Jueces honestos frente a la corrupción sistemática

Claudia Escobar Mejía*

El comportamiento de un funcionario que ejerce la judicatura debiera caracterizarse siempre por su integridad, honorabilidad e imparcialidad. Lamentablemente, no siempre sucede de esa forma; algunas veces el actuar del juzgador depende de las circunstancias y de las garantías de independencia, autonomía y seguridad personal con que cuenta para ejercer su función. Ya que no es lo mismo ser juez en Francia, Canadá o Costa Rica que serlo en Venezuela, Guatemala o en Ucrania.

En los países con una sólida cultura democrática, en la que se respeta el Estado de Derecho, prevalece la legalidad y la justicia está al servicio de los ciudadanos. Allí los funcionarios gozan de entereza moral y defienden los derechos frente a cualquier intento de abuso de poder. Nadie pone en duda que los fallos judiciales se dictan con absoluta imparcialidad, de acuerdo con lo que establece la ley, por lo que las resoluciones -al estar firmes- se respetan.

En otros Estados más débiles, que se reconocen formalmente como repúblicas y tienen un marco normativo e institucional que les respalda, no siempre se respeta la ley. Algunas son democracias jóvenes con instituciones incipientes o frágiles, o países que han tenido una historia marcada por conflictos armados y dictaduras. En estos países los sectores políticos tienen una fuerte influencia sobre la justicia y los jueces honestos deben luchar constantemente por hacer valer su independencia.

También existen lugares en donde los líderes autoritarios abiertamente han roto con los principios democráticos y no existe rasgo alguno de separación de poderes. Se les reconoce como dictaduras, estados fallidos o narco-estados, por la influencia del crimen organizado en sus instituciones. En América Latina, tenemos varios estados que pueden ser clasificados en esa categoría. En ellos el poder judicial está supeditado totalmente al poder político. Allí los jueces son títeres del tirano de turno.

Algunos países, sin caer en esta última categoría, tienen una estructura organizacional que facilita la corrupción. Se trata de Estados donde los partidos políticos están organizados para aprovecharse de la debilidad institucional y enriquecerse a costa de los fondos públicos. En una cleptocracia, en donde la corrupción es sistemática, actuar correctamente es como nadar contra la corriente y mantener una postura ética tiene enormes costos para los funcionarios que no están dispuestos a dejarse corromper. Hay momentos críticos en los que la actitud que los funcionarios judiciales asuman es fundamental para definir sí el país logra encaminarse por la senda correcta y defender el Estado de Derecho o si termina de rodillas ante el crimen organizado.

En la década de los 90, un grupo de jueces y fiscales italianos que lideraron el movimiento Mani Pulite (manos limpias) develaron la enorme red de corrupción, sobornos, financiamiento de partidos políticos y la relación con las mafias. El caso conocido como Tangentopoli provocó que casi todos los miembros del Parlamento italiano fueran investigados y se disolvieran más de 400 ayuntamientos por cargos de corrupción. Bettino Craxi, ex primer ministro, prefirió huir a Tunes antes que enfrentar la justicia, mientras algunos políticos y empresarios optaron por suicidarse al ser vinculados a la investigación. Las pruebas demostraron que el valor estimado de los sobornos pagados por compañías italianas y extranjeras que ofertaron por grandes contratos gubernamentales alcanzó los 4 mil millones de dólares anuales.

Mas tarde los funcionarios judiciales italianos enfrentaron la furia de poderoso políticos y reconocidos empresarios que habían sido investigados por aprovecharse de sus posiciones para enriquecerse, a través del pago de enormes sumas de dinero en sobornos por la asignación de obras públicas. Ante la falta de argumentos para defenderse, muchos de los acusados intentaron desprestigiar a los funcionarios judiciales, incluso les acusaron de haber realizado un complot comunista para destruir la política italiana. Algunos de los funcionarios pagaron con su vida la osadía de señalar a los intocables, como el juez Giovanni Falcone, conocido por enfrentarse a la mafia siciliana, quien afirmaba que “aquél que guarda silencio y agacha la cabeza una vez muere cada vez que lo hace; el que habla con la verdad y mantiene la frente en alto muere una sola vez.”

