Cuando el sistema de justicia mexicano discrimina: El caso del pueblo Masewal y la Inconstitucional Ley Minera

Francisco Xavier Martínez Esponda*

Hablar de minería en América Latina es hablar de procesos dolorosos de explotación de los pueblos indígenas, campesinos, afrodescendientes y de la Tierra misma. Como es sabido en los años noventa el Banco Mundial impulsó una serie de políticas a fin de favorecer la inversión privada en ciertos sectores como la minería, lo que supuso que más de cien países modificaran su legislación en dicha materia.[1] El efecto quedó a la vista muy pronto en las Américas: del río Bravo a Tierra del Fuego los conflictos socioambientales y las disputas por los territorios fueron aumentando y con ello la violación de los derechos humanos y la criminalización de la protesta. De acuerdo con el Observatorio de Conflictos Mineros en América Latina (OCMAL) se han documentado hasta el momento 284 conflictos en la región[2] y el fenómeno ha obligado a las personas y a los pueblos afectados a articularse para hacer frente a la amenaza, como es el caso de la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA), entre otras redes. El presente artículo da cuenta de la batalla judicial librada por el pueblo masewal en México en aras de cuestionar la constitucionalidad de la Ley Minera y del lamentable fallo emitido por la Suprema Corte.

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Suprema Corte de México ordena al Congreso legislar sobre consulta indígena

Poder Judicial ha cruzado la línea que separa la obligación de adecuar la legislación interna en materia de derechos humanos y la autonomía de los pueblos indígenas

Naayeli Ramírez Espinosa* y Daniel Cerqueira**

Publicado originalmente en el Blog del CEC.

El pasado 10 de junio la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ordenó al Congreso Federal emitir una ley que reglamente el derecho a la consulta previa, libre e informada (CPLI). Dictada en el marco de una acción de amparo presentada por tres personas indígenas, la sentencia se fundamenta en el artículo 6 del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre pueblos indígenas y tribales, y en el artículo 2° de la Constitución Federal mexicana, los cuales consagran el referido derecho fundamental de los pueblos indígenas. La resolución de la SCJN comparte los parámetros de una sentencia emitida por la judicatura federal el año pasado, dirigida al estado de Oaxaca, que ordenaba al congreso local adoptar una ley sobre CPLI. El 22 de febrero del presente año el congreso de Oaxaca dio cumplimiento a esta sentencia y publicó la Ley de Consulta Previa Libre e Informada de los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas.

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