“Juicios paralelos”: razón de ser y riesgos

Luis Pásara*

Cuando me hice abogado, el tratamiento de la prensa a los procesos judiciales era relativamente conciso y  discreto. Los casos que conocía la justicia –como aquellos que eran investigados por la policía– merecían cortas notas informativas, circunscritas a dar cuenta de los avances del asunto, usualmente relegadas a páginas interiores. Salvo casos sobresalientes –en razón de los protagonistas o de circunstancias extraordinarias– los asuntos judiciales usualmente merecían poca atención. 

¿Qué ha hecho que, en estos tiempos, las notas referidas a asuntos que ocupan a los tribunales sean materia de primeras planas en los diarios y de titulares en los noticieros de televisión, que en su desarrollo parecen competir con las decisiones judiciales, incluso adelantándose a ellas? En estas notas se presta atención al curso seguido por justicia y medios de comunicación hasta llegar a la desembocadura actual, al tiempo que se propone algunas pistas para identificar las razones subyacentes a ese proceso.

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Retos en la atención a migrantes que se encuentran en México

Rita M. Robles Benítez*

De manera constante, tanto gobiernos como medios de comunicación, presentan a los procesos migratorios como una crisis y por lo tanto como un problema, pero esto no es necesariamente cierto. En México la migración ha estado presente a lo largo de su historia, tanto como país expulsor, como país receptor y de tránsito, la diferencia radica en la forma en que han sido atendidos los flujos migratorios en los distintos momentos. Tenemos distintos ejemplos que han resultado positivos tales como la protección que se hizo a los refugiados españoles,[1]chilenos, salvadoreños y guatemaltecos.[2]

En el caso de Guatemala y en Salvador, los acuerdos de paz no fueron suficientes para que las personas que en su momento fueron retornadas, encontraran condiciones para continuar viviendo en sus lugares de origen, razón por la que, tiempo después, volvieron a cruzar la frontera con México ya no como refugiados, si no como migrantes indocumentados. Las consecuencias de los conflictos armados en Centroamérica se siguen viviendo hoy en estos países; sumándose otras causales como pobreza, exclusión, desempleo, violencia de género, violencia derivada de los altos niveles de inseguridad que se viven sobre todo en Honduras, Guatemala y El Salvador.

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Bitcoin y ciudadanía: ¿en dónde quedó la participación?

Wilson Sandoval*

Mucho se ha venido hablando del bitcoin en El Salvador. Por una parte, el Ejecutivo que controla el “poder de agenda” ha posicionado el tema desde la perspectiva “ganadora” que genera bienestar económico de la población y de “libertad e inclusión” que la ciudadanía puede tener frente a la banca tradicional, al punto de que el mismo presidente de la República se encarga desde sus redes sociales de exponer constantemente las “bondades” del activo virtual. Por otra parte, las organizaciones de la sociedad civil, la academia e incluso organismos multilaterales también han generado debate y cuestionamiento en torno al tema, especialmente en lo que respecta a los riesgos que puede implicar el uso del bitcoin gracias a su gran volatilidad, así como de las amenazas en relación con el lavado de activos y financiamiento del terrorismo. 

Sin embargo, más allá de continuar con los enfoques previos -centrados en el apartado económico y de gestión de riesgos del activo-, es importante hacer destacar un elemento que ha tenido poca cabida en la discusión que orbita el bitcoin: el proceso de formación de ley. Al revisar cual fue el proceso seguido para introducir a la denominada “Ley Bitcoin” en el sistema jurídico salvadoreño, es posible identificar ciertos aspectos que evidencian no solo la violación a diferentes principios que deben converger para garantizar la cabida del pluralismo de la sociedad en la aprobación de una ley, sino que también la supresión de la participación ciudadana de cara a una ley que implica un impacto directo en la economía salvadoreña y por consecuencia en la calidad de vida de las y los salvadoreños.

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Should Argentina Exercise Universal Jurisdiction over the Rohingya case?

