Bitcoin y ciudadanía: ¿en dónde quedó la participación?

Wilson Sandoval*

Mucho se ha venido hablando del bitcoin en El Salvador. Por una parte, el Ejecutivo que controla el “poder de agenda” ha posicionado el tema desde la perspectiva “ganadora” que genera bienestar económico de la población y de “libertad e inclusión” que la ciudadanía puede tener frente a la banca tradicional, al punto de que el mismo presidente de la República se encarga desde sus redes sociales de exponer constantemente las “bondades” del activo virtual. Por otra parte, las organizaciones de la sociedad civil, la academia e incluso organismos multilaterales también han generado debate y cuestionamiento en torno al tema, especialmente en lo que respecta a los riesgos que puede implicar el uso del bitcoin gracias a su gran volatilidad, así como de las amenazas en relación con el lavado de activos y financiamiento del terrorismo. 

Sin embargo, más allá de continuar con los enfoques previos -centrados en el apartado económico y de gestión de riesgos del activo-, es importante hacer destacar un elemento que ha tenido poca cabida en la discusión que orbita el bitcoin: el proceso de formación de ley. Al revisar cual fue el proceso seguido para introducir a la denominada “Ley Bitcoin” en el sistema jurídico salvadoreño, es posible identificar ciertos aspectos que evidencian no solo la violación a diferentes principios que deben converger para garantizar la cabida del pluralismo de la sociedad en la aprobación de una ley, sino que también la supresión de la participación ciudadana de cara a una ley que implica un impacto directo en la economía salvadoreña y por consecuencia en la calidad de vida de las y los salvadoreños.

Por ejemplo, la normativa fue discutida alrededor de 85 minutos en la Comisión Financiera y bastaron no más de 5 horas para su aprobación en el pleno de la Asamblea Legislativa utilizando la figura de “dispensa de trámites” para literalmente aprobar en un “madrugón” la norma, únicamente basados en una discusión no mayor a la de un partido de fútbol jugado por la selección salvadoreña a la misma hora y día que se introdujo la iniciativa de ley, cuestión que muy bien destaca, el medio independiente El Faro, a manera de contraste. Frente a este aspecto, es necesario traer a colación algunos puntos que se violaron y que eran necesarios para garantizar que se siga el debido proceso de formación de ley y por ende el principio democrático, que puede entenderse como aquel que deriva la disciplina necesaria para cumplir con los supuestos de representación democrática, entre estos el respeto por el procedimiento de formación de ley[1].    

Ya la Sala de lo Constitucional ha definido en su jurisprudencia cuales son los principios que deben seguirse con la finalidad respetar el debido proceso y garantizar la cabida de la pluralidad de la sociedad, así como el principio democrático. En ese sentido se tienen al menos cuatro principios a saber: (i) el principio de representación; (ii) el principio de deliberación; (iii) la regla de las mayorías para la adopción de las decisiones; y (iv) la publicidad de los actos.[2] El desarrollo de estos principios implican garantizar el debate, la transparencia, la contradicción y la toma de decisiones en el contexto del desarrollo de las facultades de la Asamblea Legislativa. Por lo tanto, la inobservancia de los principios mencionados en la aprobación de una ley, producen como consecuencia inevitable la existencia de vicios en la formación de la ley, situación que afecta a la validez de la decisión que en definitiva se adopte, independientemente de su contenido. 

Al realizar el ejercicio de contrastar la Ley Bitcoin a la luz de los principios mencionados, en primer lugar, es pertinente aseverar que el principio de deliberación no tuvo mayor desarrollo en la noche del 8 de junio. Dicho principio sostiene que “la voluntad parlamentaria únicamente puede formarse por medio del debate y la contradicción; o sea que las soluciones o los compromisos que se adopten deben ser producto de la discusión de las diferentes opciones políticas. De lo anterior se deduce la necesidad que la intervención de los distintos grupos parlamentarios, reflejados en los trabajos de las respectivas comisiones y en las discusiones en el pleno, se garantice por medio de los principios democrático, pluralista, de publicidad, de contradicción y libre debate, bajo el imperio de la seguridad jurídica”[3].

