Daniel Vázquez*

No han sido los mejores años para los derechos humanos en México. En particular, hay dos tendencias negativas que han afectado al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador durante su primer año: la espiral de violencia observada en los homicidios y el bajo crecimiento de la economía.

No se puede culpar al actual gobierno de ninguna de esas dos tendencias, pero ambas son el contexto con el que le tocó arribar al poder, y a partir del cual debe tomar decisiones de política pública. Peor aún, ambas tendencias impactan tanto en los derechos civiles como en los derechos económicos y sociales de toda la población.

Espiral de violencia, nulo crecimiento económico y pobreza

Con el inicio de la guerra en contra del narcotráfico en 2006 arrancó una espiral de violencia que llega hasta nuestros días. El año 2000 en México comenzó con 10,664 homicidios. Un primer pico lo encontramos en 2011 con 27,212 homicidios. Luego viene un declive que va del 2012 al 2014 (20,009), para comenzar una nueva escalada hasta llegar a más de 35 mil homicidios en 2019. El primer año de gobierno de Andrés Manuel López Obrador fue el año más violento de la historia reciente de México.

Lo que se observa en la siguiente gráfica son los promedios de los homicidios considerando las 32 entidades federativas. Presentamos el promedio nacional, tres entidades que están por encima del promedio (Chihuahua, Guerrero y el Estado de México) y dos que están por debajo (Yucatán y Aguascalientes). Sobresale el pico de Chihuahua en el 2010 que llegó a 182 homicidios por cada 100 mil habitantes, cifras que suelen observarse en lugares donde hay un conflicto armado.

Fuente: Elaboración propia con  datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

En lo que hace a la economía, la cosa no pinta mejor. La democracia fue recibida con una caída de 5 puntos porcentuales del PIB, que pasó de 5.2% de crecimiento en 2000 a -0.6% en 2001. Tuvimos años de repunte como 2006 que rozó el 5% de crecimiento del PIB; o 2010, que llegó a 5.1% de crecimiento del PIB. Pero entre el 2014 y el 2018 no se rebasó el 2% de crecimiento, y en 2019 -primer año de gobierno del presidente actual – tuvimos una contracción de -0.2%, la peor caída en los últimos 10 años.

Este mediocre desempeño de la economía impacta en el ejercicio de los derechos económicos y sociales de las personas. Por suerte, México cuenta con una medición multidimensional de la pobreza a cargo del Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social (CONEVAL). Este órgano mide a la pobreza a partir de una línea de ingreso (que supone el acceso al derecho a la alimentación, calculado a través de una canasta básica), el acceso a la salud,el acceso a la seguridad social, el rezago educativo, la calidad y los espacios de la vivienda, y los servicios básicos en la vivienda. Para ser considerado pobre, tienes que estar por debajo de la línea de ingreso y también tener al menos una carencia de los seis derechos medidos. El siguiente cuadro identifica a las personas consideradas pobres según este marco, así como las que se consideran vulnerables por alguna carencia social (que no ejerce alguno de los seis derechos medidos).

Indicadores de pobreza del CONEVAL

Fuente: CONEVALCONEVAL

El aspecto central es que si sumamos a las personas pobres y a las que están en vulnerabilidad social (que no tienen acceso a alguno de los seis derechos medidos, pero están por arriba de la línea de ingreso), estamos hablando de 78.1% de la población en México. Es decir, de alrededor de 130 millones de mexicanos, a 97.7 millones todos los días se le restringió al menos uno de sus derechos económicos y sociales en 2018, último año de medición de la pobreza en México.

Este es el panorama que enfrentó Andrés Manuel López Obrador en su primer año de gobierno: diciembre del 2018 – diciembre del 2019. Nadie seriamente esperaba que las cosas cambiaran radicalmente en tan solo 365 días. ¡Imposible! Los patrones que generan las violaciones tanto a derechos civiles como económicos y sociales son estructurales. El problema radica en que no se observa un cambio radical en las propuestas que en un mediano y largo plazo debieran transformar esos marcos estructurales de violaciones a los derechos humanos.

Los límites en los derechos civiles: la militarización y el pacto de impunidad

En lo que hace a la política de seguridad se observa más continuidad que cambio. Una diferencia real y relevante es que hoy no hay una orden expresa de “abatir al enemigo”, y esa diferencia no es menor. Sin embargo, se sigue apostando por la militarización de la política de seguridad. Mientras que Calderón desplegó 52,960 militares en 2011 (uno de los años más violentos), y Enrique Peña Nieto 54,980 en 2018; el actual presidente tenía desplegados 62,954 soldados en noviembre del 2019. A esto se suma la conformación de una Guardia Nacional que, de facto, está militarizada. Peor aún, el objetivo inicial de este cuerpo se vio trastocado cuando -frente a la amenaza de Donald Trump de subir aranceles a México- el gobierno mexicano cambió radicalmente su política migratoria y empleó a este cuerpo de policía militarizada para detener a los migrantes. Además, desde su campaña presidencial, López Obrador dejó claro que no habría olvido, pero sí perdón para los autores intelectuales de las violaciones graves a derechos humanos en México: olvido no, pero perdón sí, repitió en sus mítines.

