La violencia que no cesa, la protección que no alcanza

Jan Jarab

Artículo publicado originalmente en La Jornada

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Foto: AFP

En términos de seguridad de periodistas y defensores y defensoras de derechos humanos, los primeros cuatro meses de 2017 han sido escalofriantes: por lo menos seis asesinatos de periodistas, dos de activistas y dos escoltas de beneficiarios del mecanismo nacional de protección. Pero la pesadilla parece no tener fin. En los días recientes, en menos de una semana se suman dos nuevas víctimas: una protagonista del movimiento de familias de personas desaparecidas de Tamaulipas, Miriam Rodríguez, y el destacado periodista Javier Valdez en la capital de Sinaloa.

No son sólo dos estadísticas adicionales, sino dos seres humanos ejemplares, excepcionalmente valientes, con una trayectoria heroica. En su lucha por la verdad y la justicia, Miriam Rodríguez enfrentó la incapacidad del Estado de buscar a las personas desaparecidas e investigar. Y logró algo excepcional: no sólo encontrar los restos de su hija desaparecida, sino también identificar a los presuntos responsables y asegurar que fueran procesados. Miriam fue asesinada enfrente de su casa el Día de la Madres. Javier Valdez escribió sobre el poder del narco. En marzo tuiteó sobre el asesinato de Miroslava Breach, otra valiente periodista que investigaba los vínculos entre la delincuencia organizada y el poder político, asegurando que no se dejaría silenciar. Ayer unas balas silenciaron a Javier, casi enfrente de su oficina.

Si bien el asesinato de cualquier persona es condenable, el asesinato de quien defiende derechos humanos envía un terrible mensaje a quienes luchan por una sociedad mejor. De manera similar, el asesinato de un periodista no sólo afecta a su entorno más próximo, sino a la sociedad en su conjunto, pues acallándolo se viola el derecho de toda la sociedad a estar informada.

Además, los asesinatos de Miroslava Breach y Javier Valdez, ambos corresponsales de La Jornada, muestran que ser reconocido ya no es sinónimo de protección. Prueba de ello es que en 2011 Javier Valdez recibió el Premio Internacional de la Libertad de Prensa, otorgado por el prestigioso Comité para la Protección de Periodistas (CPJ). Por otra parte, a Isidro Baldenegro, defensor de los derechos de los pueblos indígenas, asesinado en enero pasado en Chihuahua, tampoco lo protegió el hecho de que había recibido el igualmente prestigioso Premio Goldman.

Las autoridades muchas veces atribuyen la responsabilidad de todos estos horrores simplemente al narco. Pero decir esto es una salida demasiado fácil, por tres razones:

Primero, porque, según los estándares internacionales, el Estado tiene el deber de proteger. En un país federal eso incluye ambos niveles: la federación y las entidades federativas. En lugar de responsabilizar cada uno al otro, ambos deberían desarrollar una política integral de protección; necesitan mostrar que realmente hacen todo lo posible para proteger a las personas amenazadas.

Segundo, porque existe una esfera de colusión entre autoridades y la delincuencia organizada, y porque en muchos casos los agentes del Estado cometen graves violaciones de derechos humanos. De hecho, cuando se trata de desapariciones, las familias nos han indicado que un alto porcentaje se trata de desapariciones propiamente forzadas, es decir, cometidas por agentes del Estado o por personas que actúan con su apoyo, autorización o aquiescencia. De manera similar, las organizaciones que se dedican a la protección de periodistas constatan que en muchos casos las amenazas vienen de agentes del Estado.

Y tercero, porque la enorme mayoría de los 126 asesinatos de periodistas cometidos entre 2000 y lo que va de 2017 –según la CNDH– han quedado impunes, así como las desapariciones. La Fiscalía para Delitos contra Libertad de Expresión ha sido, hasta la fecha, un ejemplo de ineficacia. El Estado es, sin ninguna duda, responsable por este círculo vicioso de impunidad. Si esto no cambia, todas las medidas de protección van a quedarse cortas y serán meros paliativos.

Después de esta nueva ola de asesinatos, es bastante probable que vamos a escuchar llamamientos para poner en marcha una política de mano dura contra el crimen organizado. Pero lo que se necesita no es mano dura. Lo que se necesita es un estado de derecho.

 

 

Jan Jarab, Representante en México de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos

About Justicia en las Américas

Este es un espacio de la Fundación para el Debido Proceso (DPLF, por sus siglas en inglés) en el que también colaboran las personas y organizaciones comprometidas con la vigencia de los derechos humanos en el continente americano. Aquí encontrará información y análisis sobre los principales debates y sucesos relacionados con la promoción del Estado de Derecho, los derechos humanos, la independencia judicial y el fortalecimiento de la democracia en América Latina. Este blog refleja las opiniones personales de los autores en sus capacidades individuales. Las publicaciones no representan necesariamente a las posiciones institucionales de DPLF o los integrantes de su junta directiva. / This blog is managed by the Due Process of Law Foundation (DPLF) and contains content written by people and organizations that are committed to the protection of human rights in Latin America. This space provides information and analysis on current debates and events regarding the rule of law, human rights, judicial independence, and the strengthening of democracy in the region. The blog reflects the personal views of the individual authors, in their individual capacities. Blog posts do not necessarily represent the institutional positions of DPLF or its board.

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