En El Salvador: ¿ha llegado la hora de las personas desaparecidas en el conflicto armado?

Leonor Arteaga, Oficial Sénior de Programa, DPLF

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Foto: Our Parents Bones

 El 16 de enero de 2017 se cumplirán 25 años de la firma de los Acuerdos de Paz que dieron fin a la guerra de 12 años en El Salvador. El gobierno ha puesto en marcha un plan para su conmemoración. La iniciativa es valiosa, pero las notas celebrativas de paz resultan agridulces en un país que no ha lidiado exitosamente con el legado de masivas violaciones a los derechos humanos. Una significativa deuda es la falta de esclarecimiento de las desapariciones. La Comisión de la Verdad documentó cerca de 5,000 casos, pero según registros de la sociedad civil son más de 10,000. La mayoría detenidos o secuestrados por actores estatales y probablemente asesinados con posterioridad. Muchos fueron enterrados en fosas secretas y a sus familiares se les negó todo conocimiento de lo que les pasó. Ni un solo caso ha sido resuelto por acciones estatales[1].

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The case of the El Mozote massacre: El Salvador’s first trial for grave human rights violations?

 Leonor Arteaga, Senior Program Officer, DPLF

EL SALVADOR/MASACRE/ANIVERSARIO

December 11, 2016 will mark the 35th anniversary of the El Mozote massacre -one of the most emblematic crimes of El Salvador’s armed conflict. With at least 1000 victims, it is considered to be the worst massacre ever perpetrated against civilians –men, women, and children- by armed forces in Latin America. The massacre has regained public attention due to the recent reopening of criminal investigations into the case, 23 years after it was closed under the country’s then-valid Amnesty Law, which was recently declared unconstitutional.

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El informe de la Comisión de la Verdad de El Salvador: hay un nuevo momento para tomarlo en serio?

Autora: Leonor Arteaga

LA staffHace unos días se conoció que el gobierno de El Salvador ha publicado el informe de la Comisión de la Verdad (COVER), lo que vino a ser noticia por tratarse de la primera edición oficial en 21 años, desde su lanzamiento en 1993. En boca del presidente Salvador Sánchez Cerén con esa iniciativa su gobierno “asume completamente su responsabilidad de dar a conocer a cada ciudadano y ciudadana la verdad sobre los hechos ocurridos en este tramo de nuestra historia”. No podemos negar que estas palabras resultan esperanzadoras, al menos en términos simbólicos, si tomamos en cuenta que desde los Acuerdos de Paz que pusieron fin a la guerra y crearon el marco para la COVER, sucesivos mandatarios y sectores influyentes restaron valor a las conclusiones del informe y se resistieron a acatar sus recomendaciones más sensibles, tales como la depuración de las fuerzas armadas y la aplicación de sanciones penales a los responsables de los casos contenidos en el informe. Otras recomendaciones fueron parcialmente implementadas como la reforma judicial y la creación de fuerzas civiles de seguridad, a través de procesos que han enfrentado serios estancamientos o claros retrocesos a lo largo de las dos décadas pasadas.

5El valor de la acción presidencial, más allá de que el gobierno difunda el informe como ha prometido, reside en que representa un claro mensaje desde la cabeza del poder ejecutivo a otros funcionarios y a la población, que las cargas del conflicto deben asumirse públicamente. Los primeros pasos de mea culpa por la represión a manos del Estado, fueros dados por la anterior presidencia de Mauricio Funes –por muy desgastada que esté hoy su figura-, quien pidió perdón en nombre de las fuerzas armadas por las atrocidades del pasado y reconoció las responsabilidades estatales ante los órganos internacionales de protección. Estos gestos públicos han abonado al proceso de dignificación de las víctimas, pero resultan notoriamente insuficientes en un país con una anquilosada cultura de tributo a los perpetradores de masivas violaciones a derechos humanos. Se requieren más signos concretos de sanción social desde el más alto nivel, para fijar en lo colectivo el rechazo a la violencia y calar la idea de que hechos tan graves tienen consecuencias igualmente graves, acaso intentando desalentar su repetición.

