Reciente Reforma de Justicia Militar en Brasil: volver a juzgar delitos comunes contra civiles, serio retroceso para la democracia en América Latina

David Lovatón Palacios, Profesor principal de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) y consultor en DPLF

Português

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El pasado 16 de Octubre del presente año, el Presidente del Brasil, Michel Temer, puso en vigencia una modificación al Código Penal Militar aprobada recientemente por el Parlamento de ese país. Dicha reforma permite a la justicia militar brasileña volver a juzgar a militares acusados de crímenes comunes (como homicidio) perpetrados contra civiles, en el marco de operaciones de seguridad interna. Si bien en la actualidad el único Estado en el que las Fuerzas Armadas vienen cumpliendo labores de orden interno es Rio de Janeiro, la reforma legal es de carácter general y, por ende, a futuro podría aplicarse a otros Estados brasileños en los que las Fuerzas Armadas asuman labores de seguridad interior.

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Recente Reforma à Justiça Militar no Brasil: voltar a julgar delitos comuns contra civis é um sério retrocesso para a democracia na América Latina

David Lovatón Palacios, Professor titular da Pontificia Universidade Católica do Perú, Consultor de DPLF

Español

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No dia 16 de outubro do presente ano, o Presidente do Brasil, Michel Temer, sancionou uma modificação ao Código Penal Militar, aprovada recentemente pelo Congresso deste país. Tal reforma permite que a justiça militar brasileira volte a julgar militares acusados de crimes comuns (tais como homicídio), perpetrados contra civis, no contexto de operações de segurança interna. Atualmente, o único Estado brasileiro onde as Forças Armadas vêm cumprindo funções de segurança interna de forma regular é o Rio de Janeiro. No entanto, a reforma ao Código Penal Militar possui alcance geral e, portanto, poderia aplicar-se a outros Estados brasileiros onde as Forças Armadas assumam funções de segurança interna.

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Reforma constitucional del CNM en el Perú: escuchen a la academia

Comentarios críticos al proyecto de reforma constitucional del CNM presentado por el Presidente de la República

David Lovatón Palacios

Profesor principal PUCP

Consultor DPLF

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El Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) es un órgano constitucional autónomo poco conocido por la ciudadanía; sin embargo, su papel es fundamental para el buen –o mal-funcionamiento de la justicia en el Perú: tiene como encargo constitucional la designación, evaluación y eventual destitución de jueces y fiscales de todas las instancias a nivel nacional. Entró en funcionamiento el año 1995 y desde hace un buen tiempo se han venido incrementando los cuestionamientos y denuncias de corrupción al interior del CNM y por parte de algunos consejeros y consejeras; lo que llevó, en el año 2016, a un gran consenso entre diversos sectores de sociedad civil y autoridades, en torno a la crisis de legitimidad de este Consejo y la imperiosa necesidad de reformar constitucional y legalmente su estructura y funciones. Tal consenso se plasmó –por ejemplo- en algunos Planes de Gobierno de los entonces candidatos presidenciales, como fue precisamente el caso de PPK, que en su Plan ofreció una reforma profunda e inmediata del CNM.

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Caso Odebrecht en el Perú: ¿Corrupción trasnacional e impunidad nacional?

David Lovatón Palacios

Profesor principal PUCP

Consultor DPLF

Lawyer giving gavel to businessman for money.

El andamiaje corruptor transnacional que logró construir y operar la empresa Odebrecht del Brasil durante muchos años en América Latina y otros continentes, ha sido puesto al descubierto, primero por el valiente trabajo de jueces y fiscales brasileños y luego por los millonarios acuerdos a los que esta empresa se ha visto obligada a llegar con los Gobiernos de Estados Unidos y Suiza, para no quedar como un paria empresarial y financiero en el mundo. Sus más altos directivos y propietarios ya han sido condenados o vienen siendo procesados judicialmente en el Brasil y muchos de los altos funcionarios brasileños que recibieron sobornos, vienen siendo detenidos e investigados gracias al sistema de la “delación premiada”, que permite a los responsables reducir su pena si delatan a otras personas.

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Leer el Derecho Agrario a la luz de los estándares internacionales en materia indígena: un desafío para el Estado mexicano

Daniel Cerqueira

Oficial de Programa Sénior de DPLF

David Lovatón

Profesor Principal PUCP y consultor de DPLF

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El 15 y 16 de enero de 2017 se llevó a cabo en la ciudad de Mérida, estado de Yucatán, el seminario “Leer el Derecho Agrario en México a la luz de los Estándares Internacionales en Materia Indígena y Derechos Humanos”. Integrantes de comunidades indígenas, funcionarios estatales, académicos y organizaciones de derechos humanos reflexionaron sobre las transformaciones del Derecho Agrario mexicano y su aplicación por parte de las autoridades nacionales.

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El Acuerdo Nacional por la Justicia (ANJ)

 

El acuerdo que –para funcionar- requiere algunos desacuerdos

David Lovatón Palacios

Profesor principal PUCP y consultor DPLF

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El pasado 2 de Noviembre se suscribió en el Perú el Acuerdo Nacional por la Justicia (ANJ), a iniciativa del Gobierno de Presidente Pedro Pablo Kuczynski (PPK), quien asistió a la suscripción del mismo por parte de la Ministra de Justicia y Derechos Humanos, el Presidente del Poder Judicial, el Fiscal de la Nación, el Presidente del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) y el Presidente de la Academia de la Magistratura (AMAG).

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El Problema del CNM en el Perú: ¿Por qué no pedir apoyo internacional?

 

David Lovatón

Profesor principal PUCP

Consultor DPLF

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Pese a loables esfuerzos en los últimos años (como la oralización del proceso penal o laboral o la digitalización del expediente), aún tenemos un sistema de justicia de baja calidad y en el que la ciudadanía desconfía. Una justicia muy lenta, con rumas de expediente por resolver, atrasada tecnológicamente en sus procedimientos, con personal desmotivado, salpicada por constantes casos o denuncias de corrupción (desde el especialista pillado con el soborno hasta poderosas redes clandestinas de estudios de abogados, jueces, fiscales y policías), escasa transparencia, etc. De esta manera, el índice de aprobación ciudadana de la justicia es de los más bajos y se disputa el fondo de la tabla con la –también- baja aprobación del Congreso o la Policía. En otras palabras, los ciudadanos no confiamos en nuestros jueces y fiscales y tenemos razones para ello.

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