Promoviendo derechos humanos en Cuba: la odisea de Hablemos Press

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Desde hace algunos años, América Latina viene siendo catalogada como una de las regiones más mortíferas del planeta para el ejercicio del periodismo. Según el último Informe Anual de Reporteros Sin Fronteras, México y Brasil encabezan el vergonzoso ranking de países donde más asesinan a periodistas, seguidos de Colombia y Paraguay. A diferencia de aquellos países donde la cobertura de temas sensibles tales como la corrupción y el narcotráfico equivale a una condena de muerte, los riesgos asociados al periodismo tienen una naturaleza un tanto inverosímil en Cuba.

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El grupo de Ayotzinapa

Por: Nelson Camilo Sánchez León

Publicado originalmente en Dejusticia

Foto: ISABEL SANGINÉS/SomoselMedio.org

Foto: ISABEL SANGINÉS/SomoselMedio.org

El tema es omnipresente. Nos bajamos del avión en la Ciudad de México y lo primero que se ve colgar de los stands de revistas son periódicos que hablan sobre el informe recién lanzado por el Grupo de Expertos de la CIDH sobre Ayotzinapa. Lo mismo sucede al subirnos al taxi. En la radio se presentan sondeos de opinión que señalan que más del 97% de la población del país conoce del caso, y que más del 80% discrepa de la versión de la Procuraduría General de la República (PGR). Es decir, no cree la versión oficial de que los 43 estudiantes fueron asesinados y sus cuerpos incinerados. La población, así como las víctimas, exigen mayor investigación, y el informe del Grupo de Expertos cae como anillo al dedo a esa demanda. 

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Magra OEA recibe Almagro

Autor: Nelson Camilo Sánchez*

4926439313_320d18de03_zCasi al borde de anunciar en los diarios: “Se busca Secretario General para prestigiosa organización internacional” estuvo la Organización de Estados Americanos (OEA). Hacia mediados de marzo, su Asamblea General se reunirá de manera extraordinaria para elegir por aclamación al único candidato en contienda, el Ex Canciller uruguayo Luis Almagro. Así se cerrará el que quedará para la historia como el más lánguido, aburrido y penoso proceso de designación de quien dirigirá, por cinco años, los destinos de una de las organizaciones regionales más antiguas del mundo.

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Ecuador, tras la equivocada huella de Venezuela en la OEA

Autor: Nelson Camilo Sánchez – Americas Quarterly*

Pese a que la Cancillería ecuatoriana reportó de manera optimista la semana pasada que los países del continente “avanzan para una decisión de consenso sobre el cambio de sede de la CIDH,” otra parece ser la realidad frente a lo que opinan sus pares sobre esta materia.

La declaración ecuatoriana se produjo tras la terminación de la III Conferencia de los Estados Parte de la Convención Americana de Derechos Humanos, llevada a cabo el 21 y 22 de enero en Montevideo. Estas reuniones han sido promovidas por el grupo de países Alianza Bolivariana Para Los Pueblos De Nuestra America (ALBA) desde hace un poco más de un año como forma de mantener la discusión sobre lo que consideran debe ser el futuro de los órganos de derechos humanos de la Organización de Estados Americanos (OEA).

Como en sus dos ediciones anteriores, realizadas en Guayaquil y Cochabamba, a la reunión no fueron invitados todos los gobiernos de la OEA, sino solo aquellos que han ratificado la Convención de Derechos Humanos. Una movida política para acelerar las discusiones sin el contrapeso de países que se han opuesto a la visión del ALBA, como Estados Unidos y Canadá.

La apuesta ecuatoriana para esta reunión era consolidar una de sus prioridades: el traslado de la sede de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a un país latinoamericano. Y llegó con gran expectativa, pues con la ayuda de Uruguay, Ecuador presentó un informe técnico en donde, a su juicio, allanaba el camino para un apoyo masivo de los demás países.

