Autor: David Lovatón Palacios*

Todos, absolutamente todos los abogados y abogadas de América Latina aprendemos en las Escuelas de Derecho –bien o mal- la noción de “Estado de Derecho” que, en pocas palabras, es el imperio de la ley. Esta noción o idea es parte tanto de la tradición jurídica del common law como del civil law, aunque es evidente que en la primera tiene una impronta política y cultural mucho más antigua; la Carta Magna de 1215, Inglaterra. Mientras en el common law es conocido como “rule of law”, en la tradición europea continental lo es como “Estado de derecho”[1].

En el common law la expresión completa es en realidad “rule of law, not of men”, lo que en buen cristiano significaba que la ley –previamente establecida- era la que debía imperar y no la arbitrariedad de los hombres. Así, el imperio de la barbarie fue dando paso al imperio de la ley en las relaciones sociales, políticas y económicas. Ciertamente, éste fue un proceso histórico no lineal sino lleno de avances y retrocesos pero que, luego de más de 800 años en el common law y de más de 200 años en el civil law, es parte del consenso jurídico cultural contemporáneo… al menos en el plano formal en nuestro continente.

Mientras nuestras Constituciones, leyes y jurisprudencia pretenden regular las relaciones en la sociedad y en el Estado, teniendo como eje esta noción de “Estado de derecho”, en la realidad de América Latina -con excesiva frecuencia- suele suceder algo bastante distinto. La cultura del imperio de la ley ha sido históricamente–y es actualmente- sustituida por grandes cuotas de cinismo y demagogia; por la cultura de la corrupción, esto es, la cultura de cómo burlar o evadir la ley. Esto ha cavado una profunda distancia entre ley y realidad, que tiene sus raíces en nuestro pasado colonial.

Así, América Latina es pródiga en expresiones que revelan que el imperio de la ley se circunscribe más bien a un país de los textos o virtual y no al país real: “la ley se acata pero no se cumple”, “hecha la ley, hecha la trampa”, “para mis amigos todo, para mis enemigos la ley” (México), el “acriollamiento de las instituciones” (Colombia) o “justicia delivery” (Perú). Por ello, el argentino Alberto Binder postula que en América Latina asistimos a una suerte de “vigencia selectiva de la ley”; noción ciertamente distinta a la de “rule of law”.

Como bien sostuvo en su momento Guillermo O´Donnell, la noción de “Estado de derecho” es un artificio ideado por los hombres para tratar de limitar su tendencia atávica hacia el particularismo, esto es, a favorecer a los suyos (su familia, su partido político, sus empresas, etc.) Por ello, la corrupción es y será una compañera de viaje histórica del “rule of law”, inclusive en las democracias más avanzadas. En consecuencia, el problema principal a combatir es y será la impunidad, esto es, que la grave transgresión a la ley o la captura de lo público por intereses privados, no quede impune.

México no es la excepción a esta cultura jurídica de la corrupción, sino todo lo contrario. Setenta años de gobierno del PRI dejaron secuelas en el Estado y sociedad mexicanas: la noción de “Estado de derecho” es un bien escaso y se usa –como en la mayoría de nuestros países- sólo demagógicamente. Pero a partir de la tragedia de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa, se ha evidenciado en la opinión pública nacional e internacional un nuevo fantasma que amenaza con extenderse también por todo el continente: la captura de la estructura estatal –o de gran parte de ella, al menos a nivel local- por el crimen organizado.

Al respecto, trascendió a la prensa la preocupación del Papa Francisco –expresada a un amigo en una misiva- de que Argentina se “mexicanice” también. Esto es, que escale el poder del narcotráfico y erosione las instituciones democráticas y la seguridad ciudadana. Si bien esto generó un incidente diplomático entre el Vaticano y el Estado mexicano -que ya ha sido superado-, considero que el Papa dijo algo que muchos pensamos: México es un espejo terrible de lo que puede llegar a convertirse el poder del crimen organizado en países como Perú, Colombia, Argentina o algunos países centroaméricanos.

No se trata de ofender a México ni a los mexicanos –muy por el contrario, solidarizamos con ellos-, sino de ser conscientes de un gravísimo problema: no sólo es la corrupción la que envilece nuestros Estados y sociedades, sino que ahora el narcotráfico conspira gravemente en contra de nuestra frágil institucionalidad, en forma violenta y cada vez más pública. Es en este contexto que se han dado expresiones tan duras como las del cineasta mexicano y reciente ganador del Óscar 2014, Alejandro González Iñárritu: “Los gobiernos ya no son parte de la corrupción, el Estado es la corrupción”.[2]

Se dice que el primer paso para superar una enfermedad es reconocer que se la padece. Por ello, considero que aunque suene duro hay que decirlo como primer paso para comenzar a enfrentarlo. En la mayor parte de América Latina (tal vez Chile y Uruguay son una excepción), no rige el imperio de la ley, sino que históricamente ha regido –como regla general- la cultura de la evasión de la ley y de la corrupción y ahora amenaza con fuerza y violencia, el imperio del crimen. Con la ayuda de una amiga anglófona, creo haber logrado traducir sintéticamente al inglés esta dura realidad de nuestro continente: “instead of rule of law, we have rule of crime” (en lugar del Estado de derecho, tenemos el imperio del crimen).

*David Lovatón Palacios es profesor principal de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) y consultor de DPLF.

[1] En Alemania Estado de derecho es “Rechtsstaat”.

[2] http://mexico.cnn.com/entretenimiento/2015/03/08/el-estado-es-la-corrupcion-dice-gonzalez-inarritu-sobre-mexico