Las violencias invisibles contra juezas y fiscalas

Úrsula Indacochea*

Cuando en julio de 2021, la jueza Soledad Blácido ordenó al Congreso peruano suspender la elección de magistraturas al Tribunal Constitucional, ante evidencia de graves irregularidades, los diarios exhibieron la fotografía de su rostro en primer plano y los congresistas se unieron para calificarla como una “jueza de cuarta categoría” debido que ejercía el cargo en un régimen de provisionalidad. En Guatemala, la funcionaria judicial que más denuncias acumula en su contra -alrededor de 80- es Erika Aifán, valiente jueza a cargo de los complejos casos de corrupción contra las élites más poderosas del país. Para afectar su independencia, grupos de poder han llegado incluso a cuestionar su estabilidad mental, y a solicitar que se le practiquen pericias psiquiátricas. ¿Qué tienen en común estas formas de violencia? ¿Es la criminalización y la violencia contra las mujeres que integran los sistemas de justicia, diferente a la que enfrentan sus pares varones? 

El informe más reciente del Relator Especial de Naciones Unidas sobre la Independencia de Jueces y Abogados, Diego García-Sayán, titulado “Participación de la mujer en la administración de justicia”, aborda los diversos obstáculos que afectan la mayor presencia, ascenso, y permanencia de las mujeres en los sistemas de justicia. Entre ellos, resalta la particularidad de la violencia que afecta las mujeres que se desarrollan profesionalmente en el ámbito de la justicia, que reconoce impregnada de estereotipos de género, y que tiene un poderoso impacto en sus carreras profesionales. 

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Election workers look at a ballot during a partial recount of presidential and congressional elections in Tegucigalpa, Honduras, Tuesday, Dec. 5, 2017. The head of the election tribunal has not declared a winner for the Nov. 26 presidential elections. (AP Photo/Fernando Antonio)

El riesgo de elecciones generales sin justicia electoral en Honduras

Rafael Jerez*

El post 2017 en el sistema electoral

Las últimas elecciones generales celebradas en Honduras el 26 de noviembre de 2017 estuvieron marcadas por la tensión constitucional por motivo de la reelección presidencial del presidente Juan Orlando Hernández, calificadas de ¨muy baja calidad técnica y carente de integridad¨ por el secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Luis Almagro[1], y en las que según la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) se registraron por lo menos 23 fallecidos en un contexto postelectoral de graves violaciones a los derechos humanos[2].  

Partiendo de este escenario, con el acompañamiento de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la OEA y de organizaciones de la sociedad civil se promovió un proceso de reforma integral del sistema electoral. En diciembre de 2018, una misión de expertos en materia electoral de la OEA presentó un compendio de propuestas de reforma electoral al Congreso Nacional, una de las principales fue la separación institucional de la administración electoral y la resolución de los reclamos que se deriven de los procesos electorales y de la democracia interna de los partidos políticos[3].

Después de 15 años de vigencia del Tribunal Supremo Electoral (TSE) como organismo encargado de organizar los procesos electorales y resolver reclamos como instancia administrativa y la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) como máxima autoridad judicial en materia electoral, el 24 de enero de 2019 el Congreso Nacional reformó la Constitución de la República dando creación a un Consejo Nacional Electoral (CNE) y un Tribunal de Justicia Electoral (TJE). Con esta reforma, el CNE asumió las competencias administrativas en materia electoral y el TJE la condición de máxima autoridad en materia de justicia electoral formando parte orgánica del Poder Judicial.

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