Sigue la polémica en Perú sobre proyectos mineros, el cuidado del ambiente y el principio precautorio

Juan Carlos Ruiz Molleda*

Recientemente en el Perú se reavivó -una vez más- el debate entre inversión extractiva y cuidado del ambiente y licencia social por parte de las comunidades aledañas a los proyectos mineros, a propósito de un serio conflicto social que se desencadenó en la región de Ayacucho cuando las comunidades locales acusaron a cuatro minas de contaminar las fuentes de agua del lugar. La actual primera ministra Mirtha Vásquez suscribió un acta con los pobladores que, entre otros aspectos, mencionaba el plan de cierre de dichas minas; lo que fue objeto de muchas críticas por parte del sector empresarial y grupos políticos en el Parlamento. DPLF ha invitado al abogado Juan Carlos Ruiz a que analice brevemente este caso a partir de estándares constitucionales e interamericanos.

Las actividades extractivas mineras y petroleras tienen cobertura constitucional. Como señala el artículo 59 de la Constitución: “El Estado estimula la creación de riqueza y garantiza la libertad de trabajo y la libertad de empresa, comercio e industria”. No obstante, como todo derecho fundamental, tiene límites. El artículo 59  también añade, “el ejercicio de estas libertades no debe ser lesivo […] a la salud, ni a la seguridad públicas”. En síntesis, la actividad extractiva es bienvenida en el Perú siempre que no contamine.

Recientemente, la Autoridad Nacional del Agua (ANA) ha acreditado que cuatro minas de Ayacucho: Apumayo, Breapampa, Pallacanta e Inmaculada, cuyo cierre anunció la primera ministra luego del estallido de un serio conflicto social en dicha zona, efectivamente tienen serios problemas de contaminación. Esto se desprende del referido informe de ANA de septiembre de 2021 sobre la calidad del agua de los ríos, riachuelos y quebradas cercanos a las cuatro minas.

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Rodrigo de Bittencourt Mudrovitsch foi eleito juiz da Corte Interamericana de Direitos Humanos*

Marcelo Andrade de Azambuja**

Versión en español aquí.

O jurista brasileiro Rodrigo de Bittencourt Mudrovitsch foi eleito juiz da Corte Interamericana de Direitos Humanos (Corte IDH) no âmbito da 51ª Assembleia Geral da Organização dos Estados Americanos (OEA) em Washington DC no dia 12 de novembro. Indicado pelo Estado brasileiro, Mudrovitsch surpreendeu ao receber dezenove dos vinte e quatro votos possíveis e se sagrar o mais votado entre os sete candidatos à posição. Entre 2022 e 2028, participará dos principais debates sobre responsabilidade internacional estatal por violação de direitos humanos na região americana.

A Corte IDH é composta de sete juízes, eleitos a título pessoal por maioria absoluta em votação secreta entre os Estados Partes da Convenção Americana sobre Direitos Humanos nos termos das normas interamericanas.[1] Esses juízes devem ser nacionais dos Estados membros da OEA, ter a mais alta autoridade moral, reconhecida competência em matéria de direitos humanos, além de reunir as condições requeridas para o exercício das mais elevadas funções judiciais de acordo com as normas do Estado de que são nacionais ou de Estado que os indicarem como candidatos. As eleições se dão de forma intercalada, renovando três ou quatros assentos, trienalmente.

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Rodrigo de Bittencourt Mudrovitsch es elegido juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos *

Marcelo Andrade de Azambuja**

Ver versão em português aqui.

El pasado 12 de noviembre el jurista brasileño Rodrigo de Bittencourt Mudrovitsch fue elegido juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), durante la 51ª Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA) en Washington DC. Nominado por el Estado brasileño, Mudrovitsch sorprendió al recibir 19 de los 24 votos posibles, convirtiéndose en el más votado entre los siete candidatos al puesto. Entre 2022 y 2028 participará de los principales debates sobre la responsabilidad internacional de los Estados por violaciones de derechos humanos en las Américas.

La Corte Interamericana está integrada por siete jueces, elegidos a título personal por mayoría absoluta en votación secreta entre los Estados Parte de la Convención Americana sobre Derechos Humanos en los términos de las normas interamericanas.[1] Estos jueces deben ser nacionales de los Estados miembros de la OEA, contar con la más alta autoridad moral, competencia reconocida en materia de derechos humanos, además de reunir las condiciones exigidas para el ejercicio de las más altas funciones judiciales de acuerdo con las normas del Estado de los cuales son nacionales, o del Estado que los nominan como candidatos. Las elecciones se llevan a cabo de forma intercalada, renovando tres o cuatro sillas cada tres años.

