Jaime Chávez Alor*

La corrupción sigue siendo uno de los principales problemas a nivel mundial para el desarrollo nacional. Afecta el goce y disfrute de derechos civiles y económicos, genera discriminación en la implementación de políticas públicas violando derechos humanos e incapacita a las autoridades para llevar a cabo sus funciones de manera plena.

En Latinoamérica la corrupción ha tenido un impacto significativo en los gobiernos y espacios públicos, convirtiéndose así en una de las mayores y más complejas problemáticas que la ciudadanía identifica en su sociedad y entorno. A partir de ello, el combate a la corrupción ha sido una creciente prioridad en la agenda pública de los países de la región. Sin embargo, sigue habiendo una discrepancia en la mayoría de los países entre la agenda pública en discurso y la realidad.

La legislación insuficiente o inadecuada para hacer frente a la corrupción, la debilidad institucional que deriva en una falta de implementación de las políticas anticorrupción, así como investigaciones ineficaces para sancionar actos de corrupción, merman el Estado de derecho.

Desde el punto de vista del derecho privado, la ausencia de garantías legales afecta el desarrollo económico y la atracción de inversión extranjera. Todo análisis de inversión implica comparar posibles destinos basados en la confiabilidad del Estado de derecho, incluyendo, por supuesto, el principio de legalidad y la protección judicial frente al uso arbitrario del poder. Además de desarrollar un plan de negocios, los inversionistas de cualquier país evalúan también, sobre todo en negocios que tocan o involucran el gobierno, el régimen anticorrupción, incluida la viabilidad de mitigar los riesgos de corrupción estatal, demoras excesivas o imprevisibilidad en la toma de decisiones regulatorias y judiciales, así como otras divergencias del Estado de derecho. Los riesgos de este tipo elevan el costo percibido de hacer negocios y, para las empresas que respetan la ley, disuaden la inversión.

Bajo esta lógica el Lawyers Council for Civil and Economic Rights (Consejo de Abogadas y Abogados para los Derechos Civiles y Económicos, en adelante “Lawyers Council”), un programa del Cyrus R. Vance Center for International Justice del Colegio de Abogados de la Ciudad de Nueva York, publicó la segunda edición de la “Evaluación Anticorrupción en Latinoamérica 2021-2022”, evaluando 17 países en la región.

Este documento mapea sistemáticamente y guía esfuerzos legales en Latinoamérica para prevenir y combatir la corrupción. A diferencia de esfuerzos que se enfocan en medir la corrupción o la percepción de la corrupción, este estudio se enfoca desde la práctica jurídica para hacer un diagnóstico de la legislación, autoridades e implementación para prevenir, sancionar y combatir la corrupción. Este análisis arroja los siguientes resultados:

Los criterios analizados son los siguientes: corrupción en el sector público y privado, mecanismos de denuncia y protección de denunciantes, organismos especializados, mecanismos de coordinación institucional, participación de la sociedad civil y transparencia y acceso a la información. Este documento recoge la visión de profesionales del derecho dedicados a la práctica anticorrupción en diversos sectores, incluidas firmas de abogados, empresas, academia, organizaciones de la sociedad civil, defensores de derechos humanos, entre otros.

La región latinoamericana es muy diversa en cuanto a los esfuerzos anticorrupción en los tres ejes analizados. A la vez, varios países de la región comparten retos y realidades muy similares. Esta diversidad de realidades, dota a la región de la posibilidad de impulsar agendas compartidas para generar un diálogo sustantivo sobre intercambio de experiencias, buenas y malas prácticas, así como de oportunidades de apoyo y colaboración.

Dentro de los aspectos destacados a manera de análisis regional, se desprende que los esfuerzos para combatir la corrupción en la región son insuficientes, particularmente porque las autoridades no son independientes y no tienen la capacidad de implementar la legislación existente. Además, destacan las siguientes consideraciones:

• La información demuestra que en la mayoría de los países de la región ha habido esfuerzos para actualizar el marco jurídico anticorrupción, sin embargo, esto no tiene efectos si los esfuerzos no van enfocados también al fortalecimiento institucional y altos estándares para la implementación de las normas. Los esfuerzos legislativos en materia anticorrupción por si solos, no son suficientes. Los países que destacan en la calificación de legislación (México y Perú) tienen calificaciones bajas para las categorías de autoridades y de implementación, evidenciando que la existencia de legislación no es suficiente si no hay autoridades independientes y capaces que puedan implementar esta legislación.
• Es interesante observar que en Uruguay y Chile, los dos países mejores calificados en autoridades e implementación, no son los países que cuentan con el marco jurídico más robusto para combatir la corrupción. Esto no quiere decir que la legislación no sea importante, sino que no es suficiente por si mismo. Uruguay y Chile califican a sus instituciones como independientes y capaces.
• En una mayoría de los países analizados la comunidad jurídica consultada identificó la falta de voluntad política como uno de los retos para los esfuerzos anticorrupción, incluyendo dotar a instituciones de independencia material y de recursos suficientes. En algunos casos esto se debe que se quiere mantener el status quo sin mejorar, pero en otros incluso ha habido políticas regresivas de esfuerzos que ya existían. La voluntad, o falta de voluntad, ha llevado a hacer inexistentes esfuerzos anticorrupción en países como Venezuela. De igual manera, es preocupante ver la tendencia de algunos países en donde se desgasta el Estado de derecho rápidamente como Guatemala o El Salvador.
• En términos generales, los marcos jurídicos están dirigidos a sancionar actos de corrupción, más que a establecer mecanismos efectivos para prevenir la corrupción en los sectores públicos y privados. La comunidad jurídica consultada identifica que la mayoría de los mecanismos de prevención en el sector público están creados formalmente, pero son deficientes y no son efectivos.
• En la mayoría de los países, las normas para la prevención de la corrupción referentes al sector público están enfocadas al poder ejecutivo, y no existen obligaciones correlativas en otros poderes como el legislativo y judicial.
• En la mayoría de los países latinoamericanos, las normas que sancionan los actos de corrupción están concentradas en el derecho penal, y una menor regulación al respecto se orienta hacia el derecho administrativo y al derecho civil, particularmente por cuanto hace a la posibilidad de reparar los daños como consecuencias de actos de corrupción.
• En el ámbito del sector privado, la mayoría de la regulación para prevenir la corrupción es insuficiente, habiendo, incluso, países que todavía no cuentan con la misma. La comunidad jurídica consultada identificó de manera particular la falta de especificidad y de guías para su cumplimiento y verificación, adicional a la falta de entendimiento de las autoridades sobre la importancia de contar con la misma y crear incentivos para una implementación eficaz.
• En la mayoría de los países donde existe la responsabilidad penal o administrativa de las personas jurídicas por actos de corrupción, la comunidad jurídica consultada no conoce investigaciones o sentencias sancionando actos de corrupción, destacando la falta de capacidad de autoridades para llevar a cabo las mismas de una manera efectiva.
• Hubo coincidencia en la región sobre la importancia de que el sector privado nacional e internacional, como agente de cambio importante, se involucre en esfuerzos para el combate a la corrupción, no solo mediante la prevención, sino mediante el apoyo y liderazgo de iniciativas para el avance de la agenda anticorrupción.
• En la mitad de los países analizados hay una falta o insuficiencia de los mecanismos de protección a denunciantes o alertadores existentes, que constituyen desincentivos para la denuncia de actos de corrupción. La comunidad jurídica consultada comentó la importancia de importar prácticas del sector privado al sector público.
• Un elemento común en la región es la falta de capacidad de instituciones de persecución penal y de impartición de justicia para ocuparse de casos de gran corrupción con esquemas financieros complejos, por una falta de entendimiento y capacitación.
• En algunos países es preocupante la falta de independencia de poderes o instituciones autónomas, particularmente poderes judiciales y ministerios públicos. Como factores para esta falta de independencia se identifican, además de la voluntad política, los mecanismos políticos y no basados en méritos para el nombramiento de fiscales y jueces, falta de recursos financieros y humanos, falta de capacitación, y falta de herramientas tecnológicas para ejecutar sus funciones. 
• En algunos de los países también se mencionó la falta de mecanismos de coordinación entre autoridades como uno de los obstáculos para la correcta implementación del marco jurídico. En algunos casos estos mecanismos no existen, y en otros, no se utilizan o son ineficaces.
• Respecto a la participación de la sociedad civil, en algunos países sigue sin existir el marco normativo formal para su participación en los esfuerzos de autoridades del Estado, y aun en los que sí existen, la comunidad jurídica consultada considera que siguen existiendo barreras para esta participación.  
• De forma preocupante en algunos países ha habido esfuerzos por cerrar el espacio cívico y evitar que OSC investiguen, descubran o denuncien actos de corrupción. En ocasiones, OSC han sido víctimas de ataques por parte de autoridades del Estado y se evidencia la falta de apoyo de la comunidad jurídica internacional a estos esfuerzos.
• En la región se ubican avances importantes en materia de acceso a la información como mecanismo importante para prevenir la corrupción en el sector público y en el sector privado.
• En todos los países analizados la comunidad jurídica consultada coincidió que las personas en situación de pobreza y en condiciones de vulnerabilidad son las más afectadas por la corrupción, haciendo evidente cómo la corrupción perpetúa la pobreza y aumenta la desigualdad. Si hay corrupción, hay un acceso desigual a programas públicos en materia de desarrollo social y salud, afectando el goce de derechos económicos y sociales, como un obstáculo para el desarrollo económico del país. 
• En ningún país se detectó como parte de la normatividad nacional un enfoque de derechos humanos para la atención de la corrupción. Los actos de corrupción no solo tienen consecuencias que vulneran derechos humanos, sino que la impunidad, por falta de investigación y sanción de estos actos pueden vulnerar también derechos humanos de las víctimas, sobre todo por una falta de reparación integral para las mismas.

El reporte finaliza con una serie de recomendaciones que son un llamado a la acción a la comunidad jurídica nacional e internacional para impulsar una serie de esfuerzos que permitan contar con un marco jurídico completo y moderno, así como voluntad política para que haya autoridades independientes y capaces que puedan implementar la ley de manera eficaz.

El informe está disponible aquí.   

* Jaime Chavez Alor es Director de Políticas Públicas para América Latina del Cyrus R. Vance Center for International Justice.

Imagen de portada: AP Photo / Moises Castillo