Luego de ganar las elecciones, en septiembre del 2018, se llevó a cabo el diálogo por la Paz, la Verdad y la Justicia. Ahí López Obrador se comprometió a realizar cuatro mesas para discutir un proceso de justicia transicional en México: verdad, justicia, reparación, y garantías de protección de víctimas y testigos. En el marco de esa reunión, frente a los familiares de las víctimas de desaparición, lo repitió con claridad: olvido no, pero perdón sí. Y lo dijo nuevamente en su discurso de toma de protesta como presidente.

El principal resultado de estas mesas fue la “Propuesta ciudadana para la construcción de una política sobre verdad, justicia y reparación a las víctimas de la violencia y de las violaciones a los derechos humanos,” (Enlace). La propuesta contiene cuatro aspectos:

• La conformación de una Comisión Nacional de la Verdad que sirva para conocer todos los casos de violaciones graves a derechos humanos en México y así identificar los patrones estructurales de esas violaciones.
• La creación de un Mecanismo Internacional contra la Impunidad nombrado y coordinado por Naciones Unidas, en donde se lleven los juicios en contra de los autores intelectuales de las violaciones graves de derechos humanos en los últimos años.
• Mecanismos efectivos de participación y protección de víctimas, así como de protección de testigos que alimenten a los dos órganos mencionados.
• La creación de un modelo de reparación del daño de todas las víctimas.

La propuesta ciudadana se entregó a representantes de la Secretaría de Gobernación en una conferencia de prensa celebrada en enero del 2019. Ha transcurrido un año… y nada ha pasado. El mismo documento de ese enero del 2019 fue entregado por Javier Sicilia en la caravana por la Paz con Justicia y Dignidad que marchó de Cuernavaca a la Ciudad de México en enero del 2020. El reto sigue siendo el mismo: romper con el “olvido no, pero perdón sí”. El problema sigue siendo la promesa de impunidad.

Esta promesa de impunidad también ha detenido reformas necesarias en los sistemas de justicia, en especial en las fiscalías, en donde no se logra construir ni la autonomía política de los fiscales (federales y locales), ni refundar desde abajo a las fiscalías por medio de procesos efectivos de transición en donde se haga una “limpieza” de aquellos servidores públicos que, lejos de velar por la procuración de la justicia, utilizan su puesto para obtener ventajas económicas.

Los patrones de la concentración de la riqueza y las estructuras de la pobreza

En el marco de los derechos económicos y sociales sucede algo semejante. Sabemos que sacar de la pobreza o vulnerabilidad social a 97.7 millones de personas en un año es imposible. También es factible reconocer que, pese a la restricción del -0.2% de crecimiento en el PIB, aumentó el presupuesto dedicado a la política social y se intentó llegar de forma más directa a los beneficiarios. Si esto funciona, si tenemos una bolsa más grande de política social y menos intermediarios, se esperaría que haya más beneficiados y con un mayor impacto. Por ejemplo, se esperaría que aumente el ingreso bruto en zonas rurales. A esto se refiere el presidente cuando afirma que tiene “otros datos” sobre el aumento del bienestar pese a la ausencia de crecimiento económico, pero lamentablemente no tenemos datos oficiales para constatarlo.

En cambio, lo que no se observa son políticas de mediano y largo plazo que tengan impacto ni en los patrones de distribución del modelo económico, ni en las condiciones estructurales de pobreza de la gente. Pensando en el primero, por ejemplo, se ha decidido retrasar la posibilidad de, al menos, discutir una reforma fiscal progresiva. No obstante, se prohibió la condonación de impuestos que siempre benefició a los grandes empresarios con sumas millonarias.

En relación con las condiciones estructurales de la pobreza, no hay un debate serio sobre la posibilidad de transitar de miles de programas sociales (federales, provinciales y municipales) cuyo uso puede ser abiertamente clientelar, hacia un ingreso mínimo universal o un seguro universal de desempleo que aumentaría la posibilidad de evitar que el cambio en el gobierno no sea una disminución en el presupuesto dedicado a la política social y, por ende, al bienestar de la gente.

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No paso por alto que hay muchos otros temas que dejo en el tintero, como el reconocimiento gubernamental del desastre de personas desaparecidas en México, la conformación de la Comisión de la Verdad para el caso de Ayotzinapa, o la reinstalación del Sistema Nacional de Búsqueda; a la par de sinsabores como el nombramiento de incondicionales del presidente al frente de órganos que debieran ser autónomos como sucedió con la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

El aspecto que me interesa resaltar (y espero que lo haya logrado) es que  nadie esperaba que en un año se realizaran transformaciones radicales en materia de derechos humanos. Reitero: ¡imposible!, debido a la profundidad de las estructuras que permiten, incentivan o mantienen dichas violaciones. El problema es que no se observan medidas de política pública que permitan modificar esas estructuras en el mediano y largo plazo… por lo que, igual que el dinosaurio, cuando despertemos de los altos niveles de aprobación del gobierno actual, el dinosaurio seguirá ahí.

*Investigador, IIJ-UNAM / FLACSO-MÉXICO

Foto: Presidencia de la República, México