¿Qué puede hacer el derecho de acceso a la información para fortalecer la independencia judicial? Nuevas miradas para un viejo problema

 

Ursula  Indacochea, Oficial de Programa Sénior DPLF

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Es probable que nadie discuta la importancia de seleccionar a personas independientes para ocupar los altos cargos de las instituciones de justicia. Es probable que nadie discuta, tampoco, la importancia de que estas designaciones sean acompañadas y vigiladas por la ciudadanía, pues como bien ha señalado la CIDH, eso permite evitar influencias indebidas de otros poderes, y facilitar la identificación del mérito y capacidades profesionales de los candidatos. Pero para que eso suceda, los ciudadanos necesitan información.

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Garantías para una justicia independiente en Bolivia y el Reglamento de Preselección de candidatos a las más Altas Cortes

 Ramiro Orías

Oficial de Programa Sénior DPLF

 

Ursula Indacochea

Oficial de Programa Sénior,

Coordinadora del Área de Independencia Judicial en DPLF

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 Bolivia es el único país de la región -y quizás del mundo- que elige a la totalidad de sus jueces de altas cortes, por voto popular y universal. Cada seis años, bolivianos y bolivianas deben acudir a las urnas para definir con su voto, quiénes integrarán el Tribunal Supremo de Justicia, el Tribunal Constitucional Plurinacional, el Tribunal Agroambiental, y el Consejo de la Magistratura de Bolivia. Así lo estableció el texto constitucional promulgado en febrero de 2009, luego de ser aprobado en referéndum nacional.

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¿Es el voto directo, adecuado para elegir a altas autoridades judiciales? Reflexiones sobre la elección de altos magistrados en Bolivia

 

Ursula Indacochea

Oficial Sénior de Programa, DPLF

Publicado previamente en la Revista Reforma Judicial, revista informativa del órgano judicial de Bolivia

Sucre, No. 02, noviembre 2016

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Desde febrero de 2009, la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia establece –en sus artículos 182.I, 188.I, 194.I y 198- que los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, del Tribunal Agroambiental, del Tribunal Constitucional Plurinacional y hasta del Consejo de la Magistratura, deben ser elegidos por sufragio universal, de una lista de candidatos establecida previamente por la Asamblea Legislativa Plurinacional.

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México y el costo de la improvisación: a propósito de la designación del nuevo Procurador General

Úrsula Indacochea

Oficial de  Programa  Sénior, DPLF

Publicado en Animal Político

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La semana pasada, en México, se designó un nuevo titular para la Procuraduría General de la República. El procedimiento vigente, establece que esta designación corresponde al Presidente de la República, y que debe ser ratificada por el Senado. La intervención de dos órganos distintos en el proceso de selección, es una práctica que, en teoría, genera incentivos para que los nominados sean personas sin afinidades políticas evidentes, y por tanto, más independientes. Pero sin transparencia y control ciudadano efectivo, la idoneidad queda al azar y la independencia es sólo aparente. Y el precio que un país puede terminar pagando por ello, al final del camino, puede ser muy alto.

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DESÍGNANSE JUECES: MACRI Y LA SOCIEDAD CIVIL IGNORADA

 

Por: Ursula Indacochea Prevost

Oficial de Programa Sénior de DPLF

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Foto: Big Bang News

Desígnanse jueces, dice el polémico Decreto 83/2015 que el 14 de diciembre pasado firmó Mauricio Macri, el electo Presidente de la República Argentina, para designar a dos integrantes de la Corte Suprema de Justicia de su país[1]. Utilizó para ello, un mecanismo excepcional previsto en la Constitución Nacional (en su artículo 99 inciso 4) que le permite nombrar directamente funcionarios “en comisión” –no sólo jueces- cuya designación requiera el acuerdo del Senado, y cuyas plazas vacantes ocurran durante el periodo de receso legislativo. Se trata –además- de nombramientos temporales, que expiran al fin de la legislatura siguiente. Mala maniobra política. Pero sobretodo, olvido mayúsculo de un protagonista esencial en todo proceso de elección de miembros de altas cortes: la sociedad civil.

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