Audiencias de custodia disminuyen el uso de la prisión preventiva pero muestran problemas estructurales en el sistema de justicia brasileño

Por: Mirte Postema

Encabezó el Programa de independencia judicial de DPLF entre el 2009 y el 2015. Actualmente es Fellow para derechos humanos y reforma de la política criminal y carcelaria en las Américas en el Centro de Derechos Humanos de la Escuela de Derecho de la Universidad de Stanford 

Publicado originalmente en  ilg2.org

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La prisión preventiva debe ser una medida excepcional. De acuerdo al sistema interamericano de derechos humanos (compuesto por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos con sede en Washington, D.C., y la Corte Interamericana de Derechos Humanos con sede en San José, Costa Rica), un Estado sólo la puede aplicar por propósitos procedimentales, es decir, cuando hay un riesgo de que el acusado pueda escapar (y que, por ende, no pueda seguirse el proceso judicial) y/o cuando la investigación o las diligencias puedan ser afectadas. Incluso en estas situaciones —que deben ser corroboradas con hechos y no suposiciones— la aplicación de la prisión preventiva debe ser necesaria, limitada, proporcional y revisada periódicamente. La mera existencia de indicios de culpabilidad del acusado no es suficiente para la aplicación de la prisión preventiva.

Sin embargo, a pesar de que estos estándares has sido aplicables por más de dos décadas, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos concluyó en su Informe sobre el uso de la prisión preventiva en las Américas que la aplicación de la prisión preventiva continúa siendo la norma, y no la excepción.

Por tanto, es buena noticia que justo hace poco más de un año (a finales de febrero de 2015), el Consejo Nacional Judicial de Brasil (CNJ) empezó un proyecto piloto en la ciudad de São Paulo para organizar las llamadas audiencias de custodia (audiências de custódia). Esta iniciativa es resultado de la colaboración entre el CNJ, el Ministerio de Justicia y el IDDD (Instituto de Defesa del Derecho a la Defesa) y tiene como objetivo aplicar el derecho internacional, transformar el sistema de justicia penal, impulsar los enfoques para la justicia restaurativa, y recolectar información sobre sentencias alternativas en Brasil.

En las audiencias de custodia, las personas detenidas en flagrancia son llevadas ante un juez dentro de 24 horas. Esto incluye casos en los que, en un tiempo relativamente corto después de que un crimen haya ocurrido, se pueda establecer un vínculo de una personas a la comisión de ese crimen. Sin embargo, no se ha establecido límites de tiempo claros para esos casos, por lo cual los jueces pueden interpretar esa “excepción” de manera amplia. El juez, después de haber escuchado al acusado, a la fiscalía y al abogado defensor (que puede ser un defensor público o un abogado privado) decide si el acusado puede enfrentar el proceso en libertad (con alguna fianza o medida precautoria), o si se le aplicará la prisión preventiva.

Las audiencias de custodia se encuentran aún en una fase inicial, y aunque se han implementado a través del país, su cobertura más allá de las capitales de los estados y fuera de horarios laborales sigue limitada. Sin embargo, en mayo de 2016 todas las jurisdicciones del país deben organizar estas audiencias.

El Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Stanford, junto con el estudiante de posgrado Thiago Reis, está monitoreando el impacto de las audiencias de custodia en la ciudad de São Paulo. Organizaciones de derechos humanos como el IDDD, el Instituto Sou da Paz y Conectas realizan este trabajo a mayor escala.

Los resultados iniciales de las audiencias de custodia son prometedores. De acuerdo con información del Consejo Judicial, se han realizado 49,668 audiencias en el país. En 24,641 (49.61%) audiencias, se dictó una medida provisional distinta a la prisión preventiva. Esto es significativo, sobre todo para esas 24,641 personas y sus familias.

Sin embargo, existen varios problemas que deben ser abordados. Porque, en rigor, el hecho de que se siga aplicando la prisión preventiva en poco más del 50% de los casos significa que la prisión preventiva todavía es la regla y no la excepción, violando así los estándares interamericanos. Los jueces continúan teniendo un enfoque excesivamente punitivo. Adicionalmente, la comunicación de todos los actores judiciales—juez, fiscal y defensor— con el acusado debe mejorar. Además, en entrevistas, defensores públicos expresaron su preocupación por la falta de privacidad y el poco tiempo que tienen para conversar con acusados antes de las audiencias.

Al mismo tiempo, las audiencia de custodia ha dado visibilidad a varios problemas estructurales que aquejan el sistema de justicia penal brasileño. Debido a que el acusado es presentado justo después de su detención, la situación precaria de algunos —evidenciada por su ropa sucia y desgastada, y por olores corporales— son más obvios para actores como jueces y fiscales, quienes antes de las audiencias de custodia, tenían mucho menos contacto con detenidos. . Ahora, la criminalización de la pobreza tiene una cara.

Además, las audiencias de custodia han hecho que la brutalidad policiaca sea más fácil de detectar. De acuerdo con Ricardo Lewandowski, Presidente de la Corte Suprema de Brasil (Supremo Tribunal Federal) y del Consejo Judicial, más de 2,700 casos de tortura o malos tratos han sido identificados durante las audiencias de custodia en su primer año de operación Sin embargo, la Defensoría Pública en el estado de São Paulo registró cifras aún más preocupantes: el 44% de las personas en prisión preventiva reportó haber sufrido violencia durante su detención. Jueces de otros estados, como Ceará y Espiritu Santo indicaron en entrevistas que un40% de las personas que se presentaron ante ellos indicaron que sufrieron de violencia. Es esencial que estos casos sean adecuadamente denunciados, investigados, y llevados a la justicia.

Las audiencias de custodia son un importante primer paso para que el sistema de justicia penal brasileño cumple con sus compromisos internacionales. Las autoridades judiciales deben continuar mejorando la dinámica de las audiencias, así como resolver los problemas estructurales que han dañado por mucho tiempo al sistema de justicia, y a quienes se enfrentan con él.

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