Retos en la atención a migrantes que se encuentran en México

Rita M. Robles Benítez*

De manera constante, tanto gobiernos como medios de comunicación, presentan a los procesos migratorios como una crisis y por lo tanto como un problema, pero esto no es necesariamente cierto. En México la migración ha estado presente a lo largo de su historia, tanto como país expulsor, como país receptor y de tránsito, la diferencia radica en la forma en que han sido atendidos los flujos migratorios en los distintos momentos. Tenemos distintos ejemplos que han resultado positivos tales como la protección que se hizo a los refugiados españoles,[1]chilenos, salvadoreños y guatemaltecos.[2]

En el caso de Guatemala y en Salvador, los acuerdos de paz no fueron suficientes para que las personas que en su momento fueron retornadas, encontraran condiciones para continuar viviendo en sus lugares de origen, razón por la que, tiempo después, volvieron a cruzar la frontera con México ya no como refugiados, si no como migrantes indocumentados. Las consecuencias de los conflictos armados en Centroamérica se siguen viviendo hoy en estos países; sumándose otras causales como pobreza, exclusión, desempleo, violencia de género, violencia derivada de los altos niveles de inseguridad que se viven sobre todo en Honduras, Guatemala y El Salvador.

Esto llevó a que, en la década de los noventas, los flujos de personas migrantes indocumentadas se incrementaran en México, sin embargo las autoridades poco han avanzado en la implementación de medidas y mecanismos que busquen la protección y garantía de sus derechos, debido a las distintas presiones políticas y económicas que Estados Unidos ha impuesto al país, así como a que históricamente se ha puesto mayor atención en la migración de personas mexicanas a ese país. A la migración centroamericana debemos sumar el flujo migratorio proveniente de Haití, sobre todo a partir de 2010 como consecuencia del terremoto que ese año azoto a la isla.[3]

Esta breve contextualización histórica, da idea de los distintos momentos y flujos migratorios que se han registrado en México. Brindar refugio no ha sido un grave problema para México, por el contrario, le permitió construir una imagen de país solidario a nivel internacional. El problema comienza cuando se califica a la migración como “económica” y por lo tanto se le considera “voluntaria” y no forzada. Esto lleva a la protección de los mercado nacionales de trabajo y a que las fronteras se cierren para las personas que emigran por esta razón, situación que empuja a construir toda una infraestructura para detener la migración indocumentada: construcción de centros de detención migratoria, construcción de instituciones encargadas de detectar, detener y deportar a las personas que ingresan sin documentos,  adquisición de tecnología que permita detectar el traslado clandestino de migrantes en autobuses u otros medios de transporte, compra de armas para fortalecer a policías locales e incluso al ejército para detener las migración.

El hecho de considerar a la migración como un problema, ha llevado a que nuestro país no se consideres un lugar de destino evitando con ello construir propuestas y soluciones respetuosas de derechos humanos y que además garanticen la protección internacional. Si bien a partir de la administración del expresidente Vicente Fox los retos de la migración centroamericana comienzan a nombrarse y desde entonces hasta la actual administración de Andrés Manuel López Obrador, es un tema que se ha colocado dentro de los objetivos y acciones de los Planes Nacionales de Desarrollo, lo cierto es que ha sido desde un enfoque de seguridad y no humanitario.[4]  

Asimismo, aunque se han tenido algunos avances como la aprobación de la Ley de Migración y su reglamento o de la Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo, además de haberse aprobado por primera vez en un gobierno (Peña Nieto) un Programa Especial de Migración (PEM), ligado al Plan Nacional de Desarrollo. Lo cierto es que  la presión de Estados Unidos[5] derivada de la “crisis” de niñas, niños y adolescentes (NNA) no acompañados que se registró en 2014, originó que el PEM no tuviera vigencia y en contraste se implementara el Programa Integral Frontera Sur (PIFS) fortaleciendo la estrategia de contención migratoria ligada a temas de seguridad, incluso regional.