Dicho informe sostiene que serían más los pros que los contras en el traslado, que la solución no requiere de un cambio legal muy complejo (pues simplemente se requeriría una modificación al estatuto de la CIDH) y que no requeriría de una inversión de fondos muy alta. El informe estima que el costo sería de tan solo 1.4 millones de dólares y propone repartir ese monto en cuotas diferenciadas por países que van desde los 100 mil a los cinco mil dólares.

Pero el lánguido resultado de Montevideo parece indicar que el propósito ecuatoriano de mantener la discusión va en decadencia. La convocatoria fue menor de lo esperado: solamente 14 de los 23 convocados asistieron a la cita. Venezuela, el gran aliado ecuatoriano en esta causa, no pudo asistir porque al retirarse de la Convención, perdió su derecho a ser invitada.

Las delegaciones además tuvieron un bajo perfil. Solo cuatro cancilleres se presentaron, incluyendo a Patiño, el canciller ecuatoriano y al dueño de casa, Luis Almagro. Ellos fueron acompañados por el canciller haitiano y por el canciller argentino, Héctor Timerman, quien incluso se retiró antes de terminar la reunión.

Según los pocos reportes que existen de lo sucedido (pues estas reuniones son a puerta cerrada), el consenso fue muy difícil en la sala. El borrador de declaración que había sido sometido a consideración de los participantes se aprobó luego de una serie de modificaciones que habrían sido promovidas por Colombia, Brasil y Chile. Además, México, Costa Rica, Panamá y Paraguay reservaron su posición hasta que los puntos financieros sean discutidos en los foros correspondientes de la OEA.

Al final, el tema del cambio de sede no llegó a ningún lado. El acuerdo final simplemente fue profundizar el estudio del informe inicial. Ningún país quiso hacerse cargo por ahora de la CIDH y por eso la declaración los exhorta a “expresar su interés en hospedar de forma permanente” a la comisión. Para completar, el Embajador paraguayo, Eladio Loizaga, en una entrevista criticó la propuesta aduciendo que el cambio de la sede de la CIDH “no pasa por el traslado” sino más bien por revisar procedimientos y entender “que el compromiso con los derechos humanos no solo pasa por el orden político.”

El gran riesgo de este revés de la cruzada del gobierno ecuatoriano es que cumpla su amenaza de denunciar la Convención Americana. Algunas fuentes de ese país aducen que la cancillería estaría estudiando retirarse de la propia Carta de la OEA y salirse del órgano político.

Esto sería un enorme retroceso para la región y un peligro serio para el pueblo ecuatoriano. Sin supervisión internacional sería casi imposible confrontar los desafueros del poder, que se pueden presentar en este o en cualquier otro gobierno. No importa la ideología.

Y además sería un retroceso para el propio gobierno ecuatoriano. Los foros políticos de la OEA son de los pocos escenarios—si no el único—en donde los países latinoamericanos le pueden hablar de tú a tú a los Estados Unidos, si es que de eso se trata lo que está detrás del problema.

Esta situación debería ser tomada como una prioridad por el grupo de países que ha sido encargado de promover que los Estados de la OEA que no lo son, se hagan parte de la convención. Es necesario actuar pronto y no tener que lamentarnos como sucedió con Venezuela. La acción diplomática de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) podría ser crucial.

Es una delicada situación que requiere una fina diplomacia: no se puede ceder a los intereses mezquinos de debilitar un sistema de protección de los derechos humanos por la incomodidad de un gobierno, pero a nadie le sirve un sistema que pierde sus miembros a cuenta gotas.

* Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad, Dejusticia – www.dejusticia.org

*Nelson Camilo Sánchez is a researcher at Dejusticia. He is a professor at theUniversidad Nacional de Colombia.

*Vea el post original aquí

EL FUTURO DE LA REFLEXIÓN SOBRE EL FUTURO DEL SISTEMA INTERAMERICANO

Autor: Nelson Camilo Sánchez, Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad – Dejusticia

Nelson Camilo Sánchez, Dejusticia (Colombia) (foto Dejusticia)

Nelson Camilo Sánchez, Dejusticia (Colombia) (foto Dejusticia)

Semanas después del cierre oficial del proceso de reflexión sobre el futuro del sistema interamericano de derechos humanos, existen diversas interpretaciones sobre los resultados del proceso, sobre su continuidad y sobre su futuro.

