Autores: Juan Pablo Albán y Daniela Salazar 

A inicios del presente mes, en el contexto de una reunión celebrada en Cochabamba con su homólogo Evo Morales, el Presidente de la República de Ecuador, Rafael Correa, realizó una nueva advertencia pública sobre el posible retiro de nuestro país del sistema interamericano de derechos humanos.

Tales declaraciones se enmarcan en un proceso iniciado hace ya varios años a través del cual el Ecuador ha procurado desacreditar las actividades de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en particular, aparentemente con la intención de eludir la supervisión de dicho órgano.

Ya en el año 2007, durante las discusiones que en el ámbito del Consejo Permanente de la OEA había promovido un grupo de siete Estados –entre los cuales no se encontraba el Ecuador- para revisar el funcionamiento de ambos órganos del sistema, y en particular la CIDH, el gobierno ecuatoriano planteó la necesidad de establecer mecanismos de control respecto de la conducta de los funcionarios de la Secretaría Ejecutiva de la CIDH, para asegurar que no incurran en “irregularidades”.

Posteriormente, en el año 2011, cuando se emprendió el proceso de reflexión sobre el funcionamiento de la CIDH y el “fortalecimiento” del sistema interamericano de derechos humanos, el Ecuador se abanderó de una serie de iniciativas que en realidad, de haber prosperado, hubieran tenido por efecto limitar la autonomía del organismo y suprimir algunas de sus facultades cuasijurisdiccionales.

Además, frente al proceso de selección del Secretario Ejecutivo de la CIDH llevado a cabo en el mismo año, se presentó la postulación del presidente de la Corte Constitucional ecuatoriana para ocupar dicho cargo, siempre bajo el argumento de que se trataba de una candidatura independiente que nada tenía que ver con las posturas gubernamentales. No obstante, cuando en el año 2012 Pazmiño no quedó siquiera entre el grupo de finalistas para ocupar el cargo de Secretario Ejecutivo, la Cancillería ecuatoriana emitió un comunicado oficial rechazando la supuesta falta de transparencia del proceso y denunciando la falta de credibilidad de la CIDH.

En forma simultánea, el Ecuador empezó a promover una agenda paralela fuera del seno de la OEA para supuestamente diseñar un nuevo marco normativo e institucional de tutela de los derechos humanos en la región, prescindiendo de la participación de ciertos Estados que, en su opinión, no tendrían un verdadero compromiso en esta materia. Parte de la justificación para tales planteamientos sería que con las nuevas democracias en América Latina los mecanismos de supervisión internacional tradicionales resultarían innecesarios.

Pese a los esfuerzos desplegados y recursos invertidos en esta empresa por la Cancillería ecuatoriana, incluida una gira por 15 países de la región para tratar de obtener su respaldo, el gobierno nacional sufrió un serio revés diplomático durante la Asamblea General Extraordinaria celebrada en Washington DC en el mes de marzo de este año, pues ninguno de sus 12 radicales planteamientos prosperó. Únicamente después de amenazar al resto de Estados miembros con separarse del sistema de derechos humanos, Ecuador recibió de última hora la mano salvadora del canciller Argentino, para que en la resolución final de este encuentro, constara la voluntad de los Estados Parte de mantener abierto un diálogo sobre los mecanismos más apropiados para avanzar en el fortalecimiento del sistema, sin siquiera mencionar de manera expresa los temas respecto de los cuales el gobierno Ecuatoriano había promovido transformaciones radicales (medidas cautelares, sede, entre otros).

Sin haber reflexionado lo suficiente sobre las implicaciones de este revés diplomático, el gobierno ecuatoriano optó por promover una nueva reunión de Estados Parte de la Convención Americana, que se llevó a cabo en Bolivia en mayo del presente año, en preparación a la Asamblea General Ordinaria de la OEA a celebrarse en junio. En esta ocasión, fue aún más notoria la falta de un consenso sobre los aspectos que debería abarcar un verdadero proceso de fortalecimiento del sistema de derechos humanos, al punto que los asistentes invirtieron la mayor parte de los dos días de la cita en tratar de concertar una agenda para esa reunión.

En el marco de la Asamblea General Ordinaria realizada en Antigua, Guatemala, el gobierno ecuatoriano, a sabiendas de que no contaba con el suficiente respaldo, una vez más trató de imponer sus puntos de vista sobre las “debilidades” del sistema interamericano, en particular de la CIDH, pero en esta ocasión los Estados ni siquiera accedieron a debatir – menos aún a aprobar- la resolución que Ecuador propuso.

Poco antes de la realización de esta Asamblea, la Cancillería ecuatoriana promovió la candidatura a la Comisión del abogado que ha actuado como agente estatal en todos los casos ante los órganos regionales y universales de derechos humanos en que Ecuador ha sido denunciado. Una vez más, el Canciller emprendió una gira por distintos países de la región para tratar de obtener el respaldo al candidato gubernamental. No obstante, luego del conversatorio del que todos los candidatos a Comisionados participaron en el Consejo Permanente de la OEA, se volvió evidente que el propósito de la candidatura ecuatoriana era impulsar la misma agenda de debilitamiento del sistema desde adentro de la Comisión. Seguramente por eso, no se alcanzaron los votos suficientes para la elección de este funcionario. Tras estos nuevos fracasos, Ecuador advirtió una vez más que se retiraría del sistema interamericano.