El Poder Judicial colombiano también sufrió en carne propia las consecuencias de perseguir al poderoso narcotraficante Pablo Escobar y el cartel de Medellín. Durante los últimos años de la década del 80 y los primeros años de 1990 los criminales asesinaron a jueces, fiscales, investigadores, periodistas y cualquiera que se atreviera a impedir sus fechorías. Ser juzgador en un ambiente tan hostil, en donde el juzgador puede estar firmando su sentencia de muerte al resolver en contra de los grupos criminales, no es fácil. Ningún ser humano debiera de tener que enfrentarse a esa decisión.

El juez italiano Falcone, como los jueces colombianos que desafiaron a Pablo Escobar y al poderoso cartel de Medellín, no necesitaba de una capa de súper héroe que le blindara con súper poderes. A los jueces y fiscales honestos les basta la toga de la justicia y una sólida formación en valores y principios éticos para combatir a los criminales. Pero si no cuentan con el respaldo institucional que garantice su seguridad y respalde su actuar, corren el riesgo de ser víctimas de los grupos criminales. En Guatemala, quienes han estado al frente de los esfuerzos por modernizar la justicia han sufrido -constantemente- los ataques sistemáticos de las mafias. Hoy en medio de la crisis sanitaria generada por la pandemia del coronavirus, los ataques contra funcionarios judiciales han recrudecido. Porque hay que tener claro que “cuando se lucha contra la corrupción, la corrupción arremete de vuelta”.

Las redes de corrupción y el crimen organizado que por décadas han operado en Guatemala y en la región, no son muy distintas a la mafia italiana o al narcotráfico colombiano y utilizan los mismos métodos para intimidar o atacar a los funcionarios que se les opongan. Los calumnian, los relegan al ostracismo profesional, los acusan de pertenecer a grupos políticos (generalmente de izquierda) o atentan contra su integridad física; son varios los funcionarios que han sido asesinados al no ceder ante la corrupción. Además, los grupos criminales han aprendido a cooptar las instituciones de justicia, ya que es más fácil neutralizar a los jueces y fiscales honestos cuando el propio sistema de justicia está al servicio del mejor postor.

Por muchos años los guatemaltecos de bien han trabajado para fortalecer al sector justicia y han promovido iniciativas novedosas para luchar contra la delincuencia organizada y la corrupción sistemática. Una de ellas fue la creación de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala -CICIG- que por más de 10 años acompañó al Ministerio Público en la investigación de casos de alto impacto, que demostraron que la corrupción está enraizada en todas las instituciones y en todos los sectores del país. A través del trabajo conjunto se investigaron e identificaron más de 70 estructuras criminales de alta complejidad, que involucran a individuos muy poderosos. También se lograron algunas reformas legislativas y el diseño de políticas públicas para enfrentar la criminalidad. Pero una tarea aún pendiente es la reforma integral del Poder Judicial, que permita una verdadera independencia judicial.

Desde que se suscribieron los acuerdos de paz, al finalizar el conflicto armado interno a finales de los años 90, se han promovido cinco reformas a la Constitución, con énfasis en la modernización del sector justicia. Sin embargo, los esfuerzos han sido en vano porque los grupos criminales y sectores poderosos que quieren mantener el status quo no permiten cambios sustanciales. Sus alianzas les facultan a controlar el poder político, manejar a su antojo el poder judicial y lograr impunidad, salvo muy raras excepciones. Está ampliamente estudiado que, en donde las instituciones de justicia no cumplen con su función, los grupos involucrados en terrorismo, contrabando y narcotráfico prosperan y aumentan su poder.

