Protecting Victims’ Identities in Doe v. Chiquita: Amicus filed before US Supreme Court*

Allie Lee** and Allie Brudney***

On July 8, 2021, Corporate Accountability Lab filed an amicus brief asking the US Supreme Court to grant certiorari in the case, Doe v. Chiquita Brands International. The case was brought by the family members of trade unionists, banana workers, political organizers, social activists, and others targeted and killed by the United Self-Defense Group of Colombia (Autodefensas Unidas de Colombia, AUC), a right-wing paramilitary organization in Colombia funded in part by Chiquita, the US-based multinational banana company. The plaintiffs are suing Chiquita, alleging that Chiquita aided and abetted the AUC by financing them.

The question at issue before the Supreme Court is technical and narrow: whether a party that challenges a protective order that both parties stipulated to should bear the burden of showing good cause for the modification. What this actually means is that the petitioners (a sub-group of plaintiffs) are asking the Court to review the 11th Circuit’s decision to lift the protective order that allows them to proceed without their names, addresses, phone numbers, or employment information being revealed to the public. Thus far, although Chiquita has access to these petitioners’ identifying information, the protective order has prevented the information from becoming public. If the petitioners’ identities are to become public, many of them will be at high risk of physical harm, and may even be killed.

The amicus brief — signed by eleven international human rights organizations and one Colombian law firm — argue that the protective order should not be lifted, as revealing the petitioners’ identities would put their lives at risk. 

This blog post begins by providing background on the Doe v. Chiquita case. Next, it explains the procedural history behind the protective order and why the Supreme Court should review the Appellate Court’s decision, outlining the danger that human rights defenders in Colombia face. Finally, we discuss why it is important that communities impacted by corporate abuse are able to safely obtain remedies and hold offending corporations accountable. 

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Protección de la identidad de las víctimas en el caso Doe vs. Chiquita: Amicus presentado ante la Corte Suprema de Estados Unidos*

Allie Lee** y Allie Brudney***

El 8 de julio de 2021, Corporate Accountability Lab presentó un memorial de amicus curiae solicitando a la Corte Suprema de Estados Unidos que conceda el certiorari en el caso, Doe v. Chiquita Brands International. El caso fue presentado por los familiares de sindicalistas, trabajadores del sector bananero, organizadores políticos, activistas sociales y otras personas atacadas y asesinadas por las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), una organización paramilitar de derecha en Colombia financiada en parte por Chiquita, la empresa bananera multinacional con sede en Estados Unidos. Los demandantes han interpuesto una querella contra Chiquita, alegando que Chiquita fue cómplice de las AUC financiándolas.

La cuestión que se plantea ante la Corte Suprema es técnica y estrecha: si una parte que impugna una orden de protección que ambas partes estipularon debe soportar la carga de demostrar la buena causa de la modificación. Lo que esto significa en realidad es que los peticionarios (un subgrupo de demandantes) piden a la Corte que revise la decisión del 11º Circuito (la Corte de Apelaciones) de levantar la orden de protección que les permite proceder sin que sus nombres, direcciones, números de teléfono o información laboral sean revelados al público. Hasta ahora, aunque Chiquita tiene acceso a la información de identificación de estos peticionarios, la orden de protección ha impedido que la información se haga pública. Si las identidades de los peticionarios se hacen públicas, muchos de ellos correrán un alto riesgo de sufrir daños físicos, e incluso podrían ser asesinados.

El escrito de amicus curiae – firmado por once organizaciones internacionales de derechos humanos y un bufete de abogados colombiano – argumenta que la orden de protección no debe ser levantada, ya que revelar la identidad de los peticionarios pondría en peligro sus vidas. 

Esta entrada del blog comienza proporcionando los antecedentes del caso Doe vs. Chiquita. A continuación, se explica la historia procesal detrás de la orden de protección y por qué la Corte Suprema debe revisar la decisión de la Corte de Apelaciones, destacando el peligro que enfrentan los y las defensores/as de derechos humanos en Colombia. Por último, discutimos por qué es importante que las comunidades afectadas por los abusos de las empresas puedan obtener recursos de forma segura y hacer que las empresas infractoras rindan cuentas. 

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