Recuperar la buena imagen de Canadá ante la comunidad internacional

 

 

Por: Daniel Cerqueira

Oficial de Programa Sénior en DPLF

Publicado originalmente en Latin America Goes Global

English version

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Desde el final de la Guerra Fría, la política exterior canadiense se ha distinguido tanto por la ferviente defensa de sus intereses económicos nacionales en el extranjero como por la —a veces contradictoria— promoción de valores humanitarios en la agenda de seguridad internacional.

Canadá ocupa el segundo lugar después de Estados Unidos en cuanto a denuncias presentadas ante el Órgano de Solución de Diferencias de la Organización Mundial del Comercio. Al mismo tiempo, ha suscrito acuerdos bilaterales y multilaterales de libre comercio y adoptado mecanismos para la solución de diferencias relativas a inversiones en todo el mundo.

Si el primer ministro Trudeau realmente aspira a que Canadá recupere su posición de liderazgo en la escena mundial, deberá conciliar la promoción que hace el país de su industria extractiva (uno de sus principales sectores económicos) con una política más justa y progresista en materia de comercio e inversiones.

Desde febrero de 2006, cuando resultó electo el Primer Ministro anterior —el líder del Partido Conservador Stephen Harper—, Canadá comenzó reducir el enfoque en cuestiones humanitarias y de derechos humanos en las relaciones internacionales. La insignia de la política exterior de Harper fue la expansión de las compañías canadienses de extracción de recursos naturales en el extranjero. Embajadas, consulados y entidades estatales como la Agencia Canadiense para el Desarrollo Internacional (Canadian International Development Agency, CIDA) comenzaron a actuar como puente para los intereses de la minería canadiense en el extranjero, en particular en América Latina.

Incluso antes del nombramiento de Harper como Primer Ministro, la CIDA ya había financiado reformas legales en países en desarrollo cuyas economías dependen de la exportación de productos básicos. El objeto de estos esfuerzos era mejorar el ambiente (sí, la elección del término es deliberada) para las compañías canadienses de extracción masiva de recursos en el extranjero. En 1997, destinó $11,3 millones a “generar un ambiente más favorable para el desarrollo económico y social en Colombia”. Parte de este dinero se utilizó para pagar los honorarios de un estudio de abogados que asesoró sobre la reforma del código de minería colombiano, lo cual suscitó fuerte controversia. La consecuencia de esto fue que el nuevo código atenuó las protecciones sociales y ambientales en las concesiones mineras en Colombia.

Tras la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) con Estados Unidos y México, Canadá suscribió acuerdos bilaterales con varios países latinoamericanos para facilitar el acceso a la extracción de minerales. Con el TLCAN, la sanción de leyes más favorables para la minería en muchos países y el aumento de la demanda global de minerales y metales, la presencia de compañías extractivas canadienses en América Latina aumentó drásticamente. En la actualidad, en más del 60 por ciento de todas las actividades mineras en América Latina tienen participación sociedades que cotizan en la Bolsa de Valores de Toronto, aunque no todas son de capitales canadienses. La intensificación de la extracción de recursos en la región ha tenido consecuencias, y ha redundado en una escalada de los conflictos sociales por las tierras y la extracción de recursos naturales.

En abril de 2014, una coalición de ONG publicó el informe titulado El impacto de la minería canadiense en América Latina y la responsabilidad de Canadá (la Fundación para el Debido Proceso Legal es una de las organizaciones que participaron en el documento). El informe investigó señalamientos que apuntaban a que compañías canadienses estaban implicadas, con complicidad de las autoridades gubernamentales, en violaciones de derechos humanos perpetradas en el marco de 22 proyectos mineros en nueve países latinoamericanos. Algunos de los hallazgos de este documento se incorporaron más tarde en otras investigaciones impulsadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y por comités y relatores especiales del Sistema de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Todos los informes instan al gobierno canadiense a adoptar medidas para asegurar que las compañías mineras bajo su jurisdicción cumplan con estándares internacionales de derechos humanos, incluso cuando operan a través de subsidiarias ubicadas en terceros países.

El triunfo de Trudeau en las elecciones de octubre de 2015 infundió esperanzas entre las comunidades afectadas por contaminación ambiental y violaciones de derechos humanos ocurridas en el contexto de actividades mineras. Esta esperanza se hizo manifiesta en una carta abierta publicada el 25 de abril de 2016, en la cual más de 180 organizaciones instaron a Trudeau a reforzar la reglamentación y la supervisión de las compañías extractivas canadienses, e incluso, a imponer sanciones a las compañías responsables de estos hechos que operan en el extranjero. La mayoría de los firmantes eran organizaciones de base de América Latina, y esto sugiere que, en diversas comunidades indígenas y rurales de la región, la presencia de Canadá no goza de popularidad y se asocia con abusos.