A lo largo de este proceso, Ecuador no se ha encontrado completamente solo. Ha tenido el respaldo de los países de la Alba, y particularmente de Venezuela, que años atrás ya estableció el guión que hoy sigue el gobierno ecuatoriano y que tuvo por corolario la denuncia de la Convención Americana sobre Derechos Humanos en septiembre de 2012. Ecuador, que constantemente ha criticado a los Estados que no son parte de la Convención, no sólo no se sumó a los Estados que hicieron llamados para que Venezuela reconsidere su decisión y permanezca bajo el sistema convencional, en beneficio de sus ciudadanos, sino que la Cancillería, a través del Embajador Marco Albuja, entonces Vicecanciller y actual Representante Permanente ante la OEA, señaló que “es algo que entra en el fuero de la política interna de esa nación”. Resulta preocupante por tanto que esta decisión venezolana efectivamente influya en un eventual retiro por parte de Ecuador. Por ahora, el mismo Embajador Albuja, antes de su designación como Representante ante la OEA, expresó el 16 de septiembre de este año en su cuenta de twitter: “Cambios en CIDH son insuficientes, seguiremos impulsando su reforma, de no lograr éxito #Ec decidirá su permanencia. UNASUR es la alternativa”.

Las declaraciones de Albuja no son casuales. Estamos en presencia de una nueva arremetida por parte del Ecuador contra el sistema interamericano y sus organismos de protección, que se evidencia en una serie de nuevas estrategias como: no comparecer a las audiencias convocadas por la Comisión Interamericana para tratar temas sensibles como la situación del derecho a la libertad de expresión o la consulta previa e informada a los pueblos indígenas; eludir el debate sustancial en casos y peticiones individuales a partir de argumentos formales sobre supuesta falta de competencia de los órganos de supervisión; incumplir las decisiones no sólo de la Comisión sino también de la Corte Interamericana; y mantener un discurso desde las más altas esferas del poder que descalifica ya no sólo a los entes de supervisión sino también a la sociedad civil que acude a estos órganos en búsqueda de protección.

El propio Presidente de la República publicó en su cuenta de twitter el 29 de octubre de 2013, la siguiente secuencia de mensajes: “15 organizaciones «denuncian» al gobierno ecuatoriano ante la CIDH. ¡Ni las dictaduras tuvieron tantas «denuncias»! La realidad: una payasada más de los perdedores de las elecciones y la burocracia internacional: CORDES (O. Hurtado, financiado por Konrad Adenauer) Fundamedios (dueños de periódicos y, encima, tacaños, pues son finaciados por la USAID). Por la «izquierda»: Ecuarinari (PK), UNE (MPD) Comerciantes minoristas (MPD), etc. No nos vamos a prestar a estas payasadas, más aún mientras CIDH continúe en Washington. Un abrazo”.

Por el momento, parecería que, de concretarse las amenazas de un eventual retiro del Ecuador no sólo de la Convención Americana sino, según ha manifestado el Presidente, del sistema interamericano, es decir, de la OEA, esto no ocurriría antes del mes de junio de 2014, cuando tenga lugar la próxima Asamblea General en Uruguay. Sin embargo, para los ecuatorianos la mera posibilidad de que esto ocurra genera un sentimiento de desamparo, puesto que, aunque poco se conoce a nivel internacional, en el plano interno los mecanismos constitucionales de protección de los derechos humanos se vienen desmantelando y limitando desde el año 2009 cuando el poder ejecutivo asumió la postura de que tales recursos están siendo abusados por la ciudadanía. De hecho, durante un conversatorio con los corresponsales de la prensa extranjera el 20 de febrero de este año, el Presidente Correa afirmó «Haremos una nueva revisión de la Constitución y haremos las reformas que tengamos que hacer», entre otras razones, por el supuesto uso desmedido de las acciones constitucionales. Según estudios académicos, actualmente 9 de cada 10 acciones de protección son rechazadas in límine por las autoridades judiciales ecuatorianas, sin embargo, en aquellas en que el accionante es el propio Estado, el resultado siempre ha sido positivo. Tanto desde el poder ejecutivo, como desde el Consejo Nacional de la Judicatura, se ha girado instrucciones a los jueces –más bien advertencias- para que se abstengan de resolver a favor de la ciudadanía los planteamientos que pudieran afectar intereses del Estado.

Frente a este panorama desolador, ahora más que nunca los ecuatorianos necesitamos que la comunidad internacional levante su voz y exija al gobierno nacional una conducta respetuosa y garantista de los derechos de la ciudadanía, lo que necesariamente pasa por cesar el discurso estigmatizante contra todo aquel que emita una opinión diversa al régimen -con la consecuente polarización social- y además por preservar y asegurar la operatividad de la institucionalidad interna e internacional destinada a tutelar los derechos humanos, procurando efectivamente fortalecerla cada día más en lugar de debilitarla utilizando como pretexto la soberanía.