Naomi Roht-Arriaza*

Versión en español aquí.

Judges listened attentively as Maun Tung Khin argued, in English, before an Argentine appeals court via videolink.  He reminded the judges of attacks on his community half a world away in Myanmar, carried out by military and paramilitary forces. Villages attacked, women raped, families forced to flee as their homes were burned; it is impossible to attain justice at home, he added.  The judges thanked him, as they considered whether Argentina should accept jurisdiction over the crimes committed against Khin’s ethnic community, the Rohingya.

On November 13, 2019, the Burmese Rohingya Organization (UK) brought a case to the Argentine courts alleging that military forces committed genocide and crimes against humanity between 2012 and 2018 against Rohingya communities.  The complaint recounted a history of discrimination, denial of citizenship and oppression, escalating after 2012 to include massive attacks on communities, killings, torture, mass rape and finally displacement of Rohingya communities.  Hundreds of thousands of Rohingya fled Myanmar into neighboring Bangladesh to escape the army. The complainants asked Argentina to hear the case against the leadership of the Tatmadaw (military) under the principle of universal jurisdiction.

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¿Debería ejercer Argentina la jurisdicción universal en la causa de los rohinyás?

Naomi Roht-Arriaza*

English version here.

Los jueces escucharon atentos la declaración que prestó en inglés, por videoconferencia, Maun Tung Khin ante un tribunal de apelaciones argentino. En su testimonio, relató a los jueces los ataques que perpetraron fuerzas militares y paramilitares contra su comunidad en Myanmar, al otro lado del mundo. Describió ataques a aldeas, violaciones de mujeres, familias obligadas a huir cuando quemaron sus casas, y agregó: es imposible obtener justicia en mi país. Los jueces le agradecieron, mientras consideran si Argentina debería aceptar la jurisdicción respecto de delitos cometidos contra la comunidad étnica de Khin, los rohinyás.

El 13 de noviembre de 2019, la Burmese Rohingya Organization (Reino Unido) inició acciones ante la justicia argentina en las que alega que, entre 2012 y 2018, fuerzas militares cometieron genocidio y crímenes de lesa humanidad contra comunidades rohinyás en Myanmar.  En la demanda se describe un repertorio de hechos de discriminación, denegación de ciudadanía y opresión, que se agudizaron después de 2012, al punto de incluir ataques generalizados a comunidades, ejecuciones, torturas, violaciones sexuales masivas y, por último, el desplazamiento de comunidades rohinyás. Cientos de miles de rohinyás huyeron de Myanmar al país vecino de Bangladés para escapar del Ejército. Los demandantes solicitaron que Argentina conozca el caso contra los líderes del Tatmadaw (Ejército) al amparo del principio de jurisdicción universal.

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A mitad del camino: el gobierno de AMLO y los derechos indígenas en México

Rodrigo Llanes Salazar*

En la primera mitad de su gobierno, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (o AMLO, como es conocido) prometió una nueva relación entre el Estado mexicano y los pueblos indígenas del país. Como parte de esta nueva relación, en su toma de protesta como mandatario, AMLO fue el primer presidente mexicano en recibir el bastón de mando por parte de actores políticos indígenas. El gobierno de AMLO transformó la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas en el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), nombrando como director a un especialista en derechos de los pueblos indígenas, Adelfo Regino Montes, y anunció una nueva reforma constitucional que incorporaría los Acuerdos de San Andrés, esto es, los acuerdos a los que llegaron el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) y el Estado Mexicano en 1996 para reconocer la autonomía de los pueblos indígenas, entre otros derechos.

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No hay que empezar de cero: Recomendaciones iniciales para un proceso de justicia transicional en Venezuela*

Katya Salazar** y Ramiro Orías***

¿Qué haremos con el legado de gran corrupción y graves violaciones de derechos humanos que dejará este gobierno? ¿Algún día tendremos una ‘verdad oficial’ sobre lo que ocurrió? ¿Está el sistema de justicia venezolano preparado para juzgar a los responsables de los delitos cometidos? ¿Qué reformas hay que implementar para que estos hechos no se repitan? ¿Cómo aprovechar las herramientas del derecho internacional y la experiencia comparada? 