Si bien la actual administración de Andrés López Obrador se comprometió a respetar los derechos humanos de las personas migrantes y a la par trabajar con Centroamérica en una estrategia que permitiera frenar las causas que propician la migración, en los hechos las acciones implementadas no son distintas a las realizadas por las administraciones anteriores. Además, la celebración del T-MEC y su ratificación por los gobiernos de Canadá y Estados Unidos, así como la amenaza de incremento de aranceles a las exportaciones mexicanas, influyeron de manera importante en la fijación de la política migratoria de López Obrador, de tal manera que, ante la presencia de caravanas de migrantes y la fuerte presión del gobierno de Donald Trump, México cedió a la firma del Acuerdo Migratorio con Estados Unidos, celebrado en junio de 2019.

Con este Acuerdo, el gobierno mexicano se comprometió a registrar y controlar las entradas en la frontera sur, así como a desplegar a la Guardia Nacional (GN) por todo el territorio y en especial en dicha frontera a la que fueron enviados 6 mil elementos de la GN, dando prioridad a 11 de los 23 municipios que conforman esta región fronteriza.  Asimismo, se estableció que aquellas personas que crucen la frontera sur de Estados Unidos para solicitar asilo, serán retornadas a México, en donde tendrán que esperar la resolución de sus solicitudes.[6]  Esta situación generó una gran presión tanto en la frontera norte, como en la frontera sur de México, sobre todo si consideramos que las ciudades fronterizas, particularmente en el sur, no cuentan con infraestructura suficiente para permitir que tanto personas migrantes como refugiadas, puedan pensar y desarrollar proyectos además de los distintos obstáculos que existen para acceder a derechos como vivienda, educación, salud y trabajo, incluso para las personas locales. 

Aunado a lo anterior, el 19 de septiembre de 2019, se publicó en el Diario Oficial, el Decreto por el que se crea la Comisión Intersecretarial de Atención Integral en Materia Migratoria, la cual dependerá de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y que tendrá por objeto fungir como instancia de coordinación de las políticas, programas y acciones que las dependencias, órganos administrativos desconcentrados y entidades de la Administración Pública Federal tienen en materia migratoria. Con esta acción la SRE, al margen de sus competencias, comenzó a dirigir la política migratoria del país desplazando a la Secretaría de Gobernación, hecho que en la práctica se ha traducido en desacuerdos y tensiones entre ambas dependencias, afectando con ello la protección de las personas migrantes, solicitantes de asilo y refugiadas que se encuentran en el país.

En conclusión, los retos que México tiene frente a la migración centroamericana y recientemente frente a la haitiana, son los siguientes:

  1. La alta influencia que tiene Estados Unidos en la política migratoria (económica y de seguridad) en México.
  2. Construir de manera soberana y autónoma la política migratoria mexicana basada en la protección de derechos humanos y no en un enfoque de seguridad nacional. 
  3. Diseñar e implementar programas de regularización migratoria de manera periódica, 
  4. Evitar  la construcción de cinturones geográficos de contención migratoria para permitir una distribución, a lo largo y ancho del país, de las distintas personas que logren su regularización o bien que hayan alcanzado el reconocimiento de refugiadas con base en su perfil y en la demanda de los mercados laborales locales.
  5. Fortalecer con presupuesto y personal a las procuradurías de protección a la infancia (estatales, municipales y federal), así como al Sistema DIF, con la finalidad de garantizar la debida protección de las niñas, niños y adolescentes, que solos o en compañía de sus familias, ingresan a México en busca de protección. 
  6. Fortalecer presupuestalmente y con personal a la COMAR, para agilizar los trámites de asilo que, debido al incremento de solicitudes, han presionado en los últimos meses a dicha dependencia generando una grave dilación en la resolución de los procedimientos de asilo.  
  7. Reconocer que la realidad de América Latina empuja a que se incrementen los flujos migratorios en la región, buscando una respuesta articulada no para reprimir, contener y criminalizar a la migración indocumentada y a las personas solicitantes de asilo, sino para buscar alternativas que garanticen protección y seguridad a quienes huyen. La cooperación internacional para combatir pobreza, desigualdad y las violencias de todo tipo, se vuelven fundamentales en este momento.

