Corte de Constitucionalidad de Guatemala robustece normas para selección judicial

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Autora: Mirte Postema, DPLF

En una decisión sumamente importante, la Corte de Constitucionalidad de Guatemala (CC) robusteció los procesos de selección judicial en el país. En la decisión adoptada en el expediente 2143-2014, la CC estableció que las comisiones de postulación (CdP) –entidades a cargo de la (pre)selección judicial– deben: a) hacer una investigación para averiguar si los postulantes a puestos judiciales cumplen con el perfil requerido, b) efectuar entrevistas a las y los candidatos, y c) motivar de manera pública, razonada y expresa por qué se elige, o no se elige, a una persona, puntualizando si se han hecho las investigaciones necesarias para demostrar que esa persona cumple con los requisitos constitucionales para ser nombrada.

La CC tomó esa decisión en el marco de un amparo interpuesto por un abogado que esencialmente argumentó que el artículo 12 de la Ley de Comisiones de Postulación (LCP) –que requiere que las CdP establezcan una ‘tabla de gradación’ para calificar a las y los candidatos por sus méritos éticos, académicos, profesionales, y de proyección humana, en una escala de 1 a 100 puntos– es inconstitucional por no ser susceptible de ponderación, generar desigualdad e ir más allá de los requisitos que impone la Constitución en su artículo 113, esto es, que el nombramiento en cargos públicos estará basado en los méritos de “capacidad, idoneidad y honradez” de una persona. A pesar de que la CC, con fecha de 15 de mayo de 2014, otorgó un amparo provisional en esta materia y suspendió la parte del art. 12 LCP que calificaba numéricamente a los candidatos, en la decisión definitiva del 13 de junio de 2014 declaró la constitucionalidad del art. 12 LCP.

En esta decisión, la CC –que citó los Lineamientos para una selección de integrantes de altas cortes de carácter transparente y basada en los méritos, de DPLF– determinó que los requisitos de méritos éticos, académicos, profesionales, y de proyección humana impuestos por el art. 12 de la LCP son una elaboración de los méritos de capacidad, idoneidad y honradez del art. 113 de la Constitución. Dado que no contradicen a la Constitución, sino que establecen un mecanismo para evaluar si las y los candidatos reúnen los requisitos constitucionales, el art. 12 LCP se mantiene en su integridad.

Además de esa declaración, la CC hizo varias observaciones valiosas en el caso. En torno a “la necesidad de que exista un perfil de los puestos a elegir”, la CC estableció que “el perfil debe ser claro, hallarse previamente establecido, de manera que cada postulante conozca los requisitos que debe poseer para una postulación exitosa” (énfasis añadido). Este perfil y su mecanismo de evaluación –la tabla de gradación– deben ser aplicados a toda persona de la misma manera, garantizándose así el derecho de igualdad.

De igual manera, la CC afirmó que “[p]ara determinar la idoneidad y capacidad de una persona debe realizarse una evaluación de los méritos y calidades que posee, para decidir que efectivamente cuenta con los aptitudes que se requieren para un puesto. De igual manera se habrá de verificar la honradez y la honorabilidad de los participantes, de acuerdo a los mandatos constitucionales.” Lejos de no ser susceptibles de ponderación –que fue lo alegado por el abogado que interpuso el amparo–, la Corte consideró que, para la evaluación de esos requisitos, es necesario que una comisión de postulación haga “un análisis particular de ellos” y que se pronuncie al respecto. (Véase al respecto la propuesta de DPLF para la evaluación de la reconocida honorabilidad.)

En dirección a aportar a la definición de los conceptos de capacidad, idoneidad y honradez, la CC consideró que la capacidad tiene que entenderse como “la aptitud para desempeñar una tarea, en este caso, esta aptitud debe ser para ejercer un cargo público” e idoneidad como ser “‘adecuado y apropiado para algo’ y ‘con capacidad legal para ciertos actos y cargos’” (énfasis propio). Sin embargo, señaló que “ambos conceptos van íntimamente relacionados, ya que la persona que tiene capacidad para un determinado cargo podrá ser la idónea, si además cumple con otros aspectos que sean necesarios para su selección” (énfasis añadido). Esto significa que la capacidad debe ser entendida como un elemento de la idoneidad.

