Celebrating indigenous peoples’ rights beyond prior consultation

Daniel Cerqueira*

Versión en español aquí.

In 1994, the UN General Assembly chose August 9th as the International Day of the World’s Indigenous Peoples. This day serves a moment for civil society, states, and the international community to reflect on the challenges in ensuring respect for indigenous peoples’ rights. This essay will focus on the right to free, prior and informed consultation (FPIC), which faces major challenges in its implementation. This right was recognized in constitutions that established a new model for the participation of indigenous peoples in state decisions. In the 80’s and 90’s, various states in the Western Hemisphere began to define themselves as multicultural societies and abandoned the previously dominant integrationist constitutional paradigm. This paradigm was based on two main premises: i) indigenous peoples’ cultures tend to extinguish due to their unsuitability to the economic and social order; and ii) public authorities must mediate the assimilation of indigenous peoples to the rest of society, guaranteeing them minimum economic and social rights.

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Celebremos los derechos de los pueblos indígenas, más allá de la consulta previa

Daniel Cerqueira*

English version here.

En 1994, la Asamblea General de la ONU eligió el 9 de agosto como el Día Internacional de los Pueblos Indígenas. Dicha fecha es una ocasión para que la sociedad civil, Estados y comunidad internacional reflexionen sobre los desafíos para el pleno respeto de los derechos de los pueblos indígenas. Entre los derechos que presentan importantes retos para su debida implementación, este ensayo se enfocará en la consulta previa, libre e informada (CPLI). En el ámbito constitucional, su reconocimiento ocurrió en un contexto de adopción de cartas políticas que establecieron un nuevo modelo de participación de los pueblos indígenas en las decisiones estatales. Entre las décadas de 1980 y 1990, varios Estados del continente pasaron a reconocerse como sociedades multiculturales y abandonaron el paradigma constitucional integracionista vigente hasta entonces. Dicho paradigma se basaba en dos premisas principales: i) la cultura de los pueblos indígenas tiende a extinguirse por su inadecuación al orden económico y social mayoritario; y ii) el poder público debe mediar la integración de los pueblos indígenas al resto de la sociedad, garantizándoles derechos económicos y sociales mínimos.

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El Sínodo para la Amazonía y los derechos humanos

SÍNODO AMAZÓNICO CATÓLICO:

OPORTUNIDAD PARA ESCUCHAR LA VOZ DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS

La Fundación para el Debido Proceso (DPLF, por sus siglas en inglés) es una organización de la sociedad civil independiente de los Estados, partidos políticos, iglesias, organismos internacionales, empresas y de cualquier tipo de agremiación política, social y emprendimiento económico. Sin embargo, ello no nos impide hacer sinergias y cooperar con algunas instituciones públicas o privadas, tanto nacionales como internacionales, cuando coincidimos en principios y valores a favor de los derechos humanos, la democracia o el estado de derecho en América Latina.

Ese es el caso de la Red Eclesial Pan Amazónica (REPAM), instancia de la iglesia católica de América Latina que fue constituida el año 2014 para proteger la Amazonía y los pueblos que en ella habitan,  en sintonía con la exhortación del Papa Francisco de cuidar la “casa común” (el planeta tierra) que plasmó en su Encíclica “Laudato Si” (2015). En ese contexto, durante la visita que realizó al Perú en Enero del 2018, el Papa anunció -en la ciudad amazónica de Puerto Maldonado- el inicio del “Sínodo especial para la Amazonía”, el mismo que concluirá en Roma en octubre del presente año.

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Estándar de prueba y argumentación jurídica en la era de la posverdad

Comentarios a la sentencia de la Corte Interamericana en el Caso Arrom Suhurt y otros vs. Paraguay

Daniel Cerqueira*

El pasado 13 de mayo la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) dictó sentencia en el Caso Arrom Suhurt y otros, relacionado con la desaparición forzada y tortura de Arrom Suhurt y Anuncio Martí, líderes del movimiento Patria Libre en Paraguay. Estas personas permanecieron detenidas desde el 17 hasta el 30 de enero de 2002, en el marco del operativo de rescate de la señora María Edith Bordón, quien había sido secuestrada y mantenida en cautiverio por varias semanas. En septiembre de 2017 la Comisión Interamericana (CIDH) emitió un informe de fondo sobre el caso y concluyó que los señores Arrom y Martí habían sido víctimas de desaparición forzada y de actos de tortura, y que dichos hechos son atribuibles al Estado paraguayo. Estas conclusiones se basaron en declaraciones de las víctimas; testimonios de diferentes personas; notas de prensa y pronunciamientos públicos de altos funcionarios estatales que indicaban la existencia de un operativo policial de captura de los señores Arrom y Martí; registros fotográficos y grabaciones periodísticas; un informe suscrito por nueve médicos, registrando lesiones corporales graves provocadas días antes de la liberación de las presuntas víctimas; entre otros.

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La Corte Interamericana y los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales: las virtudes del caso Cuscul Pivaral y otros Vs. Guatemala

Juan Jesús Góngora*

El pasado 25 de octubre, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) publicó la sentencia del Caso Cuscul Pivaral y otros Vs. Guatemala, en el que declaró, por primera vez, la violación a la obligación de progresividad (Artículo 26 de la Convención Americana) con relación a la falta de efectividad del derecho a la salud de 43 pacientes que vivían/viven con VIH/ SIDA.

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First impressions on the Draft Optional Protocol to the Human Rights and Business Treaty

Gabriela Kletzel, Andrés López Cabello, and Daniel Cerqueira*

Originally published in ESCR-Net.

Lea la versión en español aquí.

At first glance, the zero drafts of the Legally Binding Instrument (LBI) and Optional Protocol (OP) raise serious doubts as to whether they add value to the effort of making business enterprises accountable for human rights abuses. The draft LBI establishes the “effective access to justice and remedy to victims of human rights violations in the context of business activities” as one of its main purposes. However, the OP addresses enforcement mostly through national implementation mechanisms and an international committee of experts, both of which have weak oversight and monitoring powers.

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Primeras impresiones sobre el Borrador de Protocolo Facultativo del Tratado sobre Derechos Humanos y Empresas

Gabriela Kletzel, Andrés López Cabello y Daniel Cerqueira*

Publicado originalmente en Red-DESC.

Read the English version here.

A primera vista, los borradores iniciales del Instrumento Jurídicamente Vinculante (IJV) y el Protocolo Facultativo (PF) despiertan serias dudas acerca de si son realmente un aporte a los esfuerzos para que las empresas respondan por los abusos contra los derechos humanos. El borrador del IJV establece que el “acceso efectivo a la justicia y la reparación para víctimas de violaciones de los derechos humanos en el marco de las actividades comerciales” es uno de sus principales objetivos. Sin embargo, el PF aborda el cumplimiento de las obligaciones estatales, principalmente mediante mecanismos nacionales de aplicación y un comité internacional de expertos, ambos con escasas facultades de supervisión y monitoreo.

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