Venezuela vive un contexto de corrupción institucionalizada, donde se han venido cometiendo graves violaciones de derechos humanos de forma sistemática y generalizada[1], en el marco de un “proceso gradual de desintegración de las instituciones democráticas y de colapso del Estado de derecho[2], dando lugar a una situación de total impunidad que sólo exacerba las vulneraciones[3].

El objetivo de este artículo es esbozar algunas recomendaciones iniciales que, basadas en el marco legal de la justicia transicional y la experiencia comparada, puedan ser útiles para los dilemas que debe asumir una transición exitosa en Venezuela.

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Hacia la cooptación del poder judicial: ¿qué hay detrás de las últimas decisiones de la Sala Constitucional en El Salvador?*

Leonor Arteaga Rubio**

El viernes 3 de septiembre, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de El Salvador emitió un fallo que faculta la reelección presidencial consecutiva, pese a que la Constitución expresamente lo prohíbe (ver: arts. 88 y 152.1). Esta decisión permitiría al actual presidente Nayib Bukele buscar la reelección en 2024, y de esta manera la Sala emula a otras cortes en el continente que han intervenido a través de cuestionados fallos sobre la prohibición a la limitación de la reelección presidencial, habitualmente en ausencia de un amplio consenso nacional y en beneficio del poder de turno.  

La decisión del tribunal constitucional -ahora controlado por el gobierno- se suma a otras acciones contrarias a la democracia y el Estado de derecho que ha protagonizado la actual administración desde su llegada al poder en junio de 2019 y, particularmente en los últimos meses. 

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La criminalización de la interrupción del embarazo: ¿es posible un cambio de la situación en Honduras?

Lucas Valderas Martos*

La Corte Suprema de Justicia de Honduras (CSJ) ha aceptado a trámite el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por 20 organizaciones sociales contra el artículo 196 del Código Penal y el artículo 67 de la Constitución de la República de Honduras. La primera de estas normas criminaliza cualquier forma de interrupción voluntaria del embarazo; la segunda, prohíbe cualquier forma de interrupción voluntaria del embarazo y establece un procedimiento de reforma constitucional agravado para el levantamiento de esta prohibición. 

La decisión de la CSJ permitirá por primera vez una discusión jurídica sobre la criminalización absoluta de la interrupción voluntaria del embarazo. Esto constituye una novedad histórica para Honduras, que permanece entre los cinco países de América Latina que a la fecha mantiene una posición de criminalización absoluta, como lo destacó la Plataforma Somos Muchas, promotora del recurso.

Efectivamente, si el fondo del recurso fuera aceptado por la Corte, cambiaría drásticamente el marco normativo que regula el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos en el país. Como primer impacto, se produciría la derogación del artículo 196 del vigente código penal, lo que paralizaría la persecución penal abierta contra mujeres por este delito, tanto en aplicación del nuevo código como por el que le antecedió, vía la aplicación retroactiva de la norma más favorable.

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The Forced Exile

Juan Francisco Sandoval*

Versión en español aquí.

On March 5, 2003, I joined Guatemala’s Public Prosecutor’s Office as an intern, as part of my mandatory criminal practice, during my undergraduate studies in legal and social sciences at the State University of San Carlos, Guatemala (Universidad de San Carlos de Guatemala). I never imagined that this initial internshipwould turn into a love for the defense of truth and justice, and that I would later participate in the prosecution and trial of three Guatemalan presidents, a vice president, dozens of legislators, state ministers, magistrates,and judges. All of these officials, and in turn cases, shared the common characteristic of having served as part of illicit political and economic networks that sought to generate impunity for their crimes.

The opportunity to work in public service allowed me to bring a little hope to the people of Guatemala who –like the majority of Latin American countries– have been destined to a history and  life of eternal resistance in the face of injustice.

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