La reelección presidencial en El Salvador

Daniel Olmedo*

El 1 de mayo de 2021 la Asamblea Legislativa de El Salvador, sin procedimiento previo, destituyó a magistrados y magistrada del tribunal constitucional: la Sala de lo Constitucional (SC). La SC de inmediato declaró inconstitucional tal destitución, pero la asamblea desobedeció la orden judicial. Nombró a otras personas en el tribunal, y estas, apoyadas de la fuerza policial, ocuparon el edificio de la Corte Suprema de Justicia. Hoy continúan operando como si fueran magistrados del tribunal constitucional.

Ese órgano de facto –que aquí denominaremos Sala de lo Constitucional impuesta (SCi)– ha firmado durante todo este tiempo documentos que pretende hacer pasar por legítimas resoluciones judiciales. Uno de ellos fue el emitido el 3 de septiembre de 2021 –que aquí llamaremos la presunta resolución–. En él, la SCi autorizó la reelección presidencial inmediata, aún cuando la Constitución salvadoreña la prohíbe expresamente. Lo mismo ya habían hecho Daniel Ortega (Nicaragua) en 2009, y Juan Orlando Hernández (Honduras) en 2015.

La vigente Constitución salvadoreña de 1983 reconoce el principio de alternabilidad en el ejercicio de la presidencia; lo que implica prohibir la reelección presidencial inmediata. Desde 1841, ocho constituciones consistentemente han recogido una postura similar; pero hubo un deleznable paréntesis: en 1939 el dictador Maximiliano Hernández Martínez aprobó una nueva Constitución y autorizó la reelección presidencial «por esta única vez». El dictador se reeligió para el período 1939-1944, pero en 1944  nuevamente volvió a reformar la Constitución para eliminar la frase «por esta única vez» que él mismo había escrito años antes. Unos meses después de reelegirse, presentó su renuncia tras la insurrección no violenta conocida como Huelga de brazos caídos[1].

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El Salvador y el falso discurso por la independencia judicial

Úrsula Indacochea Prevost*

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El pasado miércoles 16 de marzo, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), se llevó a cabo una audiencia pública para tratar la situación de la independencia judicial en El Salvador. En ella, las organizaciones solicitantes planteamos frente a este organismo internacional una lectura de diversas decisiones, hechos y reformas arbitrarias ocurridas en 2021, como una estrategia de captura del sistema de justicia, ejecutada con la finalidad deliberada de neutralizar su capacidad de controlar al poder y proteger los derechos humanos

El Estado, por su parte, desplegó una narrativa opuesta: todos estos actos habrían obedecido, más bien, al objetivo de “fortalecer y modernizar” un sistema de justicia “ineficaz y favorecedor de la impunidad generalizada”. En esta nota, me propongo contestar algunos de esos argumentos para demostrar que existe motivos razonables para considerar que el compromiso estatal con la independencia judicial no es sincero o, incluso, que existe una manipulación o apropiación del discurso de defensa de la independencia judicial, para fines contrarios a los que se enuncian.

Como punto de partida, vale la pena resumir brevemente el planteamiento de la sociedad civil. Se planteó que el sistema de justicia salvadoreño –que incluye tanto el órgano judicial como a la Fiscalía General de la República– habría sido objeto de una estrategia de captura por parte del poder político actualmente en el gobierno, ejecutada a través de diversas etapas. 

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El medio ambiente en peligro ante la desprotección por la nueva Sala de lo Constitucional en El Salvador

Sandra Santos*

Según el artículo 246 de la Constitución de El Salvador, toda persona puede pedir amparo ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia por violación de los derechos que ella le otorga. A finales del año 2021, el Tribunal admitió cuatro demandas de amparo relacionadas al permiso ambiental concedido a una empresa particular para ejecutar el proyecto urbanístico llamado “Valle El Ángel” en el municipio de Apopa, departamento de San Salvador.  Por ello, es importante analizar si dichas decisiones implican un retroceso o un avance en la jurisprudencia constitucional.

El derecho al medio ambiente es un derecho fundamental que conlleva las siguientes facultades: (i) al goce de los recursos naturales, (ii) a que tal medio se preserve y (iii) a ser protegido frente a amenazas o lesiones a los dos derechos anteriores.

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Hacia la cooptación del poder judicial: ¿qué hay detrás de las últimas decisiones de la Sala Constitucional en El Salvador?*

Leonor Arteaga Rubio**

El viernes 3 de septiembre, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de El Salvador emitió un fallo que faculta la reelección presidencial consecutiva, pese a que la Constitución expresamente lo prohíbe (ver: arts. 88 y 152.1). Esta decisión permitiría al actual presidente Nayib Bukele buscar la reelección en 2024, y de esta manera la Sala emula a otras cortes en el continente que han intervenido a través de cuestionados fallos sobre la prohibición a la limitación de la reelección presidencial, habitualmente en ausencia de un amplio consenso nacional y en beneficio del poder de turno.  

La decisión del tribunal constitucional -ahora controlado por el gobierno- se suma a otras acciones contrarias a la democracia y el Estado de derecho que ha protagonizado la actual administración desde su llegada al poder en junio de 2019 y, particularmente en los últimos meses. 

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