La Corte también ahondó en los conceptos de honradez y honorabilidad, que fueron discutidos en el expediente 942-2010 –un amparo interpuesto por el mismo abogado que presentó la acción del expediente 2143-2014–. Consideró que “una persona honrada es la que actúa en forma proba, justa, recta, con integridad”, y confirmó el criterio que adoptó en 2010: “los méritos éticos, no podían ser susceptibles de cuantificación parciaria” sino que las comisiones de postulación necesitan establecer si un(a) candidato(a) tiene o no tiene los méritos éticos necesarios para un nombramiento. Este mismo criterio se aplica para la honradez: una persona es, o no es, honorable. Aunque es un tema sensible, la CC dejó claro que una comisión de postulación no puede prescindir de la evaluación y consideración de estos requisitos.

Al resumir las obligaciones de las comisiones de postulación en los procesos de selección judicial, la CC indicó que “[e]n cuanto a los restantes aspectos a evaluar, es decir los méritos, académicos, profesionales y de proyección humana, las respectivas comisiones de postulación deben ponderarse en forma objetiva y razonable” la información aportada por las y los postulantes, así como “las verificaciones que de ellos hayan efectuado, confiriendo una adecuada valoración a los méritos que se relacionan y determinando, de forma objetiva, razonada, pública, individual por cada uno de los comisionados, si los profesionales que participan como candidatos elegibles efectivamente reúnen los requisitos de capacidad, especialidad, idoneidad, honradez y honorabilidad comprobadas” (énfasis añadido).

No obstante, fue en su apreciación final donde la CC quizás formuló la indicación más importante de esta sentencia. Puso énfasis en que “se reitera que los comisionados deberán efectuar una evaluación objetiva y razonable, apegada a las constancias que se presenten por los participantes, lo investigado por ellos, las entrevistas realizadas y considerando adecuadamente los aspectos que se reseñan (énfasis añadido), además de imponer a los miembros de una comisión de postulación la obligación de “justificar de manera pública, razonada y expresa en el momento de la votación, por qué se elige o por qué no se elige a un candidato determinado” y, además, indicar “si se ha realizado el análisis pertinente que ha permitido evidenciar si el candidato por el cual se está votando efectivamente cumplió o no con los requisitos aludidos en el artículo 113 constitucional, de capacidad, idoneidad y honradez”.

Antes del expediente 2143-2014, las prácticas de investigar, entrevistar y motivar eran meras facultades de las comisiones de postulación; cada comisión podía decidir si las utilizaría o no. Esta costumbre resulta modificada por esta reciente decisión de la CC. Ahora, es una obligación de cada comisión de postulación hacer las verificaciones necesarias sobre las calidades profesionales, personales y éticas de un postulante, entrevistar a esa persona (para poder ahondar sobre estos aspectos –véase las sugerencias de DPLF al respecto-), indicar en el momento de la votación si se ha investigado que una persona cumple con los requisitos constitucionales, y motivar las razones para elegir –o no– a una persona. Estos requisitos son sumamente importantes para limitar la posibilidad de que se tomen decisiones arbitrarias en los procesos de selección. De ser cumplidos por las comisiones de postulación, los procesos de selección judicial en Guatemala serán más transparentes y basados en los méritos demostrados de los candidatos.

 

 

 

 

 

 

2014, año clave para la justicia en Guatemala

Autora: Mirte Postema, DPLF

MP StaffEl 2013 fue un año tumultuoso para la justicia en Guatemala. Fue el año del muy comentado juicio por genocidio y delitos contra los deberes de humanidad –equivalentes a crímenes de lesa humanidad– contra el ex presidente Ríos Montt y su director de inteligencia militar, Rodríguez Sánchez. En el proceso se produjo una decisión condenatoria, el 10 de mayo de 2013, por el asesinato de 1771 miembros del pueblo maya ixil y la violación y comisión de otras atrocidades contra miembros de ese pueblo durante la dictadura de Ríos Montt. En el proceso, el trabajo de la Fiscal General de Guatemala, Claudia Paz y Paz Bailey, fue reconocido internacionalmente: en 2012, Paz y Paz fue escogida por la revista Forbes como  “una de las cinco mujeres más poderosas que están cambiando las políticas públicas” y en 2013 fue nominada para el Premio Nobel de la Paz.

