A mitad del camino: el gobierno de AMLO y los derechos indígenas en México

Rodrigo Llanes Salazar*

En la primera mitad de su gobierno, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (o AMLO, como es conocido) prometió una nueva relación entre el Estado mexicano y los pueblos indígenas del país. Como parte de esta nueva relación, en su toma de protesta como mandatario, AMLO fue el primer presidente mexicano en recibir el bastón de mando por parte de actores políticos indígenas. El gobierno de AMLO transformó la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas en el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), nombrando como director a un especialista en derechos de los pueblos indígenas, Adelfo Regino Montes, y anunció una nueva reforma constitucional que incorporaría los Acuerdos de San Andrés, esto es, los acuerdos a los que llegaron el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) y el Estado Mexicano en 1996 para reconocer la autonomía de los pueblos indígenas, entre otros derechos.

            Usando la historia patria como recurso político, AMLO ha llamado a su gobierno la “Cuarta Transformación” (4T) de México, siendo las primeras tres la Independencia -el fin de la Colonia-, la Reforma -con la separación entre Estado e Iglesia- y la Revolución -y sus principios de justicia social. Para AMLO, la 4T significa el fin del neoliberalismo y de la corrupción política. En este marco, el gobierno de AMLO ha apostado por ambiciosas políticas sociales que se han traducido en crecientes pensiones para adultos mayores, becas para estudiantes pobres, así como para productores del campo a través del programa “Sembrando Vida”.

            Como parte de sus constantes referencias a la historia de México, en el 2018 AMLO solicitó al Rey de España que pidiera disculpas a los pueblos indígenas de México por el colonialismo y las violaciones de lo que hoy llamamos derechos humanos. En el 2021, a 500 años de la Caída de Tenochtitlán y a la mitad del camino de su período de gobierno, AMLO pidió disculpas al pueblo maya de la Península de Yucatán por la Guerra de Castas en la segunda mitad del siglo XIX, así como al pueblo Yaqui de Sonora por la violencia perpetrada durante el gobierno dictatorial de Porfirio Díaz a finales del siglo XIX e inicios del XX. También en el 2021 se conformó la Comisión de Justicia para el Pueblo Yaqui, presidida por el propio AMLO.

            Junto a un nuevo Instituto para los pueblos indígenas y una nueva propuesta de reforma constitucional, ambiciosos programas sociales y actos simbólicos que reconocen a los pueblos indígenas actuales como víctimas del colonialismo, el gobierno de AMLO ha promovido grandes proyectos de desarrollo o “megaproyectos” que, desde su perspectiva, saldarían la deuda del Estado mexicano con la situación de abandono, pobreza y marginación de los pueblos indígenas, particularmente del sur de México: el Tren Maya, el Corredor Transítsmico y, más al norte, el Proyecto Integral Morelos.

Aunque es verdad que el gobierno de la 4T ha apostado como nunca por los programas sociales con una perspectiva de justicia social, que ha aumentado el salario mínimo y defendido reformas laborales que protegen más a las y los trabajadores y que, en contraste con gobiernos anteriores, ha actuado con mayor austeridad, a la vez y en muchos sentidos el gobierno de AMLO continúa con una perspectiva nacionalista y estatista, no libre de elementos neoliberales y neoextractivos, en ámbitos como el de los derechos humanos y recursos naturales.

Como ha observado el antropólogo Claudio Lomnitz, “AMLO imagina desarrollar al país como lo imaginaron antes [los presidentes Luis] Echeverría o [Adolfo] Ruiz Cortines. Por eso fantasea con un Tren Maya, para desarrollar a México desde adentro”. Este tiempo nacional está fuera de sincronía con un tiempo global marcado por la emergencia climática y por las demandas de hacer efectivos los derechos humanos reconocidos en tratados internacionales. Desde la mirada nacionalista y estatista, AMLO defiende a capa y espada proyectos como el Tren Maya, a pesar de las observaciones y críticas de activistas y organizaciones indígenas, de personas y organizaciones defensoras de derechos humanos, así como de especialistas en materia ambiental y de derechos humanos.

            Estas críticas han señalado los posibles impactos ambientales del Tren Maya, la celebración de una “consulta” que no cumplió con los estándares internacionales de este derecho, problemas en transparencia y acceso a la información, desplazamiento de personas y afectaciones a la vivienda, que el Ejército Mexicano sea la entidad encargada del proyecto en determinados tramos, entre otros problemas.

