El derecho a la protesta social y los estándares interamericanos

Edison Lanza*

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La pandemia del Covid-19 ha afectado no sólo la salud y la vida humana en la región. En muchos países, las restricciones de los Estados para enfrentar la pandemia se enfocaron en restringir las libertades de expresión y asociación, las reuniones públicas y otros fundamentos centrales de la democracia. Aunque algunas medidas de excepción podrían ser legítimas bajo la Convención Americana para enfrentar esta calamidad, otras fueron claramente abusivas y tuvieron como objeto mitigar o impedir los renovados ciclos de protestas. Estas restricciones llegaron en un momento especialmente conflictivo en la región, en relación con los movimientos ciudadanos que en los últimos dos años salieron a la calle para alzar su voz contra la inequidad estructural, la corrupción o para ejercer la defensa misma de la democracia.

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Protesta social: Un derecho incomprendido

Aspectos relevantes del informe CIDH “Protesta y Derechos Humanos”

Javier A. de Belaunde*

La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH presentó su informe “Protesta y Derechos Humanos”, en diciembre 2019. Este aparece oportunamente en un momento en el cual los reclamos de la ciudadanía se extienden por las calles y plazas de la región. Los motivos detrás de las manifestaciones varían, pero lo que se repite es la respuesta de los Estados: represión y violación de derechos humanos. La protesta pacífica sigue siendo un derecho incomprendido. El informe aspira a corregir esta situación definiendo los estándares interamericanos exigibles y denunciando la criminalización de la protesta como un proceso contrario al enfoque de derechos humanos.

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