Sin embargo, la decisión condenatoria de Ríos Montt y Rodríguez Sánchez fue anulada sólo diez días después de ser dictada, mediante una decisión de la Corte de Constitucionalidad. Luego, el 10 de enero de 2014, el proceso judicial fue regresado a sus etapas iniciales mediante la confirmación de otra decisión judicial .

En los primeros meses de 2014 las controversias han continuado. Probablemente, la más notable gira en torno a la decisión de la Corte de Constitucionalidad (CC), en un amparo provisional, que tuvo el efecto de acortar –indebidamente– el periodo en el cargo de la Fiscal General Claudia Paz y Paz.

Separación del cargo de la Fiscal General

En una decisión escasamente motivada sobre un amparo provisional, la CC decidió el 5 de febrero de 2014 ordenar al Congreso que convoque a la comisión de postulación –una entidad integrada por el presidente de la Corte Suprema, los decanos de las facultades de derecho, el presidente del Colegio de Abogados y el presidente del Tribunal de Honor de esta misma entidad– para que proceda a recibir y evaluar las candidaturas a Fiscal General. De acuerdo al art. 251 de la Constitución, esa comisión debe proponer una terna de seis candidatos al presidente de la República, quien escoge, de ese listado, al Fiscal General. La CC confirmó la decisión el 7 de marzo, en la resolución definitiva del caso.

Tal como DPLF expuso en un comunicado conjunto con WOLA, la decisión adoptada por la CC en este asunto viola las obligaciones internacionales de Guatemala. Naciones Unidas y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos han señalado en repetidas ocasiones que, en razón de la importancia de la función de fiscal, el Estado debe garantizar la independencia y autonomía de la función; un fiscal no puede ser separado arbitrariamente del cargo; menos aún si se trata del Fiscal General y se pone fin a su periodo antes de que venza el término prescrito por su mandato constitucional.

La actual Fiscal General fue nombrada el 9 de diciembre de 2010, luego de que la elección de Conrado Reyes Sagastume, en mayo de 2010, fuese declarada nula precisamente por la Corte de Constitucionalidad. Dado que la anulación significa que el nombramiento de Reyes Sagastume jurídicamente nunca existió, es imposible sostener que la actual Fiscal Paz y Paz “completa” el periodo anterior; el suyo es un periodo nuevo que empezó con su designación, en diciembre de 2010, y que, por ende, debe terminar en diciembre de 2014. Por esta razón, de mantenerse, la decisión de la Corte de Constitucionalidad equivaldría a una separación arbitraria del cargo y una violación de la independencia de la fiscalía, que atenta contra el Estado de derecho en Guatemala.

Es de esperar que la Corte de Constitucionalidad revoque esta decisión errónea y que respete las normas internacionales para la independencia de los y las operadores de justicia. Es innegable que la Fiscal Paz y Paz ha hecho un trabajo importante en el Ministerio Público, y esos esfuerzos deben continuar a su cargo durante todo el periodo para el cual fue nombrada.

Selección de nuevo/a Fiscal General

Es necesario ponerse en todos los escenarios y pensar en un inminente proceso de selección de un nuevo o nueva Fiscal General. Para garantizar que solo los mejores resulten elegidos, es fundamental que este proceso de selección se lleve a cabo de una manera transparente y que se base en una rigurosa evaluación de los méritos de los candidatos, tal como DPLF ha propuesto.

La Comisión de Postulación (CdP) que seleccionará un(a) nuevo(a) fiscal general ya ha empezado su trabajo que concluirá el 2 de mayo, cuando presente una nómina de seis candidatos al presidente de la República. La CdP recientemente fijó su cronograma, el perfil de candidato y la manera en que calificará a los candidatos. Hizo la convocatoria oficial para recibir postulaciones el 28 de febrero y empezará su trabajo de evaluación de candidatos el 10 de marzo. Un examen de plazos y reglas alimenta el temor de que no sea posible hacer una verdadera evaluación de los méritos de los candidatos en el tiempo y de la manera que la CdP ha planteado.