            Para AMLO, las críticas anteriores no provienen del “pueblo”, un pueblo que él siempre considera “noble” y “bueno”, sino de intelectuales, organizaciones no gubernamentales y de fundaciones internacionales a quienes se ha encargado de estigmatizar, señalando que sus intereses son contrarios al desarrollo de México. Ciertamente, la abrumadora mayoría de las personas que participaron en la consulta sobre el Tren Maya, realizada entre noviembre y diciembre de 2019, aceptaron el proyecto. También es verdad que la mayoría de los participantes eran autoridades municipales y ejidales y que, como han señalado la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y observadores civiles, estas autoridades no necesariamente son representativas de las comunidades indígenas de la región. Tampoco hubo información suficiente sobre los posibles impactos ambientales y en derechos humanos para que las personas que participaron tomaran una decisión informada.

            A la mitad de su gobierno, AMLO cuenta con una enorme aprobación por parte de la ciudadanía mexicana, de entre el 61 al 83 por ciento dependiendo de la encuesta. No obstante, la situación de los pueblos indígenas y de sus derechos no parece estar a la altura de la aprobación que el Presidente goza entre la población mexicana. A pesar de los programas sociales del gobierno de la 4T, la pobreza en México creció del 41.9 por ciento de la población en 2018 a 43.9 por ciento en 2020. En el mismo período, la pobreza extrema aumentó del 7 al 8.5 por ciento y tres carencias sociales evaluadas por el Estado mexicano también incrementaron: el acceso a la salud, a la alimentación y a la educación.

Aunque AMLO atribuye esta situación a la crisis de salud y económica provocada por la pandemia de Covid-19, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, el organismo que mide la pobreza en México, ha diagnosticado que “los Programas Integrales de Bienestar analizados no atienden en su totalidad los riesgos que enfrentan las personas. Si bien existe una clara intención del Gobierno Federal para construir un sistema de bienestar universal, los programas que lo conforman han tendido a enfocarse en las transferencias directas de apoyos económicos más que en la prevención, mitigación y atención de los riesgos que limitan el acceso a derechos”.

            Si nos atenemos al presupuesto para 2022, todo parece indicar que la segunda mitad del gobierno de AMLO continuará con las tendencias de la primera mitad. Como ha señalado la economista Viri Ríos, el presupuesto para 2022 del gobierno federal se ha enfocado en las pensiones para adultos mayores, rubro en el que se gastará el 20,2 por ciento del presupuesto total. En plena austeridad republicana, otro de los notables aumentos está dirigido a la empresa paraestatal Petróleos Mexicanos (PEMEX). Asimismo, AMLO ha reiterado en el final de su más reciente libro, A la mitad del camino, que sus próximas prioridades son la autosuficiencia energética —basada principalmente en combustibles fósiles— y proyectos para el sur del país.

            Por otra parte, aunque la nueva iniciativa de reforma constitucional en materia de derechos indígenas reivindica los Acuerdos de San Andrés y promete garantizar derechos colectivos, como el reconocimiento de los pueblos indígenas como sujetos de derecho público, la libre determinación y la autonomía, diversos estudios sobre reformas en materia de derechos indígenas han documentado que dichas modificaciones a la ley resultan insuficientes si no se transforman las condiciones materiales de vida de las comunidades y pueblos. En el caso de México, muchas de estas comunidades sufren no solo de una creciente pobreza, sino también de condiciones de violencia y otras injusticias. Como apunta la lingüista mixe Yásnaya Elena Aguilar Gil, “al parecer, el ejercicio autonómico sólo interesa cuando éste no afecta la construcción de megaproyectos estatales”.

         En estos escenarios de pobreza, desigualdad, violencia y despojo de recursos naturales, los actos de perdón de AMLO resultan también insuficientes. El EZLN lo ha expresado con palabras contundentes: “Ya basta de jugar con el pasado lejano para justificar con demagogia e hipocresía, los crímenes actuales y en curso”.