Lo anterior implica que tanto el trabajo de la Comisión Financiera, así como la discusión en el Pleno Legislativo eran indispensables para la aprobación de la Ley Bitcoin. Sin embargo, a tenor de la evidencia no solo es posible determinar que la discusión en la Comisión fue nula –no hay evidencia de acta de discusión ni análisis del anteproyecto, no existe estudios financieros, proyecciones financieras o cualquier otro documento que ampare el estudio exhaustivo para garantizar el bien general de la nación– sino que también se aprobó un dictamen sin mayores fundamentos técnicos. Así, el dictamen número 3 del 8 de junio de 2021, únicamente contiene 3 páginas en las cuales se describen “ventajas” para el crecimiento económico de El Salvador, basados en conceptos como “moneda global” “moneda divisible” y “transacciones en tiempo real”, que lejos están de considerarse como un análisis certero de las implicaciones del bitcoin entre estas los riesgos para la población debidamente documentados por organismos especializados como el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI)[4].

En segundo lugar, a lo anterior debe sumarse la ya mencionada dispensa de trámite. Según la misma jurisprudencia de la Sala de lo Constitucional, la dispensa tiene cabida frente a una urgencia fundamentada, es decir, demostrable y justificada[5]. Así la dispensa debió contar con una urgencia objetivamente demostrable, pero de la cual no hay evidencia alguna, de que en el Pleno Legislativo haya existido una discusión que verse sobre la aprobación de la dispensa. A partir de lo anterior es posible arribar a la conclusión de que la Ley Bitcoin no solo puede ser inconstitucional por los vicios ya mencionados, sino que, puede ser una completa amenaza a la calidad de vida de la ciudadanía al no encontrarse evidencia que permita arribar a que las “bondades” que el Ejecutivo se esfuerza en posicionar, realmente sean viables o potables. 

Pero también, más allá de la cuestión del mero proceso de formación de ley, hay aspectos objetivos a considerar, entre estos la intervención pública intencionada desde el Ejecutivo sobre la realidad social salvadoreña. Después de todo, la introducción del bitcoin parte una mera decisión del Ejecutivo en materia económica la cual desde las ciencias políticas puede entenderse como “política pública”[6]. Si analizamos esta decisión, podemos también traer a colación la ausencia de participación ciudadana en todo sentido, puesto que no existió ejercicio previo que diera paso a entablar un diálogo con grupos afectados ya sea en forma positiva o negativamente (Empresarios, pymes, bancos, cajas de crédito, etc.) o con grupos con capacidad técnica tales como la académica, organismos internacionales o multilaterales (Fondo Monetario, Banco Mundial, etc.)

En tal sentido, ¿cuál es la probabilidad de que esta política pública amparada en un instrumento normativo con vicios y sin mayor participación ciudadana pueda tener éxito para el colectivo?  Debidamente estudiado está por las ciencias políticas, que la no inclusión de actores claves –en especial los posiblemente afectados– puede representar un enorme riesgo, disminuyendo sustancialmente cualquier posible éxito.[7] En resumen: la Ley Bitcoin no solo no pasaría un examen constitucional frente a una Corte Suprema de Justicia independiente y parece únicamente sostenerse a la fecha en los esfuerzos de la maquinaría comunicacional del Ejecutivo salvadoreño que intenta legitimar la decisión frente a  la opinión de los ciudadanos que piensan (67 de cada 100 encuestados) que la ley debería ser derogada[8]. Así, la participación ciudadana es la gran ausente de este experimento económico. 


[1] Sentencia de Inc. 67-2014.

[2] Sentencia de Inc. 11-2010; Sentencia de Inc. 67-2014.

[3] Sentencia de Inc. 30-VI-1999, Inc. 8-96.

[4] El GAFI hizo del conocimiento público en el año 2019 el informe “Activos Virtuales: Señales de alerta del Financiamiento del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo”. 

[5] Auto de Inc. 15-2011

[6] De acuerdo con Boneti (2017) y Correa (2018), la intervención en una realidad social por parte del Estado puede definirse como una “política pública”.

[7] De acuerdo con la CEPAL (2018) y la Carta Iberoamericana de Participación Ciudadana en la Gestión Pública (2009), la participación ciudadana en el proceso de formulación de una política pública conlleva un sentido de democratización de la decisión pública y aumenta la legitimación y efectividad de esta. 

[8] Según encuesta del Instituto de Opinión Pública de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas UCA. 

* Coordinador del Centro de Asesoría Legal Anticorrupción de la Fundación Nacional para el Desarrollo (FUNDE).

Imagen: AP Photo/Salvador Meléndez

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