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Las violencias invisibles contra juezas y fiscalas

Úrsula Indacochea*

Cuando en julio de 2021, la jueza Soledad Blácido ordenó al Congreso peruano suspender la elección de magistraturas al Tribunal Constitucional, ante evidencia de graves irregularidades, los diarios exhibieron la fotografía de su rostro en primer plano y los congresistas se unieron para calificarla como una “jueza de cuarta categoría” debido que ejercía el cargo en un régimen de provisionalidad. En Guatemala, la funcionaria judicial que más denuncias acumula en su contra -alrededor de 80- es Erika Aifán, valiente jueza a cargo de los complejos casos de corrupción contra las élites más poderosas del país. Para afectar su independencia, grupos de poder han llegado incluso a cuestionar su estabilidad mental, y a solicitar que se le practiquen pericias psiquiátricas. ¿Qué tienen en común estas formas de violencia? ¿Es la criminalización y la violencia contra las mujeres que integran los sistemas de justicia, diferente a la que enfrentan sus pares varones? 

El informe más reciente del Relator Especial de Naciones Unidas sobre la Independencia de Jueces y Abogados, Diego García-Sayán, titulado “Participación de la mujer en la administración de justicia”, aborda los diversos obstáculos que afectan la mayor presencia, ascenso, y permanencia de las mujeres en los sistemas de justicia. Entre ellos, resalta la particularidad de la violencia que afecta las mujeres que se desarrollan profesionalmente en el ámbito de la justicia, que reconoce impregnada de estereotipos de género, y que tiene un poderoso impacto en sus carreras profesionales. 

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Election workers look at a ballot during a partial recount of presidential and congressional elections in Tegucigalpa, Honduras, Tuesday, Dec. 5, 2017. The head of the election tribunal has not declared a winner for the Nov. 26 presidential elections. (AP Photo/Fernando Antonio)

El riesgo de elecciones generales sin justicia electoral en Honduras

Rafael Jerez*

El post 2017 en el sistema electoral

Las últimas elecciones generales celebradas en Honduras el 26 de noviembre de 2017 estuvieron marcadas por la tensión constitucional por motivo de la reelección presidencial del presidente Juan Orlando Hernández, calificadas de ¨muy baja calidad técnica y carente de integridad¨ por el secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Luis Almagro[1], y en las que según la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) se registraron por lo menos 23 fallecidos en un contexto postelectoral de graves violaciones a los derechos humanos[2].  

Partiendo de este escenario, con el acompañamiento de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la OEA y de organizaciones de la sociedad civil se promovió un proceso de reforma integral del sistema electoral. En diciembre de 2018, una misión de expertos en materia electoral de la OEA presentó un compendio de propuestas de reforma electoral al Congreso Nacional, una de las principales fue la separación institucional de la administración electoral y la resolución de los reclamos que se deriven de los procesos electorales y de la democracia interna de los partidos políticos[3].

Después de 15 años de vigencia del Tribunal Supremo Electoral (TSE) como organismo encargado de organizar los procesos electorales y resolver reclamos como instancia administrativa y la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) como máxima autoridad judicial en materia electoral, el 24 de enero de 2019 el Congreso Nacional reformó la Constitución de la República dando creación a un Consejo Nacional Electoral (CNE) y un Tribunal de Justicia Electoral (TJE). Con esta reforma, el CNE asumió las competencias administrativas en materia electoral y el TJE la condición de máxima autoridad en materia de justicia electoral formando parte orgánica del Poder Judicial.

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“Juicios paralelos”: razón de ser y riesgos

Luis Pásara*

Cuando me hice abogado, el tratamiento de la prensa a los procesos judiciales era relativamente conciso y  discreto. Los casos que conocía la justicia –como aquellos que eran investigados por la policía– merecían cortas notas informativas, circunscritas a dar cuenta de los avances del asunto, usualmente relegadas a páginas interiores. Salvo casos sobresalientes –en razón de los protagonistas o de circunstancias extraordinarias– los asuntos judiciales usualmente merecían poca atención. 

¿Qué ha hecho que, en estos tiempos, las notas referidas a asuntos que ocupan a los tribunales sean materia de primeras planas en los diarios y de titulares en los noticieros de televisión, que en su desarrollo parecen competir con las decisiones judiciales, incluso adelantándose a ellas? En estas notas se presta atención al curso seguido por justicia y medios de comunicación hasta llegar a la desembocadura actual, al tiempo que se propone algunas pistas para identificar las razones subyacentes a ese proceso.

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Retos en la atención a migrantes que se encuentran en México

Rita M. Robles Benítez*

De manera constante, tanto gobiernos como medios de comunicación, presentan a los procesos migratorios como una crisis y por lo tanto como un problema, pero esto no es necesariamente cierto. En México la migración ha estado presente a lo largo de su historia, tanto como país expulsor, como país receptor y de tránsito, la diferencia radica en la forma en que han sido atendidos los flujos migratorios en los distintos momentos. Tenemos distintos ejemplos que han resultado positivos tales como la protección que se hizo a los refugiados españoles,[1]chilenos, salvadoreños y guatemaltecos.[2]

En el caso de Guatemala y en Salvador, los acuerdos de paz no fueron suficientes para que las personas que en su momento fueron retornadas, encontraran condiciones para continuar viviendo en sus lugares de origen, razón por la que, tiempo después, volvieron a cruzar la frontera con México ya no como refugiados, si no como migrantes indocumentados. Las consecuencias de los conflictos armados en Centroamérica se siguen viviendo hoy en estos países; sumándose otras causales como pobreza, exclusión, desempleo, violencia de género, violencia derivada de los altos niveles de inseguridad que se viven sobre todo en Honduras, Guatemala y El Salvador.