         Hacia la segunda mitad del gobierno de AMLO, las reformas institucionales —administrativas y legales— deben ser coherentes con las acciones políticas: no se puede reconocer derechos de libre determinación y autonomía solo a los actores políticos que simpatizan con la 4T, aquellos a quienes Rosamel Millamán y Charles Hale han llamado “indios permitidos”. El caso de la consulta previa puede ser un botón de muestra de lo anterior. Este derecho se ha convertido en uno de los símbolos dominantes de los derechos de los pueblos indígenas en la era neoliberal, es decir, en un símbolo que condensa significados dispares e incluso contradictorios: mientras que para algunas consultorías privadas “consulta” puede ser sinónimo de “gestión” o “negociación” entre comunidades, empresas y Estado; para activistas y organizaciones indígenas y de derechos humanos, “consulta” suele ser un medio para el ejercicio de la libre determinación o para la defensa del territorio.

         Diversos estudios e informes han documentado que las consultas realizadas en México no han cumplido con los estándares internacionales en la materia. Este derecho se encuentra en una posición ambivalente durante el gobierno de la 4T. Por un lado, AMLO ha reivindicado la consulta popular para la toma de diversas decisiones; por otro, consultas como las de la creación del INPI, el Tren Maya o la reforma constitucional siguen sin cumplir los estándares internacionales: suelen ser procesos delimitados a uno o dos eventos, los protocolos de consulta son diseñados por el Estado sin la participación de las comunidades consultadas, no se brinda información técnica independiente y suficiente para tomar una decisión y las autoridades han ejercido presión para que las medidas propuestas sean aprobadas.

         Asimismo, mientras que la pandemia de Covid-19 se ha utilizado como excusa para no hacer efectivo el derecho a la consulta previa en algunas comunidades —como las tzeltales en Chiapas—, la contingencia sanitaria no ha sido pretexto para evitar la celebración de la consulta sobre la elaboración de una ley de consulta previa, un acto que ha sido cuestionado por organizaciones indígenas y de derechos humanos debido a las limitaciones y peligros que implica la regulación de dicho derecho.

         La realización de consultas previas sin apego a los estándares internacionales y la tendencia de que los tribunales acepten dichos procesos como válidos —como en el caso de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) con la aprobación de la consulta a la comunidad de Juchitán sobre un parque eólico, a pesar que organizaciones documentaron la violación de los estándares internacionales— han provocado un sentido de agotamiento de la reivindicación del derecho a la consulta entre organizaciones indígenas y de derechos humanos. Cada vez resulta más claro para dichas organizaciones que la exigencia central es el derecho a la libre determinación en sus diversas expresiones, como el autogobierno, la celebración de autoconsultas, la elaboración de protocolos comunitarios, la gestión del presupuesto y de recursos naturales, entre otras.

         La nueva relación entre el Estado y los pueblos indígenas no puede sostenerse únicamente sobre programas sociales y solicitudes de perdón por agravios del pasado lejano; tampoco con el legítimo reconocimiento efectivo de los derechos colectivos a ciertos actores indígenas, excluyendo a otros. Para construir una nueva relación, el gobierno de AMLO debe trascender la visión nacionalista en la que el Estado decide por los pueblos indígenas, cumplir con los compromisos internacionales que el Estado Mexicano ha contraído en materia de derechos humanos —destacando los derechos a la libre determinación, al territorio y a un medio ambiente sano— y, sobre todo, reconocer y respetar la diversidad de manifestaciones culturales y políticas de las comunidades y pueblos indígenas de México.


* Investigador del Centro Peninsular en Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México

Imagen: Gobierno de México.

Acerca de Justicia en las Américas

Este es un espacio de la Fundación para el Debido Proceso (DPLF, por sus siglas en inglés) en el que también colaboran las personas y organizaciones comprometidas con la vigencia de los derechos humanos en el continente americano. Aquí encontrará información y análisis sobre los principales debates y sucesos relacionados con la promoción del Estado de Derecho, los derechos humanos, la independencia judicial y el fortalecimiento de la democracia en América Latina. Este blog refleja las opiniones personales de los autores en sus capacidades individuales. Las publicaciones no representan necesariamente a las posiciones institucionales de DPLF o los integrantes de su junta directiva. / This blog is managed by the Due Process of Law Foundation (DPLF) and contains content written by people and organizations that are committed to the protection of human rights in Latin America. This space provides information and analysis on current debates and events regarding the rule of law, human rights, judicial independence, and the strengthening of democracy in the region. The blog reflects the personal views of the individual authors, in their individual capacities. Blog posts do not necessarily represent the institutional positions of DPLF or its board.

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