En primer lugar, hay un problema con el cronograma. La CdP ha fijado un tiempo escasísimo para la presentación de tachas por parte de la ciudadanía: solamente tres días hábiles. Dado que una petición de información bajo la Ley de Acceso a la Información Pública en Guatemala puede tomar 10 días hábiles, el plazo fijado por la CdP no resulta suficiente para que la ciudadanía realice un verdadero escrutinio de los candidatos.

De igual manera, el tiempo que la CdP se ha dado para evaluar las candidaturas es bastante escaso para la labor que implica: tendrá cinco días para revisar los expedientes de los 30 candidatos que se presentaron. La tarea comprende revisar la historia personal y laboral, todos los elementos del perfil que la CdP estableció, además de las eventuales tachas y las respuestas; todo ello, a un ritmo de 6 candidatos por día. Con un día laboral de 8 horas sin pausas, la CdP tendría unos 80 minutos por candidato, lo que apenas es suficiente para leer toda la documentación que un candidato envía –sobre todo en el caso de personas controvertidas-. Para las entrevistas públicas de todos los candidatos hay destinados solamente tres días. Para 30 candidatos, habría 48 minutos por candidato, lapso en el cual es difícil llevar a cabo una audiencia pública con la profundidad que merece la decisión a ser tomada.

En cuanto al perfil, hay unos requisitos básicos impuestos por la Constitución; cada candidato debe ser guatemalteco de origen, de reconocida honorabilidad, estar en el goce de sus derechos ciudadanos y ser abogado colegiado. También se debe haber desempeñado como abogado por un mínimo de 10 años, o haber completado un periodo similar como magistrado en una corte de apelación o un tribunal. La CdP estableció adicionalmente las siguientes características:

– Tener experiencia profesional en el sector justicia, en la administración pública y privada, relacionada con la materia penal, investigación criminal y asuntos afines;

– Haberse desempeñado como fiscal del Ministerio Público o como abogado, con experiencia comprobable en investigación criminal y en materia penal;

– Tener formación y desarrollo académico, con estudios a nivel de posgrado en la investigación criminal, penal, y áreas afines;

–  No haber representado o asesorado en forma habitual a personas relacionadas con el crimen organizado, sindicados de narcotráfico, lavado de dinero, fraude, evasión impositiva, delitos financieros, adopciones irregulares, violación a los derechos humanos, corrupción o abuso de poder y otros delitos de alto impacto (salvo en el caso de defensores públicos);

– Tener méritos demostrados en derecho penal, criminal, o áreas afines;

– Tener experiencia o conocimiento en la dirección de entidades públicas o privadas que garanticen el efectivo funcionamiento de la institución;

– Ser investigador jurídico con publicaciones, ensayos, y estudios relacionados en investigación criminal, materia penal y áreas afines;

– Tener vocación de servicio y liderazgo, preferentemente manifestada en actividades de proyección social y desarrollo humano;

– Tener la capacidad de dirigir y liderar equipos de trabajo;

– Estar comprometido con la plena vigencia de la Constitución, el Estado de derecho y el respeto a los derechos humanos;

– Tener una capacidad comprobada en puestos de dirección de equipos de trabajo.

De igual manera, la CdP estableció que los y las candidatos tienen que contar con las siguientes características personales:

  • Liderazgo;
  • Habilidad para aprender nueva información rápidamente;
  • Carácter, temple y valentía;
  • Persistencia y tenacidad;
  • Autocontrol;
  • Capacidad de comunicación y actitud para trabajar en equipo;
  • Inteligencia emocional;
  • Independencia;
  • Tolerancia;
  • Honestidad;
  • Rectitud;
  • Probidad.