Trudeau ya ha tomado algunas primeras medidas orientadas a restablecer la reputación de Canadá en derechos humanos. Entre ellas se puede mencionar la cantidad sin precedente de mujeres entre los miembros de su gabinete de ministros, así como la designación de dos ministros que pertenecen a la comunidad indígena. Sus comentarios sobre la crisis migratoria en países sumidos en conflictos internos y la implementación en el ámbito nacional de la Declaración de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas —que había sido boicoteada por el gobierno de Harper— son también ejemplos de una nueva era en la política exterior en Canadá.

Para que Canadá recobre el respeto de las poblaciones más vulnerables de América Latina, será necesaria una profunda revisión del apoyo político, financiero y diplomático del que han gozado las compañías mineras canadienses en los últimos nueve años. Esta no será una tarea fácil. El poder del lobby minero en la política canadiense sigue siendo significativo. No obstante, como señalan las organizaciones líderes que firmaron la carta del 25 de abril, muchos esperan —e incluso se atreven a creer— que el “compromiso de Trudeau con los derechos humanos conducirá a medidas que exijan la rendición de cuentas y eviten nuevos abusos por parte de agencias estatales y empresas”.

Making Canada great again in the eyes of the international community

 

By  Daniel Cerqueira

Senior  Program Officer at DPLF

Originally published in Latin America Goes Global

Versión en español

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Since the end of the Cold War, Canada’s foreign policy has been characterized by both a fierce defense of its national economic interest abroad and the, sometimes contradictory, promotion of humanitarian values on the international security agenda.

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IACHR Takes Important Step in the Debate on Extraterritorial Responsibility and States’ Obligations regarding Extractive Companies

By Daniel Cerqueira  

Senior Program Officer at DPLF

Cristina Blanco

Academic and Research Coordinator of IDEHPUCP,

and an external consultant to the IACHR

Versión en español

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On April 6, 2016, the Inter-American Commission on Human Rights (IACHR) published a report entitled “Indigenous Peoples, Afro-Descendent Communities, and Natural Resources: Human Rights Protection in the Context of Extraction, Exploitation, and Development Activities.” The report evaluated the patterns of human rights violations within the context of extractive industries in the Americas, particularly those adversely affecting indigenous peoples and Afro-descendant communities.

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La CIDH da un paso importante en el debate sobre la responsabilidad extraterritorial y las obligaciones de los Estados frente a empresas extractivas

Por: Daniel Cerqueira

 Oficial de Programa Sénior de DPLF

Cristina Blanco 

Coordinadora Académica y de Investigaciones del IDEHPUCP,

consultora externa de la CIDH

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El 6 de abril de 2016 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) publicó un informe titulado “Pueblos indígenas, comunidades afrodescendientes y recursos naturales: protección de derechos humanos en el contexto de actividades de extracción, exploración y desarrollo.” El documento evalúa los patrones de violaciones de derechos humanos en el contexto de las actividades extractivas en las Américas, particularmente en perjuicio de los pueblos indígenas y las comunidades afrodescendientes.

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Exigibilidad de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales: antecedentes históricos, fundamento legal y suposiciones equivocadas

Daniel Cerqueira

Oficial de Programa Sénior en DPLF.

Twitter: @dlcerqueira

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Tras la Segunda Guerra Mundial, el paradigma de promoción del bienestar social se hizo predominante en varios gobiernos occidentales, incluyendo aquellos que lideraron las conferencias de paz previas a la adopción de los instrumentos constitutivos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Este contexto influenció el contenido de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y de las declaraciones regionales en Europa y en América. La Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 consagró varios derechos civiles y políticos (DCP) paralelamente a derechos económicos, sociales y culturales (DESC). Dicha tendencia fue seguida en el continente americano, donde la Declaración de los Derechos y Deberes del Hombre combinó disposiciones sobre DCP y DESC indistintamente.

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Enforceability of Economic, Social and Cultural Rights: historical background, legal basis and misleading assumptions

Daniel Cerqueira

Senior Program Officer at DPLF. Twitter: @dlcerqueira

Versión en español

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Photo Jaume Escort

After World War II, a paradigm of States’ promotion of social welfare was predominant in several western governments, including those that lead the peace conferences that galvanized the constitutive instruments of the United Nations. This environment influenced the drafting of the Universal Declaration of Human Rights and regional human rights declarations in Europe and the Americas. The Universal Declaration of Human Rights of 1948 enshrines several civil and political rights (CPR) along with economical, social and cultural rights (ESCR). This trend was followed in the American continent, where a Declaration of the Rights and Duties of Man combined CPR and ESCR provisions with no distinction.

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Promoviendo derechos humanos en Cuba: la odisea de Hablemos Press

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Desde hace algunos años, América Latina viene siendo catalogada como una de las regiones más mortíferas del planeta para el ejercicio del periodismo. Según el último Informe Anual de Reporteros Sin Fronteras, México y Brasil encabezan el vergonzoso ranking de países donde más asesinan a periodistas, seguidos de Colombia y Paraguay. A diferencia de aquellos países donde la cobertura de temas sensibles tales como la corrupción y el narcotráfico equivale a una condena de muerte, los riesgos asociados al periodismo tienen una naturaleza un tanto inverosímil en Cuba.

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