[1] México acogió a las personas refugiadas españolas, incluso antes de que a nivel internacional se creara el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), que surge en 1950 e incluso antes de la redacción de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados (1951).

[2] Este proceso generó importantes transformaciones institucionales en México, pues dió lugar a la constitución de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, creada mediante decreto presidencial en 1980 y que es un órgano desconcentrado encargado de conocer los trámites de asilo en el país.

[3] Al flujo de personas haitianas hay que agregar el flujo de personas provenientes de distintos países de África, así como de Venezuela, Cuba y Colombia. Según cifras recientes publicadas por Andrés Ramírez, titular de la COMAR, a través de su cuenta de Twitter, al final de septiembre, solicitaron asilo en México 31, 884 personas provenientes de Honduras, 26, 007 de Haití, 7, 683 de Cuba, 5, 170 de El Salvador, 4, 670 de Venezuela, 3, 591 de Chile, 3, 564 de Guatemala, 2, 460 de Nicaragua, 1,691 de Brasil y 907 de Colomabia. Ver @AndresRSilva, 01 de octubre de 2021. 

[4] Esta situación ha influido para que incluso, a nivel institucional, se coloque a las personas migrantes como una amenaza, mucho más cuando, mediante caravanas o éxodos, irrumpen la frontera sur del país y por tanto la soberanía nacional, en busca de protección.

[5] Cabe señalar que el gobierno de Obama solicitó al congreso de Estados Unidos, la transferencia de 86 millones de dólares de la Iniciativa Mérida para fortalecer el PIFS, que fueron utilizados por el gobierno de Peña Nieto para capacitar a los elementos de seguridad que patrullaban la  frontera sur de México,  así como en la entrega de equipos de comunicación y aparatos de inspección no intrusiva tales como vehículos equipados con rayos X, escáneres y rayos gamma para detectar armas, drogas, explosivos, dinero ilícito y productos de contrabando, en autobuses, camiones y coches particulares. Excélsior. EU plantea apoyo de 86 mmd de Iniciativa Mérida a tema migratorio, 13 de julio de 2017. Ver en: http://www.excelsior.com.mx/nacional/2014/07/13/970695

[6] La falta de jueces en Estados Unidos, obstaculizó  seriamente el trámite de asilo. Según datos de la Universidad Syracuse, el proceso puede durar hasta dos años en resolverse, lo llevó a que en 2019 se acumularan por lo menos 700 mil casos. El Mundo. Las cuatro claves del acuerdo migratorio entre México y EEUU, 08 de junio de 2019, Disponible en: https://www.elmundo.es/internacional/2019/06/08/5cfbf4bbfc6c839d068b4601.html

* Abogada y defensora de derechos humanos en Alianza Américas.

Imagen: AP Photo/Sandra Sebastian

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Este es un espacio de la Fundación para el Debido Proceso (DPLF, por sus siglas en inglés) en el que también colaboran las personas y organizaciones comprometidas con la vigencia de los derechos humanos en el continente americano. Aquí encontrará información y análisis sobre los principales debates y sucesos relacionados con la promoción del Estado de Derecho, los derechos humanos, la independencia judicial y el fortalecimiento de la democracia en América Latina. Este blog refleja las opiniones personales de los autores en sus capacidades individuales. Las publicaciones no representan necesariamente a las posiciones institucionales de DPLF o los integrantes de su junta directiva. / This blog is managed by the Due Process of Law Foundation (DPLF) and contains content written by people and organizations that are committed to the protection of human rights in Latin America. This space provides information and analysis on current debates and events regarding the rule of law, human rights, judicial independence, and the strengthening of democracy in the region. The blog reflects the personal views of the individual authors, in their individual capacities. Blog posts do not necessarily represent the institutional positions of DPLF or its board.

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