Sin duda, es muy importante que la CdP haya establecido un perfil detallado, que brinda claridad tanto a los postulantes como a la sociedad en general acerca de qué se busca en un Fiscal General y Jefe/a de Ministerio Público. Sin embargo, un elemento verdaderamente indispensable para alcanzar una transparencia efectiva en el proceso, es saber cómo la CdP determinará que un candidato corresponde o no a ese perfil. Por cierto, se ha establecido una llamada tabla de gradación que determina que se reconocerán hasta 55 puntos al mérito profesional, 35 puntos al mérito académico y 10 puntos a las características personales, y que no se va a dar puntos por la “honorabilidad” de una persona, porque la honorabilidad se tiene o no. Pero no se ha establecido de qué manera los comisionados evaluarán hasta qué punto una persona demuestra “persistencia y tenacidad” o “autocontrol”, o cómo se verifica que alguien tenga “vocación de servicio y liderazgo”, o de qué manera se comprueba que una persona no ha asesorado habitualmente a la delincuencia organizada.

Algunas de estas características son valorables de manera sumamente subjetiva, y otras requieren una investigación más profunda que aquella que la CdP podrá hacer, dado el tiempo que se ha dado para la evaluación. Adicionalmente, no está claro cómo se llevarán a cabo las entrevistas públicas previstas; por ejemplo, si habrá un cuestionario estándar o se formularán preguntas para cada persona, o si existe la posibilidad de que la ciudadanía presente preguntas. Por estas razones, la valoración que hace la CdP de un(a) candidato(a) corre el riesgo de incurrir en arbitrariedades, lo cual restaría legitimidad a este importantísimo proceso.

Para remediar estos problemas, sería importante que la CdP establezca de qué manera evaluará las características que ha definido; es preciso que, por ejemplo, elabore los elementos que componen cada característica e indique cómo podrán ser comprobados. Además, sería crucial que la CdP tome mucho más tiempo del que ha previsto, para hacer una cuidadosa evaluación de las candidaturas. Especialmente ahora, en medio de la presente controversia en torno a la Fiscalía General, es fundamental que la CdP demuestre rigor y seriedad en la tarea de determinar qué personas son los mejores candidatos para ser Fiscal General y Jefe(a) del Ministerio Público.

A estas alturas de la experiencia guatemalteca –y latinoamericana– no se requiere insistir en lo indispensable que, a efecto de que se seleccione a los candidatos más preparados, es que la ciudadanía monitoree de cerca este proceso de selección. En esa dirección, es importante considerar el cronograma disponible:

  • 28 de febrero – se hizo la convocatoria oficial para recibir postulaciones
  • 7 de marzo – última fecha de entrega de postulaciones
  • 10 de marzo – la CdP empezará a evaluar si los y las candidatos cumplen con los requisitos legales
  • 13 de marzo – se enviará una lista al Ministerio Público con los nombres de los postulantes que queden excluidos de la lista de aspirantes por no cumplir con los requisitos legales
  • 20 de marzo – se publicará la lista con los nombres de los candidatos que fueron admitidos y que serán evaluados por la CdP
  • 21, 24, y 25 de marzo – se recibirán tachas de ciudadanos a los candidatos. Los candidatos contra quienes se presentó una tacha tendrán 5 días hábiles para responder
  • 7, 8, 9, 10, y 11 de abril – se evaluarán los expedientes, las tachas y las pruebas de descargo de cada candidato
  • 21, 22 y 23 de abril – se celebrarán entrevistas con los candidatos
  • 28, 29 y 30 de abril – se hará la evaluación final de los y las candidatos
  • 2 de mayo – la CdP votará quiénes serán los seis nominados para ser presentados al presidente de la República
  • 16 de mayo ­– el presidente de la República debe haber nombrado un(a) nuevo(a) Fiscal General. 

Selección de autoridades judiciales

Por último, es importante recordar que la selección de un(a) nuevo(a) fiscal general no es el único acontecimiento importante en Guatemala este año. A mediados de 2014 se iniciarán los procesos para seleccionar una nueva Corte Suprema de Justicia –cuyos 13 magistrados serán sustituidos– y a todos los jueces de las cortes de apelaciones del país.

Sin duda, 2014 es un año fundamental para el rumbo de la justicia en Guatemala. Es esencial que en él se escojan solamente a los y las profesionales más preparados para todos estos cargos clave en el aparato de justicia.

Mirte Postema es oficial de programa senior en Due Process of Law Foundation.