democráticas se ponen a buen recaudo de la aparición de algo así como una ‘tiranía de los valores, conforme a la cual una mayoría poderosa, bajo el argumento de haber descubierto una supuesta verdad dogmática, sojuzga el pensamiento y la acción de una minoría que se aparta de ella, la cual, por vías pacíficas y democráticas, busca canalizar sus dudas hacia esa aparente verdad.” (Tribunal Constitucional peruano, STC N° 00015-2010-PI)

El control gubernamental de la prensa siempre ha sido uno de los principales anclajes de las dictaduras civiles y militares en América Latina y el Caribe. Hoy en día la padecen la Venezuela de Maduro y la Nicaragua de Ortega, quienes controlan la mayor parte de los medios de comunicación y hostigan y persiguen a los medios independientes. En el Perú también sufrimos de confiscación de la prensa durante la dictadura militar de la década del setenta y de la vergonzosa compra – con fajos de dólares – de la línea editorial de diversos medios privados por el régimen de Fujimori y Montesinos en los noventas.

Pero hay otra amenaza a la libertad de expresión en nuestro continente de la que no se habla lo suficiente: la excesiva concentración privada de la prensa. Corporaciones empresariales que logran una posición de dominio en el mercado periodístico, que bajo los esquemas de propiedad cruzada convierten en cada vez más borrosas las fronteras entre lo que se informa – y cómo se informa – y la defensa de sus intereses económicos y políticos. Lo acabamos de vivir en el Perú con el grupo “El Comercio” y su lamentable parcialización durante las últimas elecciones presidenciales en las que – con claridad – tomó partido por la candidata que aseguraba la continuidad del “modelo económico”.

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Sentencia del Tribunal Constitucional de Perú protege consulta previa de pueblos indígenas pero convalida medidas que debilitan protección del ambiente

Juan Carlos Ruiz Molleda*

En días pasados, el Tribunal Constitucional (TC) expidió sentencia en el proceso de inconstitucionalidad presentado contra la Ley No 30230, ley que debilita la institucionalidad estatal en materia ambiental y, de forma inconsulta, disponía de territorios no titulados de pueblos indígenas. La sentencia dispone la inaplicación de 15 artículos de la Ley 30230, que regulaban la titulación de territorios no titulados, para beneficiar a proyectos extractivos y de infraestructura. Lo anterior, debido a la ausencia de consulta previa a los pueblos indígenas en Perú sobre las respectivas disposiciones declaradas inconstitucionales.

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Estado de cosas inconstitucional en materia penitenciaria: en Perú, el Tribunal Constitucional hace historia

Ronald Gamarra*

En lo que constituye una reacción inesperada y singularmente positiva, el Tribunal Constitucional (TC) ha expedido una histórica sentencia declarando la existencia de “un estado de cosas inconstitucional respecto del permanente y crítico hacinamiento en los establecimientos penitenciarios y las severas deficiencias en la capacidad de albergue, calidad de su infraestructura e instalaciones sanitarias, de salud, de seguridad, entre otros servicios básicos, a nivel nacional”.

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