Elección del próximo fiscal de la CPI: ¿Pueden las normas internacionales ser una fuente de inspiración?

Maïté De Rue

Este artículo fue publicado originalmente en inglés en International Justice Monitor el 21 de agosto, 2020. Dado que la elección del próximo Fiscal de la CPI es inminente, creemos que es importante recordar los estándares internacionales que pueden ser una guía útil para la elección de los Estados parte.

Con la publicación del anuncio de la vacante para el cargo del próximo Fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI) a principios de agosto del año pasado, parecía apropiado revisar las normas internacionales existentes que rigen el proceso de nombramiento de los fiscales jefes o altos fiscales. Si bien estos estándares se desarrollaron para contextos nacionales, podrían brindar orientación al Comité de Elección del Fiscal y al panel de expertos sobre cómo realizar sus tareas, así como a la Asamblea de los Estados Partes (AEP) al tomar su decisión final en diciembre de 2020.

Numerosos organismos internacionales y regionales, como las Naciones Unidas, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la Comisión Europea y el Consejo de Europa, han destacado recientemente la necesidad de garantizar la autonomía de los fiscales y las fiscalías, que se consideran un componente fundamental de los sistemas de justicia. Los fiscales autónomos, que están dispuestos a investigar y emprender acciones legales independientemente del estatus o poder que los sospechosos puedan tener en la sociedad, juegan un papel clave en el fortalecimiento del estado de derecho. La estructura, función y papel de los servicios de las fiscalías varía de un estado a otro. Sin embargo, las características y valores comunes caracterizan el estatus profesional y los estándares éticos que rigen la conducta de los fiscales, y la expectativa de que desempeñen sus funciones de manera justa e imparcial es clave.

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Michelle Reyes Milk*

El pasado 2 de septiembre, el mundo del Derecho Penal Internacional fue una vez más sacudido por un nuevo acto de intimidación contra la Corte Penal Internacional (CPI) por parte de la administración de Trump, esta vez dirigido a la más alta autoridad en materia de investigación: la propia Fiscal de la Corte, Fatou Bensouda. En concreto, a inicios de este mes, el Secretario de Estado de los Estados Unidos, Michael Pompeo, anunció que Estados Unidos tomaría una serie de medidas contra la Fiscal Bensouda y contra un integrante clave de su equipo, Phakiso Mochochoko, Director de la División de Jurisdicción, Complementariedad y Cooperación de la Fiscalía, que incluyen la imposición efectiva de sanciones contra dichos altos funcionarios, incluyendo congelamiento de sus activos y bloqueo de sus propiedades. Asimismo, se podrían adoptar sanciones contra otras personas que brinden apoyo material a las potenciales investigaciones contra nacionales estadounidenses.

La medida implementa la Orden Ejecutiva 13298 adoptada en junio de este año por el Presidente de los Estados Unidos, Donald J. Trump, denominada “Bloqueo de las Propiedades de Ciertas Personas Asociadas con la Corte Penal Internacional”, adoptada argumentando una amenaza contra la seguridad nacional y política exterior de los Estados Unidos, así como una emergencia nacional.

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