Cinco significados del #1M para El Salvador

Úrsula Indacochea*

English version here.

El 1 de mayo de 2021, la Asamblea Legislativa de El Salvador resolvió –como primer acto en su primera sesión– remover de sus cargos a la totalidad de magistrados y magistradas titulares y suplentes de la Sala de lo Constitucional y al Fiscal General de la República, y designar directamente a sus reemplazos, colocando en estos cargos a un grupo de abogados y una abogada afines a sus intereses. Estos actos fueron condenados de forma unánime por organismos internacionales de derechos humanos y organizaciones civiles de toda la región, como una reedición de las nefastas experiencias autoritarias del pasado y como una amenaza actual a la democracia hemisférica. Un año después, sus impactos han sido múltiples; algunos de ellos han podido verse con mayor claridad con el paso del tiempo. En este artículo ofrezco cinco aproximaciones a estos hechos con el propósito de visibilizar sus distintos efectos. 

1. Violaciones graves a todas las garantías de la independencia judicial

El derecho internacional de los derechos humanos garantiza la independencia judicial, tanto a nivel institucional (del Órgano Judicial como un todo) como a nivel personal (de cada uno de los jueces y juezas de forma individual). Diversos organismos, tanto del sistema de las Naciones Unidas como del sistema interamericano, han desarrollado los contenidos de esta garantía: (i) un adecuado proceso de nombramiento, (ii) la garantía de la inamovilidad y (iii) la garantía frente a presiones externas. 

Los hechos del 1 de mayo vulneraron todas ellas, sin excepción. La remoción de altas magistraturas, basada en el contenido de sus decisiones, sin que exista una causa grave previamente establecida en la ley, y sin un debido proceso, violó la garantía de la inamovilidad de quienes integraban la Sala de lo Constitucional. Las presiones que forzaron las renuncias voluntarias de casi todos los magistrados legítimos de este órgano –mediante cartas con una redacción idéntica–, y el uso de la fuerza pública para tomar las instalaciones de la Corte Suprema de Justicia e impedirles el ingreso a sus despachos (además de instalar a sus reemplazos), violó la garantía frente a presiones externas. Finalmente, la designación directa y sin seguir el mecanismo de selección previsto en las normas internas violó la garantía que exige un adecuado proceso de selección.

Seguir leyendo

El medio ambiente en peligro ante la desprotección por la nueva Sala de lo Constitucional en El Salvador

Sandra Santos*

Según el artículo 246 de la Constitución de El Salvador, toda persona puede pedir amparo ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia por violación de los derechos que ella le otorga. A finales del año 2021, el Tribunal admitió cuatro demandas de amparo relacionadas al permiso ambiental concedido a una empresa particular para ejecutar el proyecto urbanístico llamado “Valle El Ángel” en el municipio de Apopa, departamento de San Salvador.  Por ello, es importante analizar si dichas decisiones implican un retroceso o un avance en la jurisprudencia constitucional.

El derecho al medio ambiente es un derecho fundamental que conlleva las siguientes facultades: (i) al goce de los recursos naturales, (ii) a que tal medio se preserve y (iii) a ser protegido frente a amenazas o lesiones a los dos derechos anteriores.

Seguir leyendo

Bitcoin y ciudadanía: ¿en dónde quedó la participación?

Wilson Sandoval*

Mucho se ha venido hablando del bitcoin en El Salvador. Por una parte, el Ejecutivo que controla el “poder de agenda” ha posicionado el tema desde la perspectiva “ganadora” que genera bienestar económico de la población y de “libertad e inclusión” que la ciudadanía puede tener frente a la banca tradicional, al punto de que el mismo presidente de la República se encarga desde sus redes sociales de exponer constantemente las “bondades” del activo virtual. Por otra parte, las organizaciones de la sociedad civil, la academia e incluso organismos multilaterales también han generado debate y cuestionamiento en torno al tema, especialmente en lo que respecta a los riesgos que puede implicar el uso del bitcoin gracias a su gran volatilidad, así como de las amenazas en relación con el lavado de activos y financiamiento del terrorismo. 

Sin embargo, más allá de continuar con los enfoques previos -centrados en el apartado económico y de gestión de riesgos del activo-, es importante hacer destacar un elemento que ha tenido poca cabida en la discusión que orbita el bitcoin: el proceso de formación de ley. Al revisar cual fue el proceso seguido para introducir a la denominada “Ley Bitcoin” en el sistema jurídico salvadoreño, es posible identificar ciertos aspectos que evidencian no solo la violación a diferentes principios que deben converger para garantizar la cabida del pluralismo de la sociedad en la aprobación de una ley, sino que también la supresión de la participación ciudadana de cara a una ley que implica un impacto directo en la economía salvadoreña y por consecuencia en la calidad de vida de las y los salvadoreños.

Seguir leyendo