Esperemos por tanto, que el discurso presidencial referido haga parte de la política de derechos humanos que desde el ejecutivo se ha anunciado tener en marcha. La misma debe retomar el informe de la Comisión de la Verdad, no solo para su diseminación, por indispensable que esta tarea siga siendo, sino para asumir lo pendiente como hoja de ruta.

Es justo agregar que para que estas acciones en la vía del reconocimiento desde el ejecutivo, se transformen en un proceso nacional encaminado a la reconciliación y la reparación, se requiere de otros actores de la vida política y social. Uno de estos actores por excelencia debe ser el poder judicial, incluidas todas sus instituciones. La COVER previó entre sus recomendaciones sobre temas de justicia, citando un ejemplo, la separación e inhabilitación de cargos para personas civiles involucradas en graves violaciones a derechos humanos, especialmente en los casos contenidos en el informe. Poco o nada se ha hecho en este sentido. Años más tarde, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ordenaría al Estado salvadoreño en sentencias sobre desapariciones forzadas de niños y en la masacre de El Mozote investigar a los funcionarios públicos que encubrieron las violaciones a derechos humanos. Estas sanciones tampoco se han hecho realidad.

4Al hablar de las aspiraciones de justicia de la COVER, es tema obligado referirse a otro gran faltante: la sanción penal para los crímenes del conflicto. En su histórico informe la COVER registró más de 22,000 denuncias de graves hechos de violencia ocurridos durante el período de enero de 1980 a julio de 1991. Del total, casi un 85% fueron atribuidos a agentes del Estado, a grupos paramilitares aliados con éstos y a los escuadrones de la muerte, y el restante 15% a los grupos insurgentes. De ese universo, la COVER seleccionó 30 casos ilustrativos, ponderando para ello sus características y repercusiones sociales, los cuales investigó con amplitud  y en algunos, incluso identificó a los autores de los crímenes, en espera de que estas investigaciones fuesen retomadas por el aparato judicial. Esta espera aun no termina.

Frecuentemente desde gobiernos anteriores se planteó la impunidad como el único horizonte posible. Ahora sabemos que la falta de castigo a los responsables no es inevitable. Los desarrollos del derecho internacional y comparado han dado salidas para superar las amnistías, la prescripción y otros asuntos complejos al momento de juzgar los hechos de un conflicto armado, todas aplicables según el derecho salvadoreño. No es cuestión de leyes. También sabemos que un decidido apoyo desde los poderes políticos es esencial para saltar las barreras de los imputados por largo tiempo intocables. Conocemos que la persistencia de las víctimas y la creatividad del litigio de sus representantes pueden mover los sistemas judiciales y la opinión pública. Pero sobretodo sabemos que la justicia no llega sino por una buena dosis de voluntad institucional y capacidades técnicas especializadas de las Fiscalías o Ministerios Públicos, junto a jueces decididos a desafiar los retos jurídicos y políticos que este tipo de juicios intrincan.

Si en El Salvador de hoy no existen obstáculos jurídicos reales, la sociedad civil y las propias víctimas han persistido en sus demandas, y el gobierno pareciera respaldar iniciativas de verdad y reparación, es hora de la actuación seria del sistema judicial. La Fiscalía General y los jueces implicados deben encaminar las investigaciones a determinar a los autores de los crímenes, que como todos sabemos, es su más elemental obligación ante la comisión de un crimen, aun mas, cuando en el incumplimiento de tal obligación le ha acarreado al Estado más de una condena de la Corte Interamericana. Vale recordar que los únicos resultados que se han obtenido en las investigaciones penales iniciadas por las mismas víctimas, ha sido la identificación de restos humanos en el marco de masacres mediante procesos de exhumación, con lo cual se ha mitigado su dolor, pero no se satisfacen los reclamos de juicio y castigo.

Leonor Arteaga es Oficial Sénior del Programa de Justicia Transicional de DPLF.