La extradición en casos de corrupción: Aspectos prácticos para fortalecer el sistema y evitar la impunidad

Gonzalo Bonifaz Tweddle***

Imagen tomada de Proyecto Justicia de México Evalúa

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El 2021 será un año muy importante en materia de lucha contra la corrupción para el mundo entero y, en particular, para la región de América Latina y el Caribe. Por un lado tendremos, por primera vez, una sesión especial de la Asamblea General de las Naciones Unidas dedicada a la lucha contra la corrupción (A/RES/73/191), y de otro, a nivel hemisférico, se llevará a cabo la IX Cumbre de las Américas, oportunidad en la cual se espera que los Estados de la región muestren los avances realizados tras la adopción del Compromiso de Lima de 2018 (“Gobernabilidad democrática frente a la corrupción”).

A estos dos eventos se suma la llegada de la nueva Administración Biden-Harris a la Casa Blanca, la cual ya adelantó en sus planes de trabajo durante la campaña que la lucha contra la corrupción tendrá un espacio central en la política estadounidense, tanto en el plano interno como en el internacional. Precisamente, una de las prioridades para la anunciada “Cumbre de las Democracias”, que se realizaría en fecha aún por definir, será la lucha contra la corrupción (The power of Americas’s example: The Biden Plan for leading the democratic world to meet the Challenges of the 21st Century). 

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Cerrar los refugios seguros para la delincuencia organizada del Estado de Venezuela: “Estado de derecho invertido”, impunidad y desafíos en la cooperación internacional para la extradición entre Estados Unidos y España

Jan-Michael Simon

Resumen

Los actores delictivos vinculados con la delincuencia organizada del Estado de Venezuela, tanto dentro como fuera del país, se benefician con el sistema imperante en Venezuela, basado en un “Estado de derecho invertido” y la impunidad. El presente artículo señala los desafíos internacionales que han surgido al intentar llevar a la justicia a los actores delictivos en el extranjero. Los procesos penales que, en la actualidad, se encuentran en trámite en Estados Unidos y en España permiten conocer el espectro de las actividades delictivas y la magnitud de los activos robados. La delincuencia organizada del Estado de Venezuela se ha caracterizado como “una empresa de corrupción con ramificaciones en múltiples jurisdicciones, que hace que Odebrecht parezca un mero carterista del centro de Caracas”. Esta es una comparación interesante, si se tiene en cuenta que el Departamento de Justicia de EE. UU. se ha referido al precedente de “Odebrecht” como el “mayor caso de soborno transnacional de la historia”. Muchos casos relacionados con la delincuencia organizada del Estado de Venezuela recién comienzan a salir a la luz. Aun así, los casos en EE. UU. y España ponen en evidencia que las operaciones delictivas implican relaciones transnacionales ilícitas a nivel global entre actores de diferentes nacionalidades y residencias.

En función de tres estudios de casos, este artículo llega a la conclusión de que exfuncionarios públicos de alto nivel vinculados con la delincuencia organizada del Estado de Venezuela que residen en España, han buscado refugio allí mientras intentaban eludir investigaciones en Estados Unidos. También se concluye que, a fin de que España no sea un refugio seguro para este tipo de delitos, las autoridades españolas deben tomar medidas de buena fe que posibiliten la persecución penal y asegurar la debida diligencia, o bien disponer la extradición de estas personas a Estados Unidos. De lo contrario, el sector de la justicia española contribuiría a la impunidad de los actores implicados en la delincuencia organizada del Estado de Venezuela.

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