Una de las mayores debilidades del sistema de justicia en Guatemala, es la carrera judicial y en especial la designación de magistrados en las altas cortes, que cada 5 años son electos por el Congreso de la República. Los nombramientos son un botín político, pues los aspirantes deben contar con la venia de los congresistas para poder ejercer su cargo. Un juez independiente, sin conexiones con los grupos de poder nunca será nombrado para las altas cortes. Los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), actualmente en el poder, fueron electos en el año 2014 bajo el compromiso de mantener intacto el manto de la impunidad para los congresistas de los partidos políticos más corruptos, muchos de los cuales también tiene vínculos directos con el crimen organizado internacional.[1] La Corte cumplió su compromiso a cabalidad, protegiendo a los políticos que gozan de antejuicio, impidiendo que sean juzgados por los graves delitos de corrupción de los que son señalados por el Ministerio Público.[2] En consecuencia algunos de los individuos más deshonestos continúan ejerciendo sus influencias desde el Congreso y tienen la posibilidad de elegir a los nuevos magistrados de la Corte Suprema y de Cortes de Apelaciones de todo el país.

La elección de la próxima Corte Suprema debió realizarse en octubre de 2019. Pero se retrasó debido a múltiples denuncias de irregularidades y está generando una de las peores crisis institucionales de los últimos años, la cual amenaza con debilitar a la Corte de Constitucionalidad (CC) y puso en evidencia la forma en que el crimen organizado incide en la designación de magistrados y magistradas de las altas cortes.

El tema de la elección de merece un análisis detallado por aparte, pero a grandes rasgos la crisis actual radica en que, según una investigación efectuada por el Ministerio Público, las listas de aspirantes a la magistratura para la Corte Suprema y Cortes de Apelaciones se elaboraron en contubernio con representantes del crimen organizado. Entre otros involucrados, un exsecretario presidencial, que enfrenta al menos 5 denuncias criminales por casos de gran corrupción y que recientemente fue incluido por el Departamento de Estado de los Estados Unidos, en una lista de personajes corruptos. Esto demuestra que hoy en día en Guatemala, la designación de magistrados en las altas cortes se decide por individuos involucrados en casos más graves de corrupción, por los capos del contrabando y por grupos de narcotráfico regional.

Para evitar una elección en esas circunstancias, la Fiscal General presentó un amparo ante la Corte de Constitucionalidad. Al dictar sentencia, la Corte ordenó al Congreso que, al elegir a los futuros magistrados, debe tomar en consideración los informes del Ministerio Público sobre los aspirantes a ocupar las magistraturas y establecer sí existen señalamientos que pongan en duda su idoneidad y honorabilidad.[3]

Como era de esperarse, la resolución no fue del agrado de los grupos de poder que pretendían colocar en las cortes a sus alfiles. Descaradamente manifiestan que la resolución de la CC es ilegal y que el Congreso no está obligado a respetarla. Además, a través del Instituto de Magistrados (organización dirigida por magistrados de apelaciones que buscan reelegirse) presentaron ante la Corte Suprema de Justicia una solicitud de antejuicio contra 4 de los 5 magistrados de la Corte de Constitucionalidad que suscribieron la sentencia, por considerar que es la decisión ilegal. La CSJ, sin demora, dio trámite a la solicitud dando paso a que el Congreso nombre una comisión pesquisidora para evaluar si es procedente levantar la garantía del antejuicio a los magistrados de la Corte y procesarlos penalmente. Ante estos hechos, el Procurador de los Derechos Humanos y otros ciudadanos presentaron una solicitud de amparo en contra de la resolución de la Corte Suprema que admitió el antejuicio. El ente encargado de resolver el amparo es la misma Corte de Constitucionalidad, ya que la ley le otorga competencia para conocer de los amparos planteados contra la Corte Suprema. La Corte decidió otorgar un amparo provisional para suspender el trámite del antejuicio.

