La observancia de las Opiniones Consultivas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en Bolivia

Ramiro Orias Arredondo*

Publicado originalmente en Guardiana.

A propósito de la Opinión Consultiva OC 28/21 sobre “la figura de la reelección presidencial indefinida en el contexto del Sistema Interamericano de Derechos Humanos” emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), en Bolivia se ha abierto en un debate público en muchos casos falso o desinformado al menos— sobre el carácter obligatorio de esta decisión para el país.

Conforme al artículo 62 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH), los Estados parte tienen la facultad de declarar que reconocen como obligatoria la competencia de la Corte IDH sobre todos los casos relativos a la interpretación y aplicación de esta Convención, o solo para casos específicos. En el caso de Bolivia, el 27 de julio de 1993 el Estado reconoció de manera amplia la jurisdicción y competencia de la Corte IDH, declarando su “reconocimiento como obligatoria de pleno derecho, incondicionalmente y por plazo indefinido”.

Una de las formas en que esta Corte se pronuncia sobre la interpretación de la CADH es precisamente mediante las opiniones consultivas. Recordemos que el artículo 64.1 de la convención señala que “[l]os Estados miembros de la Organización podrán consultar a la Corte acerca de la interpretación de esta Convención o de otros tratados concernientes a la protección de los derechos humanos en los Estados americanos”.

Aquí, se presenta la cuestión de si ¿esa aceptación expresa de la competencia de la Corte IDH será obligatoria solo para los casos contenciosos? o ¿incluirá también las competencias no contenciosas?, como son las funciones consultivas de este tribunal, en las que técnicamente no hay una controversia en litigio, ya que constituyen consultas que las pueden formular cualquier Estado parte de OEA o los órganos de la organización establecidos en la Carta; por lo que se entiende que pueden acceder a este mecanismo, incluso los países que no reconocen como obligatoria la competencia de la Corte IDH.

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USO DE LA FUERZA POR PARTE DE LAS FUERZAS ARMADAS, EN POS DE LA REPÚBLICA

Comentario crítico a reciente sentencia del Tribunal Constitucional peruano 

Foto: El Comercio
Foto: El Comercio

David Lovatón Palacios[*][1]

Introducción

En pos de la República, Ensayos de historia política e intelectual” (Mc Evoy, 2013) es el título de un excelente libro de la historiadora Carmen Mc Evoy sobre valerosos pero aislados esfuerzos políticos e intelectuales, en parte de la historia republicana peruana durante los siglos XIX y XX, que bregaron por ideales republicanos como la igualdad ante la ley o la sujeción de las fuerzas armadas al orden constitucional.

El Tribunal Constitucional (TC) peruano publicó el pasado 18 de agosto en su página web, una importante sentencia expedida en el Expediente N° 00022-2011-PI/TC (http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2015/00022-2011-AI.pdf), un proceso de inconstitucionalidad interpuesto por 6,430 ciudadanos en contra de diversos artículos del Decreto Legislativo N° 1094 (Código penal militar policial) y del Decreto Legislativo N° 1095 (Reglas de empleo y uso de la fuerza por parte de las Fuerzas Armadas). Un pronunciamiento, por un lado, en torno a la constitucionalidad de los delitos de función tipificados y que pueden perpetrar militares y policías, y, por otro lado, respecto a las prerrogativas y límites de las Fuerzas Armadas en el uso de la fuerza en supuestos de estados de excepción, conflicto armado o protestas sociales.

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