Audiencias de custodia disminuyen el uso de la prisión preventiva pero muestran problemas estructurales en el sistema de justicia brasileño

Por: Mirte Postema

Encabezó el Programa de independencia judicial de DPLF entre el 2009 y el 2015. Actualmente es Fellow para derechos humanos y reforma de la política criminal y carcelaria en las Américas en el Centro de Derechos Humanos de la Escuela de Derecho de la Universidad de Stanford 

Publicado originalmente en  ilg2.org

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La prisión preventiva debe ser una medida excepcional. De acuerdo al sistema interamericano de derechos humanos (compuesto por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos con sede en Washington, D.C., y la Corte Interamericana de Derechos Humanos con sede en San José, Costa Rica), un Estado sólo la puede aplicar por propósitos procedimentales, es decir, cuando hay un riesgo de que el acusado pueda escapar (y que, por ende, no pueda seguirse el proceso judicial) y/o cuando la investigación o las diligencias puedan ser afectadas. Incluso en estas situaciones —que deben ser corroboradas con hechos y no suposiciones— la aplicación de la prisión preventiva debe ser necesaria, limitada, proporcional y revisada periódicamente. La mera existencia de indicios de culpabilidad del acusado no es suficiente para la aplicación de la prisión preventiva.

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