Por más que existan opiniones divergentes, no debe perderse de vista que las contradictorias evaluaciones sobre los resultados del proceso se deben, en buena parte, a que algunos Estados usaron el tema de los derechos humanos como un simple comodín o excusa para la disputa de diversos intereses políticos. Pero más allá de algunas divergencias, el proceso de discusión sobre las facultades de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que se cerró el 22 de mayo, deja algunos acuerdos fundamentales; así como tareas pendientes para seguir reforzando el seguimiento a las obligaciones de los Estados en materia de derechos humanos.

Una primera cuestión que merece seguimiento es la discusión sobre cómo continuar el diálogo con respecto a los temas fundamentales del sistema interamericano. El proceso abierto con el grupo de trabajo de reflexión y, particularmente, el mandato dado por la Asamblea Permanente en Cochabamba, Bolivia, se cerró con la Resolución emitida por la Asamblea General Extraordinaria del 22 de marzo. No obstante, la resolución deja abiertos canales de diálogo entre los órganos políticos (como el Consejo Permanente de la OEA) y los órganos técnicos (Comisión y Corte Interamericanas). Así debe ser, pues el debate sobre el cumplimiento de los derechos humanos concierne a unos y otros. Además, la Organización de los Estados Americanos no es otra cosa que un foro de discusión.

Una hoja de ruta para un diálogo interactivo y fructífero lo trazó la propia respuesta de la CIDH a las recomendaciones de los Estados. Allí se establecen espacios institucionalizados tanto con órganos políticos como con víctimas y usuarios del sistema en donde se deben canalizar los aspectos aun no abordados del proceso de fortalecimiento. Por el contrario, seguir llevando la discusión sobre el futuro del sistema a escenarios ajenos a la OEA, que carecen de legitimidad, participación y transparencia será no solo un incumplimiento de lo que establece el consenso alcanzado en la Asamblea General, sino una amenaza permanente para el futuro de los derechos en las Américas.

La segunda tarea pendiente de seguimiento que se deriva del mandato de la Asamblea es el diálogo político entre organización y Estados, así como entre Estados, dirigido a la universalización de las obligaciones y la ratificación de todos los tratados de derechos humanos de la Organización. Aquí el debate finalmente se canalizó en quienes realmente pueden tomar decisiones para eliminar esta distorsión actual del sistema. Son los Estados soberanos los que ratifican los tratados y son sus pares los que pueden persuadirlos de ello en el actual escenario de relaciones internacionales. Pretender, como se hizo durante todo este proceso, que la falta de ratificación de tratados es un problema que debe solucionar la CIDH es generar una carga que distorsiona el trabajo del órgano de verificación, y posponer en últimas la solución al problema.

La tercera cuestión a dar seguimiento radica en el tema de la correcta y adecuada financiación del sistema de derechos humanos. Los generosos discursos de muchos cancilleres el día de la Asamblea deben ser ahora puestos en práctica. Varios de ellos ofrecieron su apoyo financiero (en algunos casos de manera concreta a la CIDH y a la Corte) y no deberían quedarse en apoyos retóricos. ¿Cuántos de estos han sido ya puestos en práctica? ¿Cuándo se harán realidad los que no han empezado a implementarse?  Ojalá que la billetera de estos países no sea más grande a la hora de prometer que a la hora de pagar.

Finalmente, una cuarta línea de trabajo inmediato pendiente está en la implementación de las modificaciones reglamentarias, de políticas y de prácticas de la CIDH. Para que esta ambiciosa agenda se concrete se requiere que la CIDH inicie de manera inmediata su cumplimiento y requerirá para ello apoyo de los Estados partes y de los usuarios del sistema. Entre mayor rapidez y solvencia demuestre la CIDH en el cumplimiento de su Plan Estratégico –incluyendo las modificaciones realizadas a propósito de este proceso – mayor legitimidad tendrá para enfrentar posibles nuevos procesos de reforma.