Los grupos de poder que buscan destituir a los magistrados y magistradas de la Corte de Constitucionalidad y tomar control absoluto de las instituciones de justicia, también están iniciado denuncias espurias contra jueces, juezas y fiscales qué han abanderado la lucha contra la corrupción. Es necesario comprender que los ataques en contra de los operadores de justicia independientes atentan contra los cimientos del Estado de Derecho y la integridad del sistema de justicia. Por eso los guatemaltecos que anhelan vivir en un régimen de legalidad, tienen que manifestar su repudio a esos hechos e impedir que se destruya la institucionalidad.

Si se permite que las mafias incidan sobre la justicia se perderá toda credibilidad en la judicatura y muchas personas preferirán resolver sus problemas por sus propias manos, lo cual incrementará los niveles de conflictividad y violencia. Además, se sienta un mal precedente y otros funcionarios menos aguerridos evitarán enfrentarse a los grupos criminales y mirarán a otro lado cuando tengan que combatir la corrupción.

Este es un momento crítico para respaldar las decisiones de la Corte de Constitucionalidad y además exigir que el Congreso de Guatemala elija a personas íntegras, honorables y capaces a la magistratura, que estén comprometidas con la justicia y no con grupos de poder. También es importante apoyar a quienes de una u otra forma han trabajado y luchado para fortalecer la institucionalidad en nuestro país y que hoy están siendo perseguidos por las mafias.

Lograr sostener los avances que por años se han hecho para fortalecer la justicia, requiere un esfuerzo común entre distintos sectores interesados en combatir la corrupción, incluyendo a la comunidad internacional, pues los recursos con que cuenta el crimen organizado son significativamente más grandes que los que tienen quienes buscan que se cumpla la ley. Seamos creativos, busquemos formas de parar los ataques a la justicia y no cesemos en denunciar cualquier hecho que atente contra la institucionalidad del país.

 

*Investigadora y consultora en materia de justicia y corrupción

 

[1] La ex vicepresidenta del partido Patriota (gobernó de 2012-2015) tuvo que renunciar por múltiples señalamientos de corrupción, guarda prisión en Guatemala, mientras el Gobierno de Estados Unidos ha solicitado su extradición por apoyar al narcotráfico mexicano. El candidato presidencial del partido Líder, Manuel Baldizon fue detenido en la Florida y condenado por lavado de dinero en noviembre de 2019; en Guatemala se le vincula con el caso de Odebrecht. Mario Estrada, candidato presidencial de la Unidad del Cambio Nacional -tercera fuerza en el Congreso-, también fue condenado por crímenes de narcotráfico en Estados Unidos.

[2] El Ministerio Público es una de las pocas instituciones que se fortaleció con apoyo de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala, entidad que funcionó de 2007 a 2019, pero aún los avances que se lograron corren el riesgo de ser destruidos.

[3] Sentencia de la Corte de Constitucionalidad el 6 de mayo 2020, dictada dentro del Amparo número 1169-2020, presentado por la Fiscal General en contra del Congreso de la República de Guatemala.

Acerca de Justicia en las Américas

Este es un espacio de la Fundación para el Debido Proceso (DPLF, por sus siglas en inglés) en el que también colaboran las personas y organizaciones comprometidas con la vigencia de los derechos humanos en el continente americano. Aquí encontrará información y análisis sobre los principales debates y sucesos relacionados con la promoción del Estado de Derecho, los derechos humanos, la independencia judicial y el fortalecimiento de la democracia en América Latina. Este blog refleja las opiniones personales de los autores en sus capacidades individuales. Las publicaciones no representan necesariamente a las posiciones institucionales de DPLF o los integrantes de su junta directiva. / This blog is managed by the Due Process of Law Foundation (DPLF) and contains content written by people and organizations that are committed to the protection of human rights in Latin America. This space provides information and analysis on current debates and events regarding the rule of law, human rights, judicial independence, and the strengthening of democracy in the region. The blog reflects the personal views of the individual authors, in their individual capacities. Blog posts do not necessarily represent the institutional positions of DPLF or its board.

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