La vida te da sorpresas: La revuelta social da paso a la transformación constitucional en Chile

Gonzalo Delamaza*

El momento constituyente abierto en Chile hace alrededor de un decenio experimentó un cambio cualitativo a fines de 2019: una masiva, diversa e intensa revuelta social se inició en octubre, en menos de un mes dio paso a un acuerdo de las fuerzas políticas mayoritarias para comenzar un inédito proceso constitucional. Así ocurrió, aunque el acuerdo no fuese respaldado por los manifestantes, ni se produjese diálogo o negociación alguna entre éstos y los partidos que patrocinaron el acuerdo. Un jalón de dicho proceso fue un plebiscito en octubre de 2020, en que la ciudadanía expresó masivamente su deseo de elaborar una Nueva Constitución a través de una Convención Constitucional (en adelante, la Convención), un cuerpo exclusivamente electo para abordar la tarea. La elección de sus integrantes se concretó el 15 y 16 de mayo recién pasados, junto a elecciones regionales (también inéditas) y locales, el cual arrojó varias sorpresas que modifican significativamente el panorama político actual y futuro de Chile. En la elección participó un 43,4% de los habilitados para hacerlo, menos que en el plebiscito de octubre (51%) pero más que en la última elección municipal (34%).[1]

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Proceso constituyente chileno: breve análisis de los desafíos jurídicos pendientes

Gonzalo Aguilar Cavallo y María Ignacia Sandoval*

El pasado 25 de octubre en forma abrumadoramente mayoritaria (78,27% de aprobación con un 50,90% de participación del padrón electoral) el pueblo de Chile votó por iniciar el proceso para adoptar una nueva Constitución y que la misma sea elaborada por una Convención Constitucional (más no, una Asamblea Constituyente) elegida por voto popular. Una vez lista, la nueva Constitución deberá ser aprobada mediante plebiscito que tendrá lugar en el año 2022. De esta manera, Chile comienza a dar una respuesta institucional a la profunda crisis social, cultural, ambiental y política cuyos orígenes se remontan a la denominada “revolución pingüina” (año 2006, reiterada en 2011, con su punto más álgido en 2019) y que llevó a este proceso constituyente. A continuación, un breve análisis de los desafíos jurídicos pendientes en este aún largo camino constitucional que recorrer.

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