Por Katerina Parsons

Becaria de investigación y comunicaciones, Asociación para una Sociedad más Justa

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Luego de tres semanas, seis nuevas votaciones y numerosas jornadas de negociación entre partidos que se extendieron hasta altas horas de la noche, Honduras finalmente ha confirmado a los 15 magistrados que integran su nueva Corte Suprema de Justicia y que, como representantes de la máxima autoridad judicial del país, serán determinantes para las políticas y el derecho hondureño en los próximos siete años.

El proceso de selección se ha visto marcado por señalamientos de falta de transparencia y rendición de cuentas. Distintos informes han cuestionado a la Junta Nominadora por haber tardado en difundir los currículums de los aspirantes y los resultados de las pruebas de polígrafo. Además, la embajada estadounidense identificó públicamente a varios candidatos presuntamente vinculados con corrupción o delincuencia organizada.

Estas cuestiones, aunada a la ausencia de postulantes que representaran a los nuevos partidos opositores Libertad y Refundación (LIBRE) y Partido Anticorrupción (PAC), contribuyeron a la paralización del proceso electoral de la Corte Suprema, el primero en la historia del país que debió ser destrabado con votaciones sucesivas y secretas. Los dos partidos de oposición se negaron a votar por ninguno de los candidatos aprobados, lo que impidió que el Congreso alcanzar la mayoría de dos tercios necesaria para designar a los magistrados.

Mientras que el Congreso votaba seis veces a los mismos candidatos, la oposición acusó a los partidos tradicionales de intentar aprobar la conformación de una corte imperfecta y no representativa, mientras que estos últimos culparon a los partidos de oposición por haber obstruido el proceso constitucional como moneda de cambio para negociaciones políticas. Sin embargo, pese a las demoras y las protestas, el 11 de febrero el Congreso eligió a la nueva Corte Suprema.

Hay mucho en juego para la nueva Corte Suprema en Honduras, donde la corrupción política continúa minando el progreso democrático. Las iniciativas internacionales contra la corrupción, como la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH), de reciente aprobación, dependen de un sistema judicial robusto, algo que históricamente no ha existido en Honduras.

Ante la falta de divulgación de datos confiables y oportunos por la Junta Nominadora, la sociedad civil intervino para evaluar a los precandidatos a la Corte Suprema. Distintas organizaciones como la Fundación para el Debido Proceso Legal (Due Process of Law Foundation, DPLF), la Asociación para una Sociedad Más Justa (ASJ) y la American Bar Association (ABA) instaron a la Junta Nominadora a que, durante el proceso de selección, investigara minuciosamente los antecedentes de los candidatos y diera a conocer los criterios de evaluación.

Como se indicó en una nota anterior, el equipo de investigación de Revistazo.com, una revista digital independiente y una iniciativa de ASJ, creó una herramienta interactiva en línea que clasificaba a los candidatos en función de su desempeño en las audiencias públicas. A partir de mejores prácticas desarrolladas por DPLF para la selección de miembros de tribunales supremos, Revistazo creó una medición para evaluar los conocimientos jurídicos de los postulantes, su visión del sistema de justicia y su presencia pública y fiabilidad. Estas clasificaciones se publicaron en una base de datos en línea denominada “Ranking #JudiLeaks”, que permitía visualizar y compartir los resultados obtenidos por los candidatos.

Revistazo concluyó que los postulantes que finalmente se sometieron a consideración del Congreso representaban una combinación de los candidatos con las mejores y las peores posiciones en la clasificación. A medida que la nueva Corte se fue conformando gradualmente, con ocho magistrados confirmados el 28 de enero, tres el 9 de febrero y los últimos cuatro el 11 de febrero, se hizo evidente que también la composición definitiva de la Corte tendría estas características.

La nueva Corte Suprema de Honduras está conformada por diez hombres y cinco mujeres, y es presidida por Rolando Argueta, quien se desempeñó anteriormente como director de fiscales del Ministerio Público.

El análisis de Revistazo muestra que estos 15 miembros no son los más idóneos entre los aspirantes. Según la medición de Revistazo, ocho miembros de la Corte obtuvieron puntuaciones inferiores al 75%, apenas dos de los candidatos entre los “10 Mejores” de Revistazo llegaron a integrar la Corte y tres de los “10 Peores” obtuvieron un asiento (algunas observaciones formuladas sobre los candidatos: “nerviosa y confusa en sus respuestas”, “indecisa”, “pobreza en su argumentación jurídica”, “sin experiencia jurisdiccional”). De acuerdo con la clasificación de la Junta Nominadora oficial, 13 magistrados obtuvieron entre el 66% y el 75% en las evaluaciones, y ninguno consiguió resultados superiores al 85%.

Tal vez más preocupante aún, los magistrados no han estado exentos de posibles vinculaciones con corrupción. Según resultados publicados varios meses después de las pruebas, tres magistrados no superaron la prueba de polígrafo obligatoria, en la cual se les preguntó sobre nexos con la delincuencia y el narcotráfico. Uno de los candidatos cuestionados por la embajada estadounidense, Rafael Bustillo Romero, también consiguió un asiento en la Corte Suprema.

Si bien estas conclusiones son desalentadoras, el hecho de que esta información se haya hecho pública representa un adelanto para la transparencia. La presión ejercida por la sociedad civil concitó una atención sin precedentes en el proceso de postulación, y es posible que haya contribuido a que el mérito haya sido un factor más preponderante en la conformación de la Corte de lo que hubiera sido en un proceso sin supervisión.

La elección de la Corte Suprema mostró muchos aspectos de la complejidad de la política hondureña, la dificultad de lograr consensos entre los partidos y la imposibilidad casi absoluta de encontrar candidatos intachables en un contexto político de opacidad. También evidenció el poder de la sociedad civil de supervisar los resultados de los procesos políticos e incidir en ellos. En particular, a medida que los procesos de postulación se vuelven más tensos y partidistas, las organizaciones de la sociedad civil tienen un rol clave en la ejecución de evaluaciones políticamente imparciales y en la formulación de recomendaciones de reforma.

El proceso electoral para la conformación de esta Corte Suprema fue importante, pero lo más trascendental será el seguimiento que se haga durante los próximos siete años para asegurar que el tribunal imparta justicia en beneficio de la población hondureña. La participación de la sociedad civil y su compromiso con este seguimiento serán indispensables.

DPLF y ASJ colaboran en la producción de un informe que describe el proceso de elección de los magistrados de la Corte Suprema y presenta recomendaciones para mejoras. Los resultados se publicarán en marzo.