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Bitcoin y ciudadanía: ¿en dónde quedó la participación?

Wilson Sandoval*

Mucho se ha venido hablando del bitcoin en El Salvador. Por una parte, el Ejecutivo que controla el “poder de agenda” ha posicionado el tema desde la perspectiva “ganadora” que genera bienestar económico de la población y de “libertad e inclusión” que la ciudadanía puede tener frente a la banca tradicional, al punto de que el mismo presidente de la República se encarga desde sus redes sociales de exponer constantemente las “bondades” del activo virtual. Por otra parte, las organizaciones de la sociedad civil, la academia e incluso organismos multilaterales también han generado debate y cuestionamiento en torno al tema, especialmente en lo que respecta a los riesgos que puede implicar el uso del bitcoin gracias a su gran volatilidad, así como de las amenazas en relación con el lavado de activos y financiamiento del terrorismo. 

Sin embargo, más allá de continuar con los enfoques previos -centrados en el apartado económico y de gestión de riesgos del activo-, es importante hacer destacar un elemento que ha tenido poca cabida en la discusión que orbita el bitcoin: el proceso de formación de ley. Al revisar cual fue el proceso seguido para introducir a la denominada “Ley Bitcoin” en el sistema jurídico salvadoreño, es posible identificar ciertos aspectos que evidencian no solo la violación a diferentes principios que deben converger para garantizar la cabida del pluralismo de la sociedad en la aprobación de una ley, sino que también la supresión de la participación ciudadana de cara a una ley que implica un impacto directo en la economía salvadoreña y por consecuencia en la calidad de vida de las y los salvadoreños.

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Should Argentina Exercise Universal Jurisdiction over the Rohingya case?

Naomi Roht-Arriaza*

Versión en español aquí.

Judges listened attentively as Maun Tung Khin argued, in English, before an Argentine appeals court via videolink.  He reminded the judges of attacks on his community half a world away in Myanmar, carried out by military and paramilitary forces. Villages attacked, women raped, families forced to flee as their homes were burned; it is impossible to attain justice at home, he added.  The judges thanked him, as they considered whether Argentina should accept jurisdiction over the crimes committed against Khin’s ethnic community, the Rohingya.

On November 13, 2019, the Burmese Rohingya Organization (UK) brought a case to the Argentine courts alleging that military forces committed genocide and crimes against humanity between 2012 and 2018 against Rohingya communities.  The complaint recounted a history of discrimination, denial of citizenship and oppression, escalating after 2012 to include massive attacks on communities, killings, torture, mass rape and finally displacement of Rohingya communities.  Hundreds of thousands of Rohingya fled Myanmar into neighboring Bangladesh to escape the army. The complainants asked Argentina to hear the case against the leadership of the Tatmadaw (military) under the principle of universal jurisdiction.

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¿Debería ejercer Argentina la jurisdicción universal en la causa de los rohinyás?

Naomi Roht-Arriaza*

English version here.

Los jueces escucharon atentos la declaración que prestó en inglés, por videoconferencia, Maun Tung Khin ante un tribunal de apelaciones argentino. En su testimonio, relató a los jueces los ataques que perpetraron fuerzas militares y paramilitares contra su comunidad en Myanmar, al otro lado del mundo. Describió ataques a aldeas, violaciones de mujeres, familias obligadas a huir cuando quemaron sus casas, y agregó: es imposible obtener justicia en mi país. Los jueces le agradecieron, mientras consideran si Argentina debería aceptar la jurisdicción respecto de delitos cometidos contra la comunidad étnica de Khin, los rohinyás.

El 13 de noviembre de 2019, la Burmese Rohingya Organization (Reino Unido) inició acciones ante la justicia argentina en las que alega que, entre 2012 y 2018, fuerzas militares cometieron genocidio y crímenes de lesa humanidad contra comunidades rohinyás en Myanmar.  En la demanda se describe un repertorio de hechos de discriminación, denegación de ciudadanía y opresión, que se agudizaron después de 2012, al punto de incluir ataques generalizados a comunidades, ejecuciones, torturas, violaciones sexuales masivas y, por último, el desplazamiento de comunidades rohinyás. Cientos de miles de rohinyás huyeron de Myanmar al país vecino de Bangladés para escapar del Ejército. Los demandantes solicitaron que Argentina conozca el caso contra los líderes del Tatmadaw (Ejército) al amparo del principio de jurisdicción universal.

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