Una sentencia reaviva el fuego en Cataluña

Luis Pásara*

27 días antes de las nuevas elecciones parlamentarias de las que debería surgir un gobierno para España, la sentencia del Tribunal Supremo sobre los doce encausados por el procés independentista catalán, anunciada el 14 de octubre, ha tenido como principal efecto el agravamiento del conflicto existente en Cataluña. El enfrentamiento se abrió hace casi una década, a partir de otra sentencia, por la que el Tribunal Constitucional declaró inconstitucionales algunos artículos del estatuto de autonomía que los catalanes y el Congreso de España habían aprobado.

Por la reciente sentencia del Tribunal Supremo, se han impuesto penas de prisión de entre nueve y trece años para nueve de los condenados, a las que se suma la de inhabilitación. Las consecuencias se están sintiendo en una Cataluña que ha pasado en los días siguiente de la división interna a los desórdenes públicos, mientras allí y en el resto de España el conflicto catalán se convierte en un eje principal de la campaña electoral en curso.

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Empieza un gran juicio político en España

Luis Pásara*

El martes 12 es la fecha programada para el inicio del juicio a los dirigentes políticos y sociales que han sido acusados –por rebelión, unos; por sedición, todos y por malversación de fondos públicos, varios de ellos– debido a haber organizado el referéndum sobre la independencia de Cataluña, llevado a cabo el 1 de octubre de 2017. Como caso estrella de la llamada judicialización de la política, el juicio puede dar un vuelco a la política española, como el capítulo más reciente en una larga y difícil historia de las relaciones entre el Estado español y Cataluña.

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Jueces al descubierto en Perú y España

Luis Pásara*

A partir del mes de julio, una avalancha de audios –escuchas telefónicas grabadas por la fiscalía con autorización judicial– inundaron a Perú de conversaciones entre jueces, asesores, abogados y políticos, que revelaron una red de conexiones para nombrar y ascender jueces, y para archivar casos o inclinar sentencias. El asombro ciudadano fue administrado dosificadamente: las grabaciones se hicieron públicas, día tras día, por una acreditada ONG –el Instituto de Defensa Legal, que anunció haberlas recibido anónimamente–, pese a que hubo fiscales que intentaron secuestrar las grabaciones para impedir su difusión.

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