Encuestas sobre independencia judicial

Autor: Luis Pásara*

8035396680_31ed820eb3_zSe ha publicado recientemente, como ocurre de manera periódica, The Global Competitiveness Report 2013-2014 vinculado al World Economic Forum que se reúne anualmente en Davos. El informe es considerado como un barómetro de diversos temas; entre ellos, el de independencia judicial, asunto acerca del cual provee un ranking mundial extensamente reproducido en los medios de comunicación. Esta suerte de barómetro es utilizado como una fuerte confiable, en particular, por el Banco Mundial.

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La designación de jueces en la reforma de la justicia latinoamericana

Autor: Luis Pásara*

JudgesLatinAmericaA lo largo de los últimos 35 años se ha llevado a cabo en América Latina una diversidad de acciones destinadas a mejorar/cambiar/transformar el estado de la justicia. No obstante el antecedente peruano de los años setenta[1], la ola de acciones de reforma se inició en los años ochenta en Centroamérica y atravesó la región durante los años noventa y la primera década del presente siglo. Una ola que ha ido decreciendo en importancia, bajo el peso de resultados insuficientes y fracasos bastante caros.

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Cuán tolerada socialmente es la tortura

Autor: Luis Pásara*

takomabibelotComo parte de su campaña mundial Stop Torture, Amnistía Internacional contrató la realización de una encuesta, que se aplicó en 21 países; entre ellos, cinco son latinoamericanos: Argentina, Brasil, Chile, México y Perú. El cuestionario incluyó sólo tres preguntas, pero las respuestas resultaron muy reveladoras, especialmente al ser comparados los resultados de cada país.

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Jueces peruanos dan conferencias de prensa. ¿Es la mejor vía?

Autor: Luis Pásara, Senior Fellow de DPLF

Luis_PasaraEl Poder Judicial peruano ha dado un gran paso al asumir como propia la responsabilidad de comunicar y explicar las decisiones que sus jueces toman. En efecto, la resolución 249-2013 del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, adoptada hace algo más de un mes, va mucho más allá de la tradicional obligación legal de que las resoluciones judiciales sean públicas. Si para el ciudadano resultan incomprensibles, de poco vale su publicidad.

El Consejo acepta la necesidad de que “la colectividad cuente con la información y conocimiento precisos sobre las razones que llevaron al juez a decidir en determinado sentido”; esto es, no basta la autoridad del juzgador para adoptar una decisión; además, el juez debe explicarse. Y esto es así, de cara al derecho “de análisis y crítica de las resoluciones judiciales”. Debe reconocerse que este adelanto, proclamado oficialmente, es muy importante.

Si la primera premisa es impecable, la segunda es indiscutible: se requiere mejor “comunicación entre el Poder Judicial con el periodismo”, de modo que éste cuente con “la debida información” sobre las resoluciones adoptadas por aquél, “especialmente en casos de gran connotación mediática”. Lo discutible es la conclusión, consistente en que los jueces deberán ofrecer conferencias de prensa en estos casos, como una vía para “ejercer docencia judicial” –“en forma objetiva y sencilla”–, en las que expliquen “el contenido y forma de sus resoluciones a través de los medios de comunicación”.

La parte resolutiva del texto dispone que “Es deber del juez declarante velar porque su conducta y expresiones ante la prensa se efectivicen con objetividad, mesura, respeto, equilibrio, prudencia y sensatez, evitando manifestaciones que pudieran comprometer su independencia, imparcialidad y decoro.” ¿Son los jueces quienes pueden enfrentar esa tarea ante periodistas que, naturalmente en estos casos, se harán portavoces de cuestionamientos, en ocasiones agresivos? La pregunta no es teórica sino práctica.

Probablemente hay jueces, en el Perú y en otros países, que puedan acometer esa tarea muy adecuadamente. Pero, con seguridad, no todos pueden hacerlo; más aún, acaso muchos tengan una dificultad invencible para desempeñar ese papel. Y si los resultados fueran insatisfactorios, todos los buenos propósitos que han guiado esta política de comunicación se verían seriamente afectados.

