La observancia de las Opiniones Consultivas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en Bolivia

Ramiro Orias Arredondo*

Publicado originalmente en Guardiana.

A propósito de la Opinión Consultiva OC 28/21 sobre “la figura de la reelección presidencial indefinida en el contexto del Sistema Interamericano de Derechos Humanos” emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), en Bolivia se ha abierto en un debate público en muchos casos falso o desinformado al menos— sobre el carácter obligatorio de esta decisión para el país.

Conforme al artículo 62 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH), los Estados parte tienen la facultad de declarar que reconocen como obligatoria la competencia de la Corte IDH sobre todos los casos relativos a la interpretación y aplicación de esta Convención, o solo para casos específicos. En el caso de Bolivia, el 27 de julio de 1993 el Estado reconoció de manera amplia la jurisdicción y competencia de la Corte IDH, declarando su “reconocimiento como obligatoria de pleno derecho, incondicionalmente y por plazo indefinido”.

Una de las formas en que esta Corte se pronuncia sobre la interpretación de la CADH es precisamente mediante las opiniones consultivas. Recordemos que el artículo 64.1 de la convención señala que “[l]os Estados miembros de la Organización podrán consultar a la Corte acerca de la interpretación de esta Convención o de otros tratados concernientes a la protección de los derechos humanos en los Estados americanos”.

Aquí, se presenta la cuestión de si ¿esa aceptación expresa de la competencia de la Corte IDH será obligatoria solo para los casos contenciosos? o ¿incluirá también las competencias no contenciosas?, como son las funciones consultivas de este tribunal, en las que técnicamente no hay una controversia en litigio, ya que constituyen consultas que las pueden formular cualquier Estado parte de OEA o los órganos de la organización establecidos en la Carta; por lo que se entiende que pueden acceder a este mecanismo, incluso los países que no reconocen como obligatoria la competencia de la Corte IDH.

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