Hay otra piedra en el zapato de esta innovación, que exhibe un viejo rasgo de nuestros poderes judiciales: un procedimiento complejo que en los hechos habrá de ser lento. Se dispone “la autorización previa y por escrito” del presidente de la corte superior a la que pertenece el juez, del presidente de la Corte Suprema si se trata de quien ejerce la función de juez supremo, o la del presidente del Consejo Ejecutivo si el juez de quien se trata es juez penal nacional. Además, las oficinas de control interno deberán ser informadas anteladamente de la conferencia de prensa.

Dos, pues, son los problemas previsibles en la concreción de aquello que, sin duda, es una política de objetivos muy encomiables. El primero es que los jueces no son los mejor habilitados para comunicar –tarea que se hace más áspera y difícil cuando se trata de asuntos, como éstos, de ribetes controvertidos. El segundo es que el procedimiento hará que la conferencia de prensa probablemente tenga lugar cuando la polémica, las impugnaciones y el debate público sobre la resolución judicial en cuestión hayan avanzado mucho.

En la Fundación para el Debido Proceso, el tema de la incapacidad –o la negativa– judicial para comunicar sus decisiones ha sido materia de preocupación y análisis. A inicios de octubre, en una reunión llevada a cabo en Panamá, con asistencia de magistrados y representantes de la sociedad civil centroamericana, la Fundación presentó un bosquejo de lo que pueden ser los voceros judiciales, como uno de los mecanismos para encarar la actual carencia en comunicación de la mayor parte de los poderes judiciales latinoamericanos.

El centro de esa propuesta consiste en establecer voceros judiciales en los órganos de justicia que puedan transmitir y explicar a la ciudadanía las decisiones que los jueces adoptan en el curso de su trabajo. El desempeño de esta función requiere comunicadores especializados que puedan hacer, con excelencia, aquello que el Poder Judicial peruano busca alcanzar.

En vista de algunos antecedentes ingratos, acaso sea necesario subrayar que el objetivo del vocero es comunicar; esto es una tarea que no debe ser confundida con una labor de relaciones públicas, ni debe trazarse como objetivo la defensa de lo hecho por fiscales y jueces, ni tener como propósito central la mejora de la imagen institucional.

Es una tarea de comunicadores especializados debido a que requiere aptitud para elaborar, por escrito y verbalmente, una versión de la decisión que, al mismo tiempo que se mantenga fiel a la resolución judicial, sea comprensible por el ciudadano promedio, incluso sin la mediación del periodista de un medio de comunicación. Esto es algo que no se pide a los jueces cuando son escogidos y, en rigor, no tienen por qué contar con esa capacidad para ser buenos juzgadores.

Una vez instalada esta función podrá alcanzar una capacidad de reacción inmediata. Esto es, el vocero debe estar en aptitud de comunicar la decisión de un juez dentro de las 12 o 24 horas de haber sido adoptada. Dada la velocidad con la que circula hoy en día la información, el vocero judicial no debería esperar ninguna autorización para desarrollar la explicación que se espera de él.

Las conferencias de prensa quizá puedan llenar un vacío. Pero también pueden agravar el problema que tratan de resolver. El vocero judicial parece ser, como respuesta institucional, algo más profesional y sólido.

Prevalece la selección política en los nombramientos judiciales en América Latina

Autores: Luis Pásara y Marco Feoli

El mecanismo de nombramiento judicial –o, lo que es lo mismo, la vía para acceder al cargo– tiene, en todo lugar y tiempo, consecuencias respecto del tipo de candidatos que aceptan postular bajo las reglas existentes; en particular, determinadas vías para llegar a ser nombrado juez pueden comprometer, incluso severamente, la calidad de los postulantes. Por ejemplo, cuando el peso fundamental depende de instancias políticas, quien no tiene acceso para llegar a esas instancias, probablemente desista de considerar la postulación aunque sea portador de méritos significativos para desempeñar el cargo. En general, cuando los méritos del candidato no cobran importancia decisiva para el nombramiento, quien es nombrado juez o magistrado sabe que “le debe el cargo” a alguien y, usualmente, estará dispuesto a “pagar” por ello en un momento dado. Los mecanismos de nombramiento judiciales, entonces, tienen efectos tanto respecto de la calidad de quienes llegan a ejercer la judicatura como respecto de su independencia y, en consecuencia, la imparcialidad que se espera de un juez en todos los casos que conoce.

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